Líderes religiosos de la isla advierten que continuarán dando cultos dentro de las iglesias -aun cuando el gobierno disponga lo contrario en la próxima orden ejecutiva emitida por la gobernadora Wanda Vázquez Garced como parte de la respuesta para desacelerar los casos de COVID-19- y adelantan que tomarán acción legal contra el estado si insisten en la prohibición de ceremonias en el interior de los templos.

El reverendo puertorriqueño William Hernández, obispo y presidente a nivel internacional de las más de 6,000 iglesias pentecostales que hay en el mundo, expresó a Primera Hora que el gobierno estaría interfiriendo con el derecho a la libertad religiosa que tienen los ciudadanos si se impone un nuevo cierre de las congregaciones en el país, como ocurrió a inicio de la pandemia.

“Ahora mismo los líderes conciliares y líderes de las iglesias están en un diálogo constante para saber cómo proceder si se hace un nuevo cierre por 21 días... No puedo hablar por la decisión que tomen otros líderes. Mi sentir como obispo es que nosotros no debemos cerrar y debemos buscar los mecanismos legales para que eso no ocurra. Eso sí, si hay un lugar en el que se pruebe que no se está cumpliendo con el protocolo pues deben cerrarlo, pero no pueden penalizar las miles de iglesias por lo que hagan mal una o dos. Hay que enfocarse en el bienestar del pueblo”, dijo.

En Puerto Rico hay 560 iglesias pentecostales a la que asisten más de 50,000 feligreses. En términos generales, se calcula que en la isla hay entre 6,000 a 8,000 iglesias de diversas congregaciones.

Mientras, el reverendo Iván De la Torre, superintendente de las Asambleas de Dios en Puerto Rico y tesorero de la Fraternidad Pentecostal de Puerto Rico, dijo que las iglesias pentecostales se preparan para “hacer valer lo dispuesto en la Constitución de Puerto Rico y de Estados Unidos, por lo que no vamos a cerrar”.

“Hemos determinado esperar que la gobernadora diga si es cierto o no que va a cerrar y de ser cierto vamos a utilizar el derecho que nos da la Constitución de Estados Unidos y la de Puerto Rico de que somos un servicio esencial y tenemos derecho a exigir ese derecho a la libertad de religión y de culto”, dijo.

“No cerraríamos los templos… y no es desobediencia civil. Haríamos valer la Constitución y diríamos que el gobierno es el que está incumpliendo con nuestros derechos a la libertad religiosa”, expuso De la Torre, al destacar que el concilio se disponía en enviar hoy mismo una carta a la gobernadora.

Primera Hora le preguntó qué harían si surgieran multas o arrestos a feligreses como dispone la orden ejecutiva que ocurriría con los que no sigan las leyes. “Buscaríamos soluciones de ir a la corte como ya ocurrió en Estados Unidos. Repito, esto es un derecho constitucional”, respondió el reverendo.

Los religiosos hicieron alusión a una demanda incoada por el pastor John MacArthur de Grace Community Church contra el gobierno de California donde se prohibieron recientemente las reuniones en las iglesias.

En la queja, MacArthur y Grace Community Church acusan a los funcionarios del gobierno estatal de interferir con su libertad religiosa y restringir selectivamente las reuniones en medio de la pandemia. Pusieron como ejemplo que cuando se realizaron protestas, tras el asesinato de George Floyd, no se hicieron cumplir las órdenes de salud pública con aquellos manifestantes que no cumplían con las restricciones gubernamentales.

“California no tiene tal poder para determinar si las iglesias son ‘esenciales’, como ya lo han hecho las constituciones federales y estatales”, expone la demanda, según han reportado medios de la ciudad de Los Ángeles.

Grace Community decidió reiniciar los cultos en persona, al tiempo que algunos de sus líderes argumentaba que el gobierno no tenía la autoridad para impedir que se reunieran.

En respuesta, funcionarios gubernamentales respondieron a la demanda y amenazaron a McArthur con multas e incluso con la posibilidad de un arresto si no cumplía las órdenes ejecutivas. Aún así los feligreses continuaron reuniéndose. Actualmente, los templos deben limitar las reuniones en interiores a 100 personas o al 25% de la capacidad de sus facilidades.

Según dispone la orden ejecutiva vigente en Puerto Rico “toda iglesia, templo, mezquita o sinagoga que opte por realizar servicios presenciales, deberán hacerlo dentro de los horarios permitidos en el toque de queda y cumpliendo con lo establecido en las Guías para la Reapertura de los Servicios Religiosos, disponibles en la Oficina de Bases de Fe y Tercer Sector de la Fortaleza. Lo anterior, siempre y cuando no excedan la ocupación máxima equivalente al 50% de la capacidad establecida en el Código de edificación vigente en Puerto Rico (PR Building Code 2018)”.

Todos coincidieron en que las iglesias han asumido un rol responsable y han cumplido con los protocolos de salud y seguridad que exige el gobierno.

“Mi postura es que la inmensa mayoría de las iglesias han seguido todas las instrucciones que el gobierno ha establecido. Son procesos sanitarios bien estrictos. Es injusto que si la iglesia ha cumplido con todos los protocolos y no se ha probado estadísticamente que en las iglesias hayan habido propagaciones del virus, que se tome la decisión de cerrarlas. La gente ahora más que nunca requiere de la ayuda espiritual que se ofrece en las iglesias. Es el lugar al que pueden acudir a desbordar sus emociones y buscar ayuda. Y como mencioné antes, si se prueba que hay problemas de infección en una iglesia pues se pone en cuarentena pero tampoco es que se cierren todas. El gobierno tiene que ser prudente”, destacó por su parte Hernández, quien también es líder destacado en la junta directiva de la Asociación Hispana Evangélica creada en Estados Unidos.

La nueva orden ejecutiva que entraría en vigor el próximo sábado 22 de agosto – y estaría vigente por 21 días- ordenará el cierre de las iglesias, dará continuidad a la inoperación de gimnasios y limitará a menos de un 50% la capacidad de clientes que podrán recibir los negocios, incluyendo los centros comerciales, y limitará el uso de los comedores en los restaurantes. Además, las clases presenciales en el sistema educativo del país – así como en las universidades- no podrán comenzar el 17 de septiembre, como estaba planificado.

Así lo adelantó el secretario de Salud, Lorenzo González, a su salida de una reunión que sostuvo esta mañana en Fortaleza con la gobernadora Wanda Vázquez Garced y los grupos asesores de salud y economía creado para atender la pandemia del coronavirus.

Al momento, el COVID-19 ha causado la muerte de 346 personas en Puerto Rico y enfermado a sobre 12,000 personas en la isla, según pruebas confirmatorias. De estas, 633 fueron informadas hoy, lo que representa la mayor cantidad de contagios en un solo reporte en 24 horas.

Hoy, Juan Carlos Reyes, epidemiólogo y miembro del grupo asesor de médicos del gobierno en cuanto al tema del coronavirus, dijo en una entrevista radial con Radio Isla que “en el caso del COVID no hay ‘magic bullet (bala mágica)’, varitas mágicas, pero hemos visto reportes recientes de ‘contact tracing’ (rastreo de contactos) que apunta a brotes en algunos restaurantes, en lugares cerrados como los malls (centros comerciales), se han identificado lugares como iglesias, hay muchos lugares abiertos todavía que se está dando mucho de esta transmisión”.

Arzobispo de San Juan acatará disposición del gobierno

Mientras, el arzobispo de San Juan, monseñor Roberto González Nieves, reconoció que el gobierno debe atender con urgencia la crisis del coronavirus y dijo que si los científicos recomiendan el cierre de lugares de aglomeración -como las iglesias- hay que acoger la recomendación con “responsabilidad social”.

“Somos conscientes de que en Puerto Rico la cifras de casos confirmados de COVID 19 han ido aumentando preocupantemente y que ha habido un auge en las muertes asociadas a la pandemia. Por ello, reconocemos al gobierno la necesidad apremiante de tomar las debidas medidas de acuerdo con nuestro ordenamiento legal y constitucional para proteger vidas, garantizar la salud y para prevenir un brote. Ha sido reseñado en diversos medios noticiosos que la nueva Orden Ejecutiva incluiría limitar el culto religioso como medida para evitar la propagación del virus. Aunque hubiese preferido esperar por la divulgación de dicha Orden, no obstante, con la información que ha salido en los medios, opino que si la comunidad científica entiende oportuno recomendar al gobierno el cierre de lugares de aglomeración de personas, entre ellos las iglesias, para evitar el contagio de personas, debemos acoger dicha recomendación con un espíritu de responsabilidad social”, dijo.

Reiteró que es menester mencionar que a las actividades litúrgicas que ha presidido -dentro y fuera de la Arquidiócesis, así como las que ha observado por televisión y plataformas digitales- han cumplido con las más altas medidas de control de exposición al virus.

“Si hay evidencia científica y datos estadísticos que respaldan la teoría que la apertura de iglesias ha contribuido al alza de casos, el gobierno está llamado a tomar las debidas medidas y hacer recomendaciones. Sin embargo, hemos sido testigos recientemente de actividades políticas y proselitistas, que contrario a muchas iglesias, no han observado las medidas impuestas por el gobierno y no se han señalado como focos de propagación del virus. Los tiempos requieren sacrificios de todos los componentes y no solo del sector religioso y/o comercial”, manifestó.

Por último, hizo un llamado a la ciudadanía a observar las medidas del gobierno para prevenir el COVID 19. “Es un acto de amor proteger las vidas de los demás, al igual que la propia”, puntualizó.

El Obispo de Arecibo, Monseñor Daniel Fernández Torres, por su parte, reclamó prudencia al gobierno al evaluar las nuevas medidas contra el COVID-19 y reclamó respeto al derecho a la libertad de religión

“Una orden para el cierre total de las iglesias atentaría contra el bien de las almas, además de ser innecesario y arbitrario”, expresó por escrito Fernández Torres.

Haciendo la salvedad de que es necesario esperar por lo que diga finalmente la nueva Orden Ejecutiva, el Obispo recordó que la libertad religiosa es un derecho fundamental que cobija a todo ciudadano, por lo que exhortó al gobierno a respetarlo y a ser razonable al momento de imponer nuevas medidas restrictivas para atender un repunte en los casos de COVID-19 reportados en la Isla.

“Nosotros hemos establecido e implantado un protocolo con medidas más restrictivas de lo establecido en la Guía del gobierno para la reapertura de las iglesias y hemos demostrado nuestra disponibilidad de colaborar con el gobierno para evitar la propagación. Ello, unido a la realidad de que las Iglesias no han sido focos de infección, hace de una orden para el cierre total de las iglesias una medida irrazonable e injustificada. Siendo ello así, invitamos al gobierno a hacer un análisis cuidadoso, ponderado y justo que no imponga medidas que resulten más onerosas de lo necesario, sobre todo cuando hay de por medio un derecho fundamental protegido por nuestra constitución. El prelado aseguró que hay otras formas de velar por la salud de los fueles y evitar la propagación del virus sin tener que cerrar las iglesias”, indicó. 

Mientras, Felipe Lozada Montañez, presidente de la Junta Directiva del Concilio de Iglesias de Puerto Rico -la cual está integrada por 8 denominaciones religiosas y sobre 550 congregaciones- prefirió esperar a conocer el lenguaje utilizado por la gobernadora en la nueva orden ejecutiva, antes de asumir una postura formal como organismo.

Sin embargo, advirtió que Vázquez Garced no tiene la facultad de cerrar las iglesias pues iría en contra de la Constitución de Puerto Rico. Avaló, en cambio, que hayan restricciones en cuanto a la ocupación de las facilidades religiosas, considerando razonable un 25%.

“Entendemos que estaría violentando el Artículo 2, Sección 2 de la Constitución, donde la Carta de Derechos establece la libertad de culto. Estamos en la disposición de seguir cooperando pero sin que se violenten las normas internas de las iglesias”, sostuvo Lozada.

Las ocho denominaciones del Concilio de Iglesias de Puerto Rico que preside Lozada son Iglesias Discípulos de Cristo, Iglesias Bautistas, Sínodo Presbiteriano Boriquén, Iglesias Metodistas, Iglesias Evangélica Unida de Puerto Rico, Iglesias Episcopal, Iglesias Evangélica Luterana Sínodo del Caribe y la Iglesias Union Church.