Los estrictos cierres comerciales ordenados por decreto del gobierno para desacelerar la propagación del COVID-19 tuvo un efecto nefasto en la lacerada economía de Puerto Rico, particularmente entre pequeños y medianos comerciantes (Pymes).

Así lo explicó el presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Jesús Vázquez Rivera, al concretar que de los 45,000 Pymes que se estima que hay en la isla, sobre 1,700 cerraron indefinidamente a causa de la crisis salubre del novel coronavirus.

“Las pérdidas en empleo sobrepasaron los 30,000 casos y la mitad de estos fueron en el área de ventas al detal.  Además, según los informes para diciembre las pérdidas en ventas al detal para el pequeño y mediano comerciante era de $2,500 millones... esos son números alarmantes”, sostuvo el propietario de una lavandería y fábrica de hielo.

Vázquez Rivera entiende que la economía pudiera estar resurgiendo en términos de ventas, principalmente, por las ayudas federales que se están otorgando por concepto de desempleo y otros incentivos.

“Sí esperamos una mejoría en estos meses. Lo que me preocupa es que eso es una burbuja. Por un lado, están dando los ayudas federales, pero por otro lado tenemos el problema de personas que no quieren regresar a sus trabajos, precisamente, por esas ayudas. Y creo que si la situación no mejora se puede agravar la cosa para el verano”, dijo.

¿A qué se refiere?, le cuestionó Primera Hora.

“Que para el verano muchos negocios no operarán o lo harán de forma limitada porque no tienen empleomanía... hay negocios que sin mano de obra no pueden continuar. De hecho, ya tenemos negocios cerrando dos o tres días porque no tienen personal y eso se prevé que puede durar hasta septiembre y octubre que es cuando se acaban esas ayudas federales. Y eso es alarmante porque no sabemos hasta dónde se pueda aguantar”, manifestó.

La esperanza del portavoz del CUD es que el gobierno, a través del Departamento de Desarrollo Económico, impulse dar un incentivo a todos aquellos que retornen a sus trabajos.

“Creo que viene un anuncio sobre eso pronto”, dijo esperanzando.

Mencionó también la crisis surgida en empleos relacionados al turismo y el renglón de restaurantes.

“El turismo se paralizó y los restaurantes, que prácticamente viven de venta de bebidas alcohólicas, vieron paralizadas sus ganancias. Las leyes aplicadas en las ordenes ejecutivas del gobierno fueron muy punitivas para los pequeños y medianos comerciantes”, sostuvo.

El estimado del gobierno para junio de 2020 era que 80,000 personas se habían quedado sin empleo en Puerto Rico a causa de la pandemia.

Para mediados de agosto de 2020, el Centro Unido de Detallistas a través del que era su presidente, Jorge Argüelles, advertía que 24.9% de las 45,000 Pymes que había en la isla antes de la llegada del COVID-19 se estaban viendo obligadas a cerrar si la situación no mejoraba.

De otra parte, al cierre del 2020 el gobierno estimó en $1,000 millones las pérdidas ocasionadas ante la dramática reducción de actividad turística. Así mismo al menos, 385,000 puertorriqueños reclamaron ayudas al desempleo, mediante procesos que resultaron ser atropellados para una ciudadanía que comenzó a desesperar y a desconfiar del sistema gubernamental. En términos generales, el cantazo de la pandemia a la economía del país se estimaba a finales del año pasado en $20,000 millones.