Cerca de 25 guardias nacionales madrugaron hoy para recoger miles de gomas depositadas ayer en la finca Los Oréganos de Salinas, aledaño a la comunidad Ranchos Guayama, donde la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (Codepola) construye un campo de tiro.

Esto, al cumplir con el mandato del ayudante general de Puerto Rico, José J. Reyes, quien ordenó el retiro del material tras la denuncia realizada por la senadora del Partido Independentista (PIP), María de Lourdes Santiago, ya que el proyecto impacta directamente el acuífero del sur.

Según los vecinos, que el pasado 24 de agosto llevaron sus quejas ante la alcaldesa Karilyn Bonilla, los trabajos hechos en la propiedad perteneciente a Roberto Ramos Colón, no concuerdan con el permiso otorgado al proponente, Ariel Torres Meléndez, presidente de Codepola, pues la solicitud presentada es para un “permiso simple para extracción de materiales de la corteza terrestre”.

“Ese terreno lo propusieron para un campo de tiro sin preguntar a la comunidad y, nosotros nos enteramos porque vimos movimiento, fuimos a ver lo que estaba pasando y vimos el letrero de un permiso de remoción de corteza terrestre simple, que es para limpieza de caminos y mensura. Allí han hecho excavaciones, fosas, han tumbado media montaña con un permiso de limpieza de caminos”, argumentó José Juan Cora, residente en el sector.

“Cuando llevamos la queja a la alcaldía de Salinas, la directora de Proyecto y Permiso, Arlene Figueroa, nos indica como si fuera un parque de juegos, que va a tener 45 casetas, 180 estacionamientos, entradas y salidas. Pero si allí lo que hay es un permiso para limpieza de caminos y remoción de corteza simple y ya ellos tienen montado un escenario completo sobre el acuífero del sur. Eso está sobre el acuífero del sur y de ahí bebemos agua la gente de Salinas”, afirmó.

Destacó que al preguntarle a la alcaldesa Karilyn Bonilla, esta les dijo que el proyecto siguió su curso pues nadie se había querellado.

“Nosotros, le preguntamos a la alcaldesa si estaba con nosotros o si estaba con el del campo de tiro y nos contestó: ‘Esos son unos procesos y yo voy a estar con la mayoría’. Pero la mayoría no somos nosotros que somos 60 familias. Codepola y Ariel Torres tienen 15,000 miembros, así que entendemos que ella está con Codepola porque 60 es menos que 15,000”, cuestionó.

“Ella ya lo sabía, que eran unos permisos que llegan y si nadie se queja, eso sigue. Pero ¿cómo nos vamos a quejar si nosotros no lo sabíamos? Así está actuando tanto el Gobierno de Salinas como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Ayer llamamos a la Junta de Calidad Ambiental y lo que nos dijeron era que la Guardia Nacional estaba poniendo las gomas para amortiguar el ruido. ¿Cómo van a llenar un terreno con gomas cuando no tienen permiso? ¿Cómo está construyendo allí si él lo que tiene es un permiso simple para remoción de tierra? Se hizo la querella en el DRNA y pararon la construcción por el tipo de permiso que ellos le habían dado”, destacó.

Cora sostuvo que el permiso otorgado a Codepola fue para extraer unas cuatro pulgadas de terreno, pero, en algunas áreas se removieron entre 10 a 15 pies.

Asimismo, reveló, que en una conversación entre el proponente del club de tiro y la comunidad, este aseguró que cuenta con el apoyo de la alcaldesa de Salinas y su homólogo en Guayama, Eduardo Cintrón, pues, aparentemente las guardias municipales tendrían el beneficio de practicar allí.

De hecho, una de las controversias en el asunto es que la operación del polígono sería para la utilización de armas largas con balas de calibre 50, cuyo estruendo afectaría tanto a los vecinos de esta comunidad, como a residentes en los sectores La Julia, Cimarrona, El Coquí, San Felipe y el complejo de viviendas El Legado.

“Hay más de 10 fosas ahora mismo. Van a haber tiros de calibre 50, gente que conoce de armas que es como cuando estaba Vieques activo. Que nosotros los residentes no vamos a poder vivir ahí porque ese calibre es muy grande”, resaltó.

Sin embargo, la preocupación mayor es por el impacto directo que esta construcción tendrá sobre el acuífero del sur.

“Nosotros nos oponemos porque si no hay agua, no hay vida. Nos oponemos porque la tranquilidad de este pueblo, nuestra salud mental física, muchas cosas que nos mudamos a ese canto por una tranquilidad que ahora la vamos a perder. Que no vamos a tener agua, muchas cosas. El agua del acuífero la consume de la mayoría de la gente que vive en el área sur”, manifestó.

“¿De qué vale tener un campo de tiro encima del acuífero a donde va a caer plomo? Vamos a tener el agua contaminada y de nada vale tener un campo de tiro si no vamos a tener vida. Hay vecinos que dicen que en ese monte había un ojo de agua que taparon. Pero como es un terreno privado, no tenemos acceso”, acotó.

No obstante, este no ha sido el único factor que ha levantado la indignación ciudadana, sino que en el pasado lucharon contra la construcción de un vertedero regional por parte de la empresa BFI, pues también presentaba un daño directo al cuerpo de agua.

“Estuvimos luchando durante cuatro años contra BFI y contra los poderosos para poder detener la creación de un vertedero sobre el acuífero. Y, de la noche a la mañana, estas personas con la idea de lo que es un polígono hacen esas fosas enormes, que un polígono no tiene que tener esas fosas y creemos que ya estaba premeditado el echar las gomas y cobrar por eso, para luego utilizar el polígono como una pantalla”, dijo por su parte otro de los vecinos identificado como Benigno Rodríguez.

Mientras, Natividad Torres insistió en que “estamos aquí presentes en representación de toda la comunidad y del país. Ha habido una remoción de terreno profunda, se está dañando la fauna, el agua va a ser impactada de una manera grande porque ya, las áreas del acuífero van a estar más lastimadas. Queremos proteger nuestro primer centro de abastecimiento de agua potable”.

Para sorpresa de la comunidad, la remoción de terreno en el monte destapó otra de sus batallas: las cenizas de carbón de la empresa AES que hace varios años fueron depositadas por el ayuntamiento, entonces dirigido por el doctor Carlos Rodríguez Mateo, para la pavimentación de las calles.

“El único permiso que tienen lo están violando y estamos esperando a que el DRNA venga aquí. Hoy vimos que, con esta remoción de terreno, quedaron expuestas cenizas tóxicas de carbón. Hace años que en esta comunidad se estuvieron depositando cenizas de carbón”, señaló el portavoz del Comité Diálogo Ambiental, Víctor Alvarado Guzmán.

En un momento determinado, uno de los vecinos del área en disputa, identificado como Roberto Rivera, se enfrascó en una discusión con los demás residentes al insistir en que estaban invadiendo propiedad privada.

“Porque esto sea propiedad privada no vamos a permitir que don Roberto haga lo que quiera. Puede tener el aval de la alcaldesa Karilyn Bonilla o del alcalde de Guayama, Eduardo Cintrón, pero aquí, la comunidad de Ranchos Guayama no vamos a permitir que se siga haciendo daño al acuífero del sur que le pertenece al pueblo de Puerto Rico y el agua es el recurso que más necesitamos”, argumentó por su parte Maridalys Nieves Rivera.

“Si ustedes se pueden adentrar a la propiedad, ya se le ha hecho daño al acuífero del sur y nosotros necesitamos que eso lo reparen porque van a seguir los grandes interese apropiándose de nuestros recursos, haciéndole daño y entonces, se quedan con las manos como si nada, porque (Rafael) Machargo entonces que está a cargo de esta sombrilla, no tiene los pantalones de decirle a la gente que no pueden hacer eso”, concluyó, no sin antes advertir que la comunidad llegará hasta las últimas consecuencias, aunque tengan que enfrentar una batalla judicial.