Organizaciones de profesionales de la salud, el trabajo social, el derecho y una organización comunitaria que trabaja con personas positivas al VIH/Sida, apoyaron hoy, viernes, el proyecto que enmienda la Ley contra la violencia doméstica para extender sus beneficios a todo tipo de parejas, incluyendo aquellas del mismo sexo.

El Colegio de Médicos-Cirujanos, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social, la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y la entidad de base comunitaria PR CoNCRA (Puerto Rico Community Network for Clinical Research on Aids) comparecieron hoy ante la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes para favorecer las enmiendas.

Tras afirmar que es deber del Colegio de Médicos-Cirujanos manifestarse ante cualquier asunto que tenga que ver con la protección de los más altos ideales y bienestar general de todos los miembros de nuestra sociedad, el presidente de la entidad Eduardo Ibarra, respaldó la pieza legislativa y aseguró que la misma tiene su base en la declaración universal de los derechos humanos.

“Sin lugar a dudas, el derecho de mayor jerarquía y de incuestionable preminencia es el derecho a ser reconocido y respetado como ser humano, tal vez el más primitivo de todos los derechos”, declaró.

“Consecuentemente de lo anterior, todo individuo tiene una expectativa legítima, basada en los grandes ideales de la humanidad, de ser tratado como un ser humano, más allá de cualquier otra consideración”, agregó.

Ibarra se refirió a las decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico que han declarado que la Ley 54 no aplica a las parejas del mismo sexo y señaló que “el mecanismo de la legislación es la forma más prudente de atender los señalamientos y divergencia de criterio jurídico en cuanto a si dicha ley aplica a personas del mismo género”.

Concluyó el portavoz de los médicos de la Isla que “las enmiendas propuestas por este proyecto son, no solo pertinentes, sino absolutamente imperativas dado nuestro reconocimiento moral y legal a principios o conceptos de mayor rango y con carácter de universalidad e inalienabilidad”.

Por su parte el Colegio de Profesionales del Trabajo Social, en ponencia firmada por su presidente Larry Emil Alicea y leída por la ex presidenta Milagros Colón Castillo, expuso que “el proyecto va a la médula en el reconocimiento de las protecciones del estado a las relaciones afectivas sin importar el estado marital, orientación sexual e identidad de género”.

Hicieron mención también de las decisiones del Supremo y afirmaron que “nuestro Tribunal Supremo ha despedazado el propósito original de la Ley (54)”.

 Agregaron los trabajadores sociales que “el mismo Tribunal Supremo brinda la justificación perfecta para esta medida. El alto foro exige que para reconocer la diversidad de arreglos en las parejas del país, la Asamblea Legislativa tiene que legislarlo. Así lo están haciendo y los felicitamos”, expresa el escrito.

La portavoz de PR CoNCRA en las audiencias, Magdaline Rodríguez, leyó una ponencia en la que relata el caso de una mujer que fue víctima de violencia doméstica de parte de su compañera sentimental y las dificultades que enfrentó para obtener la protección del estado ante esa amenaza a su bienestar y su vida.

“Esa persona vivió violencia doméstica en su hogar por un periodo de seis años en una relación de pareja pero, sin embargo, no pudo acudir a protección bajo la Ley 54. Ella no recibió toda la protección que cobija a parejas heterosexuales que estén casadas, aún cuando la violencia doméstica que ella vivió, caló bien profundo y ella experimentó todas las manifestaciones de la misma”, indicó Rodríguez.

“Esta persona, entre otras tantas, quedó desprovista de todas las protecciones contenidas en la Ley 54. Entre estas: orden de protección, orden de desalojo, servicios de asesoría e intercesora legal, consejería emocional y psicológica, albergue, ropa y comida entre otros servicios básicos que necesitan las personas víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica”, agregó.

Advirtió también la entidad de base comunitaria que “la violencia sexual por parte de una pareja puede contribuir a la transmisión de la infección de VIH, por: las laceraciones que resultan del uso de la fuerza y la violencia; las mujeres sin poder para negociar el uso de un condón o práctica sexual protegida; y las mujeres que no pueden rechazar los acercamientos no deseados y agresiones sexuales, entre otros”.

Por su parte la Sección de Discrimen por Orientación Sexual e Identidad de Género de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la UPR, favoreció la aprobación del proyecto “por ser una medida que promueve los derechos a la intimidad, la dignidad, la igualdad y la no discriminación, así por ser cónsono a los derechos reconocidos de nuestra Constitución, el gobierno federal de Estados Unidos y los organismos internacionales”.

 “La violencia doméstica no es un problema de un sector o grupo en particular, es un problema social que merece el más alto grado de atención del estado, puesto que toda persona merece protección contra perturbaciones a su honra y dignidad, sin importar su estado marital, orientación sexual o identidad de género”, afirma en su ponencia la directora de la Clínica, Nora Vargas Acosta.