La sorpresa y emoción que recibió una dominicana de 27 años al enterarse de su embarazo hace más de tres meses se ha tornado en depresión y más temor, luego de que el padre de su futuro retoño fuera arrestado en medio de un operativo antiinmigrantes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) en Puerto Rico a semanas de conocer sobre su estado de gestación.

La situación que atraviesa es tal, que la mujer, que no será identificada por Primera Hora por motivos de confidencialidad, manifestó que no sabe ni cómo describir lo que vive en estos momentos. Lo que reconoce es que no quiere asistir a sus citas médicas por miedo a ser arrestada y separada de su otra hija de dos años. Tampoco tiene dinero para pagar todo este proceso médico que requiere durante su preñez y el cual ya sabe que terminará en una cesárea.

“Esto ha sido un caos”, sentenció, al señalar las secuelas que han dejado en la población con estatus migratorio no definido las políticas del presidente estadounidense Donald Trump.

“Es muchísimo, 100% de miedo, porque uno tiene miedo de salir a cualquier parte. A veces tienes que mandar a comprar cualquier cosa de necesidad, porque tienes miedo, porque ellos andan como si fueran a cazar”, explicó la mujer.

No obstante, esta dominicana no pierde las esperanzas ni mucho menos se arrepiente de haber quedado embarazada en medio de este cambio de política pública.

“Esto fue algo que fue de Dios. Yo creo que Dios me lo mandó (al bebé) para que yo tuviera fuerza en estos momentos, porque no es fácil, no es fácil la situación”, comentó la mujer acongojada.

En su caso, llegó a Puerto Rico para tratar de buscar un mejor porvenir para su familia, especialmente para otra hija de ocho años que dejó en República Dominicana al cuidado de sus abuelos.

Ya van cuatro años desde que está en Puerto Rico. Su vida había estado concentrada en el trabajo. Aseguró que “no llegué a parir”.

“Vine para buscar un mejor futuro para la familia, para mi papá, para mi mamá y para mi otra hija. Y, cuando llegué, yo vine para acá a trabajar, yo no vine para acá a nada malo. Yo solo vine a trabajar”, sostuvo.

Pero, todo cambió desde la llegada de Trump. Señaló que “ahora mismo no estoy trabajando con el miedo de salir (y que la detengan). Ahora mismo no estoy haciendo nada”.

Es que ese mismo temor que ha generado entre los inmigrantes las redadas del HSI y por su recién embarazo, la pareja determinó que ella se quedaría en la casa al cuidado de su niña más pequeña para evitar ser deportadas. Quedaron en que el hombre saldría a trabajar para sustentar a la familia. No obstante, este terminó detenido hace casi dos meses durante una redada en donde laboraba y enviado a otro estado para ser procesado. Desde entonces, no sabe nada de su compañero, el cual conoció en Puerto Rico y no tenía antecedentes penales.

“Nosotros dependíamos de él. Yo dependía de él el 100%. Ahora no, ahora tenemos que esperar que otro quiera dar, el que quiera ayudar. Yo quisiera salir a trabajar, pero que yo no puedo, porque con esta situación uno tiene hasta miedo. Y uno con una niña chiquita y embarazada, que el único sustento que uno tiene se lo quiten, se lo lleven, no es fácil”, expresó.

Con todas las vicisitudes que atraviesa, esta dominicana acepta que se encuentra en una depresión. Sólo ha ido a dos citas con su médico, pero no se ha realizado todos los estudios que le han requerido para verificar si el bebé está saludable. Más allá de temor de ser arrestada y separada de su hija, no tiene dinero para costear el cuidado prenatal que ahora requiere. Por ello, señaló que dejaría de asistir a sus citas.

“Yo tengo que pagar por cita, porque no es gratis. Todo hay que pagarlo. Pero, si no trabajamos, cómo me voy a hacer los estudios. Y, después, lo primero que dice el doctor es que uno tiene que ir a la cita prenatal, porque eso es importante, porque se sabe cualquier problema que tenga el bebé, que por cualquier problema uno tiene que revisarse, porque las cosas con tiempo tienen cura. Pero, como uno tiene temor de salir, uno no encuentra qué hacer”, sostuvo.

Dejan de ir al médico

Esta misma incertidumbre que manifestó esta joven dominicana entrevistada por Primera Hora es la que atraviesan otras mujeres con estatus migratorio no definido en estado de gestación.

Los líderes de la comunidad dominicana, Romelinda Grullón, directora ejecutiva del Centro de la Mujer Dominicana y José Rodríguez, presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, aseguraron que la tendencia que han observado desde mediados de enero pasado es que la población inmigrante en general ha dejado de asistir a sus citas médicas.

“La mayoría no está yendo a recibir servicios, porque tienen temor. No hay ningún tipo de garantía de que nos las arresten”, precisó Grullón.

Rodríguez añadió que el problema que enfrentan es que “trascendió una información de que iban a llamar inmigración a los que vayan a los hospitales”. Alegó que esos comentarios han alejado a las personas con estatus migratorio no definido a buscar ayuda médica.

Pero, destaca la preocupación de “la salud de mujeres embarazada, que se descuide por miedo a que la deporten y que puedan ser peores las consecuencias”, expresó Grullón.

Insistió en que las mujeres no sólo tienen que recibir atención prenatal, sino postparto.

Más allá del miedo a ser deportadas, la directora del Centro de la Mujer Dominicana denunció que existe poca o ninguna información sobre los servicios que el Departamento de Salud ofrece hacia la población de inmigrantes bajo estas nuevas políticas de Trump.

Grullón informó que tampoco ha logrado identificar si los fondos que se concedían desde el 2021 para asistir económicamente a las mujeres embarazadas con estatus migratorio no definido fueron cancelados. Al menos, la mujer embarazada entrevistada por este diario señaló que ha tenido que costear todos sus gastos médicos, incluida la cesárea que tuvo hace dos años.

¿Dónde están las ayudas?

Con respecto a la ayuda disponible, la directora interina del Programa de Medicaid en Puerto Rico, Luz E. Cruz Romero, explicó en declaraciones escritas remitidas a este diario que los beneficios de la tarjeta de salud del gobierno, Vital, sólo están disponibles para personas con “ciudadanía estadounidense y/o residente legal con permiso de residencia (green card) por un período mínimo de cinco años desde la fecha en que obtuvo dicho permiso”.

Sin embargo, explicó que el 13 de agosto de 2020, se firmó la Ley Número 105, conocida como Ley para Establecer el Derecho al Cuidado Prenatal, Parto y Postparto para Embarazadas Médico Indigente en Puerto Rico. La misma obliga al estado a conceder servicios médicos a esta población sin considerar el estatus migratorio de la madre. Por ello, Cruz Romero informó que “toda mujer extranjera cuyo estatus migratorio sea de residente legal, pero que aún se encuentre en el período de espera de cinco años, o cuya condición migratoria no sea legal, podría cualificar para el Plan de Salud del Gobierno. En estos casos, el Estado asume el costo total de la cubierta médica, la cual se financia exclusivamente con fondos estatales. Para ser elegible, también se debe cumplir con los requisitos económicos establecidos y tener domicilio en Puerto Rico”.

El secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, indicó a Primera Hora que los Centros 330 también están proveyendo servicios de salud a las personas de estatus migratorio no definido y ayudas económicas para esta población. Dijo que algunos tienen obstetras, los cuales asisten a las embarazadas.

Mientras, para el parto, las mujeres pueden acudir a una de las 135 salas de emergencia que en la Isla tienen salas de parto.

El pasado presidente del Colegio de Administradores de Hospitales y Servicios de Salud, Ramón Alejandro Pabón, señaló que las salas están obligadas en prestar el servicio “no importa condiciones ni capacidad de pago”.

Asimismo, el Colegio de Médicos Cirujanos provee servicio de salud mediante llamada, videoconferencia y visitas a los hogares a personas inmigrantes, bajo un acuerdo con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés).

El presidente de los médicos, Carlos Díaz, indicó, por su parte, que hasta el momento han recibido 25 llamadas al Colegio (787-751-5979), que en su mayoría han sido para orientación. De estas, atendieron seis casos en sus hogares, mientras dos fueron orientadas para que fueran a un hospital.

Señaló que en las llamadas de orientación hubo casos de embarazada. Dijo que a estas se les recomendó asistir a un médico especializado.

“No ha sido mucho, pero hemos tratado de dar el servicio”, señaló Díaz, quien reconoció el temor de los inmigrantes a buscar servicios en las oficinas médicas.

Instan a ir al médico

Pero, lo más que urgió el secretario de Salud es a que las mujeres embarazadas no dejen de recibir sus servicios prenatales.

Sostuvo que la política establecida por la directora del HSI en la Isla, Rebecca González, “es que no van a estar entrando a hospitales y escuelas, que si eso fuera a cambiar, lo va a notificar”.

De hecho, el presidente del Colegio de Médicos señaló que también se reunió con González y esta le prometió que respetarían las facilidades médicas, incluyendo los laboratorios.

González, por su parte, expuso que la política pública del gobierno estadounidense prohíbe arrestar a mujeres embarazadas o que estén amamantando.

En general, “ICE (agentes del Servicio de Inmigración) no debe detener, arrestar ni poner bajo custodia a personas que se sepa que están embarazadas, en período posparto o amamantando por una violación administrativa de las leyes de inmigración, a menos que la liberación esté prohibida por la ley o existan circunstancias excepcionales”, informó la funcionaria.

Reiteró también lo ya informado por los doctores, en torno a que la agencia “no intervendrá en hospitales o centros de cuidado de salud”.

González explicó que, al momento, de hacer sus arrestos contra las personas de estatus migratorio no definido se toman en consideraciones “otros factores, como si un extranjero padece una condición médica grave, es el cuidador principal de menores u otras consideraciones humanitarias”.

“Cuando un extranjero no está sujeto a detención obligatoria o no se considera un riesgo para la seguridad pública o de fuga, ICE ejerce su discreción al tomar decisiones de custodia para liberar a extranjeros con condiciones. Estas decisiones de custodia se toman caso por caso y tras considerar la totalidad de las circunstancias, considerando principalmente el riesgo de fuga, la amenaza a la seguridad nacional y el riesgo para la seguridad pública”, explicó.

Miedo de estar en la calle

Pero, no se trata de que los agentes federales no hagan redadas en centros médicos.

La directora asociada de Taller Salud, Lourdes Inoa Monegro, comentó que las personas de estatus migratorio no definido temen estar en la calle. Señaló que lo que han detectado es que “no es seguro estar fuera de su casa. Es la realidad”.

Explicó que la situación que atravesó Aracelys Terrero Mota, sobreviviente de violencia de género y comerciante dominicana que fue detenida luego de que buscara una orientación en el municipio de Cabo Rojo, ha generado desconfianza. “El nivel de miedo es mucho”, aseguró.

Sin embargo, Ramos Otero señaló que se ha percibido el cumplimiento de esta política del HSI de no ir a centros médicos a buscar inmigrantes. Por ello, llamó a las mujeres embarazadas a no tener temor en acudir a ser atendidas.

“Que vayan a recibir sus servicios. Lo he dicho que hay dos leyes que protegen a los pacientes. Número uno, la Ley EMTALA (Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto), que son asuntos de emergencias. También está la ley estatal que es la equivalente a la federal, que cubre otras salas de emergencias que están en CDT y otros lugares, y la Ley HIPAA. O sea, tú no puedes darle información de un paciente, a menos que medie una orden de un tribunal, no es que vaya un agente. No es función de los profesionales de la salud ser agentes de Policías, agentes de migración. Ese no es nuestro trabajo”, precisó el titular.

El funcionario también comentó que los casos en que los pacientes en general han dejado de recibir asistencia adecuada y a tiempo se vivieron en la Isla por el huracán María, los terremotos y la pandemia del COVID-19.

“No hay razón para preocuparse. Hay leyes que los protegen. Ya eso de no ir a atenderse y permitir que se deteriorara la salud nos pasó con emergencias anteriores. Así que no queremos que nadie sufra un percance de salud y llegue a fallecer por cosas que debemos haber prevenido”, dijo Ramos Otero.