Nakuru, Kenia. El escenario siempre ha sido el mismo: un grupo de estructuras de un piso, pintadas de blanco con bordes verdes, separadas por un patio central que conduce a pasillos de tierra.

Nelly Wambui llegó allí, a la Cárcel de Mujeres de Nakuru, cuando ni siquiera había comenzado a gatear; hoy, tres años después, la niña camina entre el limitado espacio de la prisión mientras su madre, Lilian Wairimu, aguarda esperanzada los meses que le restan para cumplir una sentencia de tres años.

Al igual que la pequeña, otros 23 infantes cumplen sentencia junto con sus madres debido a que “el país no cuenta con servicios de cuido o sus familiares no se pueden hacer responsables”, explica la socióloga Lina Torres.

Algunas de las 122 reclusas cumplen meses de condena por delitos menores como vender alcohol o vegetales sin licencia o permisos; el resto estará allí por años tras ser sentenciadas por asesinato, negligencia infantil, robo u otros delitos; todas mezcladas, sin distinción entre custodia mínima o máxima. Y entre ellas están los niños y las niñas, junto a sus progenitoras, hasta que cumplan los cuatro años de edad –cuando ya entrelazaron lazos de apego–, no solo porque el infante requiere servicios adicionales como los educativos, sino porque “comienza a tener un conocimiento mayor de todo lo que ocurre”, dijo la psicóloga forense Carmen Peña.

Se procura entonces proteger al menor del ambiente carcelario y, en el caso de esta prisión, de un lugar insalubre y paupérrimo que atenta contra su salud integral –contrario al Hogar Intermedio de Mujeres del Departamento de Corrección y Rehabilitación, donde presas conviven con sus hijos en condiciones que procuran una vida digna.

La madre de Nelly, Lilian Wairimu, llegó a prisión cuando tenía 30 años, ahora tiene 33. Inicialmente, tenía que cumplir una condena de 15 años por un fraude que alega que cometió su entonces esposo, pero este desapareció y ella tuvo que “cargar la cruz”, explica.

“Dije que sí porque pensé que me darían una multa y estaría fuera, pero las cosas no fueron bien”, añade. Eventualmente, la mujer apeló su caso y logró reducir la condena. “Los terminaré en noviembre”, dice contenta.

Pero ya es consciente de lo que le espera. “Estoy sola, así que será una temporada difícil. Yo tendré que luchar lo suficiente para conseguir un trabajo en algún lugar; encontrar a alguien que me ayude, aunque sea que me dé la bienvenida a la sociedad, y que me ayude con mis dos niños (su otro hijo está en el Hogar de Niños, que está fuera de la prisión)”, menciona.

Entretanto, ambas duermen juntas, la bebé en una cuna o el catre que le correspondería a la madre, contrario al resto de las reclusas. Cada tres confinadas pueden estar compartiendo una celda con dos catres, que ocupan gran parte del estrecho espacio, dejando el resto del lugar a alimentos o utensilios de uso personal.

Además, al estar condenada, Lilian usa un uniforme de rayas, vestimenta que se hizo común en países americanos cuando surgió la cárcel como pena privativa de la libertad; por un lado, para facilitar la identificación del preso y, por el otro, agregar un elemento infamante o de deshonra. “Por ese último aspecto, es que muchos estados (de Estados Unidos) descontinuaron la práctica, pero veo que todavía persiste en lugares como Nakuru”, destaca Torres.

Por eso, la crianza de Nelly ha sido complicada. “Es difícil cuidar a un recién nacido en la prisión debido a las privaciones, como la falta de una dieta balanceada”, dijo.

Según Torres, Amnistía Internacional ha denunciado desde la década de los 90 las condiciones de las presas en Kenia, por ejemplo, la encarcelación de estas por no tener dinero para pagar multas. Además, un documento de 2003 de la World Organisation Against Torture destaca los problemas de hacinamiento, la escasez de agua y comida, y el acceso limitado a cuidados de salud. “Ha habido intentos para reformar el sistema, pero todavía falta mucho por hacer”, expuso.

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