No se trata de una iniciativa que, por arte de magia, hará desaparecer los conflictos de las comunidades, pero sí es una respuesta que, tal como lo describen sus protagonistas, podría ayudar a resolver o minimizar esas diferencias entre los miembros de una comunidad, al tiempo que provee un mejor acceso a la justicia y educación sobre los recursos judiciales disponibles a la ciudadanía.

Al menos así lo ven dos de los líderes comunitarios que, elegidos por la gente de sus respectivas comunidades, son parte del primer grupo certificado en servicios de facilitadores judiciales, cuya graduación oficial tuvo lugar ayer, con la participación y visto bueno del Poder Judicial y su jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz Rodríguez, quien también expresó gran optimismo con el futuro de esta iniciativa.

De manera general, los facilitadores judiciales ofrecen un servicio a sus comunidades, de manera voluntaria y gratuita, actuando como puente de acceso a la justicia y promoviendo la solución pacífica de conflictos.

La iniciativa del Servicio de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales de Puerto Rico, que sigue un modelo que ya ha probado ser exitosa en otras naciones, se diseñó con la colaboración de la Organización de Estados Americanos (OEA) y cuenta con el respaldo del Poder Judicial de Puerto Rico.

A través de ella se capacitará a esas personas elegidas por sus comunidades para que puedan ofrecer información sobre temas jurídicos y los servicios que ofrecen los tribunales. Asimismo, los facilitadores podrán ofrecer orientación a la comunidad para buscar una resolución alterna a los conflictos, de manera accesible a todas las poblaciones, en particular aquellas que presentan las mayores limitaciones por su condición de vulnerabilidad.

Para la elección de este primer grupo de personas certificadas en servicios de facilitadores judiciales se celebraron 11 asambleas comunitarias entre abril y junio de este año. Los 13 nuevos facilitadores y facilitadoras son distintos municipios de las regiones judiciales de Aibonito y Humacao.

Lilliam Marrero Huertas, lideresa comunitaria del barrio Hayales de Coamo, y una de recién juramentadas facilitadoras judiciales, dijo sentirse “profundamente agradecida y motivada” porque su comunidad, a la que ha servido por una década, la eligiera para ser su facilitadora judicial.

“Sé que tengo un compromiso con mi comunidad siendo neutral y objetiva, pues una de las responsabilidades es ayudar a resolver situaciones que se presenten en la comunidad. Yo quiero ser ese puente principal entre la comunidad y el poder judicial. Quiero estar preparada para saber la información correcta le voy a presentar. Quiero conocer sobre los tribunales y los servicios. Quiero ser esa persona pacífica para entablar ese diálogo con comunicación asertiva, orientar a las personas sobre los derechos que tienen, que a veces no los conocemos, y si se presentase alguna situación que no yo pueda intervenir, de las personas que se puedan salirse de sus cabales, que no tengan tolerancia, y ahí pues entonces yo refiero”, comentó.

Cristian González López, líder comunitario del barrio Piñas Arriba en Comerío y ahora facilitador judicial, coincidió en la apreciación y entusiasmo en que serán un importante aporte a su comunidad.

“Desde siempre la comunidad ha buscado en mí orientación de diferentes temas, e incluso temas de problemas familiares, judiciales. Obviamente con este recurso que ahora vamos a tener, vamos a estar más preparados para facilitar lo que es la información, poder mediar ante un conflicto y no tener que llegar a tribunales, que eso es lo principal de este programa, que en la comunidad podamos ser como un tribunal en la misma comunidad y que todo se pueda resolver con el diálogo, la comunicación”, aseveró.

Marrero Huertas agregó que no necesariamente tiene que tratarse de mediación de conflicto, pues “también puede ser necesidades que ellos tengan sobre tener que ir al tribunal, cuáles son las gestiones que tengo que hacer, qué papeles tengo que buscar”, y ahí también puede ayudar en su rol de facilitadora judicial.

“Tampoco es que voy a ser una varita mágica que le voy a resolver todos los problemas, pero que por lo menos sientan confianza de decir: ‘ok, vamos a preguntarle a ella’, y si ella no sabe yo sé que nos va a llevar por el canal correcto”, agregó.

Ambos coinciden en que la iniciativa facilitará el acceso a la justicia, particularmente para comunidades desventajadas que enfrentan diversos retos, como puede ser los escasos recursos o la distancia a los centros judiciales.

“Afirmativo. Mi comunidad, mi pueblo está bajo el nivel de pobreza más del 67%. Mi comunidad en sí es de personas mayores, 58, 60, 70 años, así que son escasos los recursos tanto económicos como de movilidad. Y este programa pues lo que llevaría es a eso, a poder facilitar el acceso a la justicia, ya que nosotros en Comerío tenemos un tribunal de primera instancia, pero pertenecemos a Aibonito. Y Aibonito, básicamente nos divide la montaña, pero es muy distante como para muchas personas poder llegar. Así que nosotros como recurso pues vamos a tener ese enlace de la comunidad con el tribunal y poder acercar ese beneficio de la justicia a todos”, expresó González López.

“Yo quiero llevar a la comunidad a que conozcan que el Tribunal está cerca, que el Tribunal no está allá en San Juan, el Tribunal está en tu comunidad, y el Tribunal está accesible a través de personas que pueden ser puente, orientadoras, consejeras, mediadoras, colaboradoras. Así que yo considero que sí, que vamos a tener un buen fin, y vamos a tener un buen resultado”, afirmó Marrero Huertas.

“Así que esa información que yo pueda recopilar, y orientarme, y conocer las leyes y los derechos, para poder entonces pasarlo a los vecinos, sería de gran utilidad. Quizás podamos vivir mejor en paz conociendo los derechos de cada uno y haciéndolos valer con respeto y educación, porque la mejor arma es la educación”, insistió la facilitadora.

Por su parte, la jueza presidenta se hizo eco de las palabras de los facilitadores, asegurando que “ellos son el eje de este proyecto, y nos ha tomado esfuerzo llegar aquí, pero es un proyecto comunitario importante, y me parece que va a ser bueno que el País sepa que estas comunidades se están empoderando”.

Agregó que la iniciativa “es parte de nuestro plan estratégico de acercarnos a las comunidades”.

“Los tribunales no siempre han sido lugares fáciles de acceder, y eso tiene un componente variado, puedes hablar del costo, del tecnicismo de los procesos legales, puedes hablar de un sinnúmero de cosas. Pero en realidad, en el fondo, es un problema también de falta de información y falta de conocimiento, de que nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas no siempre saben qué servicios damos, más allá de resolver casos y controversias, que es lo que la gente piensa cuando piensan en tribunales”, sostuvo.

Explicó que el proyecto lleva ya varios años preparándose, “y ya estamos entonces en el punto donde hemos logrado, luego de 11 asambleas comunitarias, seleccionar 13 líderes y lideresas que van a ser la primera fase de este gran proyecto que yo tengo esperanza, yo creo que va a haber un cambio, por lo menos en las comunidades donde haya representación, me parece que va a ser un cambio significativo”.

Detalló que ve la función de los facilitadores en tres partes: personas que van a orientar a sus comunidades sobre los servicios que dan y ofrecen los tribunales; personas que van a mediar y ayudar a solucionar conflictos de baja intensidad, o sea cuando no hay un delito, cuando no hay agresiones; y, en caso que el asunto no se puede mediar a nivel comunitario, personas que no solamente refiere, sino que acompañan a las partes al tribunal porque ya van a conocer qué servicios ofrece el tribunal y a dónde acudir, para que, ya sea en una mediación formal o en una sala municipal, se atienda y solucione esa disputa vecinal o comunitaria.

“O sea, lo que quieres es un poco reconstruir ese tejido social comunitario para que sea el eje y la base de la solución de conflictos. Eso trae paz social, eso trae una interacción distinta entre la propia comunidad, y entre la comunidad y su entorno, y entre la comunidad y sus tribunales que están ahí para servirle”, afirmó Oronoz Rodríguez.

Opinó además que los facilitadores podrán actuar con inmediatez en conflictos para evitar que escalen y se conviertan en situaciones mucho más trágicas.

“Una respuesta comunitaria es más inmediata, más rápida. No tienes que esperar a ir a un tribunal, no tienes que esperar a que te den una cita, no tienes que esperar a una mediación. Y eso ayuda a bajar un poco… o lo atiendes antes de que escale, lo atiendes de una manera inmediata, y lo estás atendiendo en un entorno donde la gente entiende específicamente cuál es la problemática. Yo aquí en San Juan puede que no entienda por qué en el barrio X en la montaña hay un problema de estacionamiento, pero la gente del barrio lo entiende”.

La jueza presidenta aclaró que el proyecto “no tiene ni ha tenido ningún costo económico más allá del recurso humano de la oficina de educación y relaciones con la comunidad que ha ido a todas esas asambleas comunitarias, que se ha reunido”, así como las horas dedicadas al estudio y formación del proyecto. El adiestramiento también ser hará con personal interno y asistencia de la OEA.

“No ha tenido un costo monetario ni para nosotros ni para las comunidades, y tampoco lo va a tener para las personas que se van a beneficiar porque esto es un servicio gratuito y voluntario. Es la belleza de esto, cómo nos ayudamos a tener una mejor calidad de vida, una paz social”, afirmó.

“Creo que a la que demos a conocer esta iniciativa va a haber otras comunidades que les va a interesar, porque la gente quiere vivir en paz. Y si nosotros podemos, a través de la educación o de la intervención temprana, evitar que lleguen los casos a los tribunales, creo que eso es una ganancia”, agregó la jueza presidenta.