Dos promotores artísticos de renombre dejan correr el lápiz en los contratos que consiguen con los municipios. Inflan los precios de los artistas y grupos de la música autóctona y encima de ello, los hermanos Julio César y Alfonso Sanabria incumplen reiteradamente con la Ley 223, revela un análisis de varios documentos contractuales en poder de Primera Hora.

Las irregularidades en el manejo de fondos públicos -que podrían constituir violaciones de ley -son objeto de una investigación en la División Legal del Instituto de Cultura (ICP).

Algunos de los artistas, como Andrés Jiménez (El Jíbaro), Gary Núñez y Edwin Colón Zayas, desmintieron las cantidades que los Sanabria reclamaron haberles pagado por sus presentaciones en fiestas patronales y otras actividades artísticas entre 2007 y 2008, algunas de ellas por el doble de lo que realmente cobraron por sus concurridos espectáculos culturales. El caso de Colón Zayas parece ser el más escandaloso, ya que en el informe de Sanabria al ICP aparecía participando en un Encuentro de trovadores en San Sebastián al que nunca asistió.

En una carta enviada al ICP el 12 de febrero de 2008, el promotor certificó que varios trovadores participaron en el encuentro y que les pagó $400 a cada uno. Indicó que fueron acompañados por Colón Zayas y su Taller Campesino, quienes cobraron $3,000 por sus servicios.

Pero, Colón Zayas envió otra carta a la Oficina Legal del ICP negando la participación de su grupo en el evento. Varios también hicieron lo propio.

El cantante y compositor Raúl Muñiz se presentó con su grupo Estampas Pepinianas en la tarima de las fiestas patronales, pero quedó totalmente sorprendido cuando Primera Hora le preguntó si había cobrado $3,500, como dice el contrato.

“¡¿Cuántooo?! ¡¿$3,500?! ¡Dios mío! Usted no me asuste... Yo no soy El Gran Combo. Recuerdo que la actividad fue con los Sanabria y ellos pegaron a regatearme. Lo que me dieron no pasó de $1,300 y mire que yo llevo planillas y lo apunto todo”, sostuvo el trovador.

Para la actividad, el Municipio asignó un presupuesto de $156,600 y el gasto en música autóctona fue de unos $31,500, faltando otros $15,430 para que el promotor cumpliera con el 30 por ciento que exige la Ley 223. Otros contratos de los municipios de Hormigueros y Juncos tampoco cumplieron con el porciento establecido para la música autóctona.

La secretaria municipal, Damaris Montalvo, atribuyó las irregularidades a “una confusión” del promotor con otro evento de trova que tuvo en Mayagüez.

¿Pero en El Pepino hubo un encuentro de trovadores?

Yo no estaba ese día, pero me dicen que hubo una actividad de trovadores.

El alcalde Javier Jiménez dijo sin embargo que si Sanabria es multado por la actividad, no volverá a contratarlo. “Él le tendrá que responder al Instituto y al Municipio”, sostuvo.

En ese mismo contrato, Julio César Sanabria alegó haberle pagado $7,000 a Plena Libre por su participación en las fiestas patronales del Pepino, en enero de 2008, pero la manejadora del grupo, Valerie Cox, rechazó la cantidad y dijo que la suma real fue de $3,500.

En otro de los contratos examinados por este diario, el grupo de música típica Café Colao aparece cobrando $3,000 por dos presentaciones de una hora, en las fiestas patronales de Hormigueros. Según el contrato suscrito entre el alcalde Pedro J. García y Empresas Sanabria, Café Colao cotizó $1,500 por un show el viernes 31 de agosto de 2007 y otros $1,500 por una segunda presentación el 6 de septiembre de 2007.

“Me pagaron $500 por cada show y no fue en las fiestas patronales, sino en la tarima de la iglesia”, dijo el maestro de música y director del grupo, José Aponte, quien aseguró que se trata de un esquema premeditado. “Ellos (los Sanabria) firman un contrato con un alcalde y para cumplir con el 30 por ciento inflan el contrato y hasta ponen grupos fantasmas”, explicó el músico.

Julio César Sanabria contestó anoche una llamada de Primera Hora, pero dijo que no hablaría de los contratos.

“Lo único que puedo decir es que siento que todo lo que ha salido en los últimos meses en la prensa es una persecución. No voy a entrar en los contratos ni en nada. Es una campaña de persecución selectiva contra mí, mi hermano Alfonso y contra lo que representa nuestra familia en Puerto Rico”, dijo.