Ahora que el Tribunal de Distrito de Estados Unidos aprobó el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) del gobierno de Puerto Rico, y que se confirmó el Plan Fiscal enmendado, la atención de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para este año se concentrará en gran medida en lograr completar la restructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Carreteras y Transformación (ACT), según comentó en entrevista con este diario la saliente directora ejecutiva de ese ente fiscalizador, Natalie Jaresko.

Antes de anunciar ayer su renuncia al ente fiscalizador, que será efectiva el 1 de abril, Jaresko explicó que el enfoque de las próximas semanas será lograr que las disposiciones contenidas en esos planes “se hagan realidad” para el 15 de marzo próximo y entonces el gobierno pueda comenzar a pagar su deuda y procurar entrar en los mercados financieros, entre otras importantes metas.

“En el lado de (asuntos relacionados con) bancarrota, la primera meta es tener todo listo para que entre en efecto el 15 de marzo y que se haga bien. Eso incluye el intercambio de bonos, todo el dinero que hay que pagar, el dinero que hay que poner en las cuentas de Sistema 2000 (de retiro), la entrada al sistema del Seguro Social de maestros y jueces, todo eso tiene que ocurrir para el 15 marzo. Eso es lo primero: convertir en una realidad la confirmación del Plan, sacar esos bonos nuevos y ponerlos a cambiar. Número dos es la AEE y número tres la ACT. Queremos completar AEE y ACT para el final de este año calendario, y con eso acabamos con todas las bancarrotas bajo Título 3″, explicó Jaresko.

Comentó que, en el caso de la AEE, buscarían llegar a un acuerdo con la Legislatura para que apruebe unos aspectos relacionados con las negociaciones de restructuración de la deuda de la atribulada corporación pública, cuyo sistema de retiro también necesita financiamiento.

Ese posible acuerdo con la Legislatura, aclaró, no conlleva emisión de bonos, como fue el caso del acuerdo para la restructuración de la deuda del gobierno central. No obstante, conllevaría un aumento de tarifa de entre 2 a 4 centavos por kilovatio hora (kWh), algo que algunos legisladores podrían no ver con buenos ojos.

Sin embargo, si no hubiera acuerdo con la Legislatura, entonces pasarían a una negociación directa con grupos de acreedores de la AEE, en la que “no sabemos qué pueda pasar. Pueden decir sí o pueden decir que no. Y si dicen no, pueden ir ante la corte en Puerto Rico y exigir que le den las garantías” que tenían en sus acuerdos originales. Ese último, “sería el peor escenario”, y se traduciría en más dinero que tendrían que pagar los clientes de la AEE para poder saldar esa deuda.

Jaresko abundó que, incluso si los acreedores decidieran negociar, “no sabemos qué pasaría. Pero hay un gran riesgo” de que pueda terminar en un costo mayor a los 2 a 4 centavos por kWh.

Sea cual sea el escenario de negociación de la deuda de la AEE, Jaresko insistió que la JSF hará “nuestro mejor esfuerzo”, y que “la meta es completarlo en 2022″.

La restructuración de la deuda de la ACT, en cambio, está más adelantada. Jaresko explicó que “ya negociamos con los acreedores” y, aunque quedan algunas reclamaciones no aseguradas, la JSF “planea someter un plan de ajuste de la deuda a finales de marzo”.

Más allá de los asuntos relacionados a la bancarrota, Jaresko subrayó que otra parte importante del trabajo de la JSF este año será impulsar la puesta en práctica de mejores prácticas financieras y reformas estructurales en el gobierno, que están contenidas en el Plan Fiscal.

“En la parte que no implica asuntos de bancarrota, en el gobierno en particular, está la agenda de administración fiscal para asegurar que la Junta pueda terminar su trabajo que, una vez la Junta se vaya, quede una administración financiera en la que el pueblo de Puerto Rico pueda confiar. Lo otro es lograr implementar las reformas estructurales y hacer crecer la economía, de forma que, una vez nos beneficiemos de la predictibilidad que ofrece salir de la bancarrota y los fondos federales, que son montos históricos, salgamos con una economía más grande, más saludable y más competitiva, que pueda ofrecer prosperidad a más gente en Puerto Rico”, afirmó la directora ejecutiva de la JSF.

El Plan Fiscal contiene 12 puntos que la JSF ha fijado como meta para que el gobierno tenga una mejor administración de sus finanzas, ofrezca servicios mejores y más eficientes, facilite el establecimiento de negocios, contribuya a crear una mejor y más moderna infraestructura, entre otros aspectos que ayudarían a impulsar la economía de la Isla.

Este diario preguntó a Jaresko, tomando en cuenta los planes que expuso para 2022, cuán cerca estaba entonces el posible primer año de presupuesto balanceado del gobierno, de los cuatro consecutivos que exige la Ley Promesa federal como uno de los requisitos para la salida de la JSF, y la directora ejecutiva contestó que “estamos tan cerca como cuando todo eso se cumpla”.

En cualquier caso, no se podría dar por hecho hasta que todo el gobierno, incluyendo todas sus dependencias, complete sus estados financieros auditados. Sin embargo, se sostuvo en que “este podría ser el primer año” con un presupuesto balanceado.

En otro tema, Primera Hora preguntó a Jaresko, sobre el posible efecto en el Plan Fiscal de dos asuntos que están ocurriendo y que tienen impacto en la economía: la inflación y la drástica baja en la natalidad. Jaresko comentó que ambos aspectos están incluidos en los estimados que hace la JSF. Detalló que, en el caso de la inflación, el Plan Fiscal tiene la información actualizada, tomando en cuenta tanto las proyecciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, como las proyecciones para Puerto Rico. Agregó que, en 2024 se acaba la congelación del ajuste inflacionario en los salarios y se ajustan a partir de 1.7%.

De igual forma, explicó, el Plan Fiscal contempla los datos de la tendencia a una disminución en la natalidad, que se proyecta continúe por los próximos años. Sin embargo, acotó que se espera que, con la mejora paulatina que se proyecta tendrá la economía de Puerto Rico, haya más empleos disponibles y más personas se integren a la fuerza laboral, así como también más personas regresen a la Isla a aprovechar esos empleos. De esa manera, la economía se balancearía y no se vería un efecto de insuficiencia de fuerza laboral como resultado de la tendencia de disminución en la natalidad.

Por otro lado, Jaresko abordó el tema de las protestas que están ocurriendo o anunciándose esta semana entre sectores de empleados públicos, como el magisterio y los bomberos, y lamentó que esté sucediendo algo así luego que en la nueva versión del Plan Fiscal justamente se incluyan aumentos salariales a empleados públicos.

“A quien afecta esto es al pueblo de Puerto Rico. Es triste que esto venga como resultado de los anuncios que hicimos el jueves (de la semana pasada) de importantes aumentos salariales”, afirmó Jaresko, con evidente frustración.

“Anunciamos un aumento de 20% en el salario de los maestros, eso son $5,640 al año. Y anunciamos el tercer aumento, el tercero en tres años, para los bomberos, el tercero de $1,500 en tres años, o sea que son $4,500 en tres años”, añadió.

“Y la razón por la que digo que es una situación triste es porque el desafío es este: acabamos de salir de la bancarrota y hacemos una enorme inversión en el servicio civil, aumentos para oficiales correccionales, bomberos, maestros, la implementación del sistema de remuneración uniforme para todos los demás empleados, son cientos y cientos de millones de dólares, y es la primera vez desde el 2013 que muchas de estas personas ven un aumento. Y no se le puede destinar todos los recursos a un solo grupo. Hay que hacer un balance, hay que ser justos. Todo el mundo está atravesando problemas de bajos salarios. Y claro que tenemos que subir los salarios. Pero, logramos un tremendo avance, y todo el mundo quiere protestar, en vez de trabajar juntos para progresar y dar el próximo paso adelante”, condenó Jaresko.

Lamentó que los estudiantes fueran a la escuela para encontrarse con que no había maestros y denunció que eso no ayuda a nadie. Cuestionó si tomaban en cuenta qué efecto tendría eso en los padres, si tenían que quedarse en casa con los hijos, dejar de trabajar, buscar otra escuela, reducir la cantidad de estudiantes en escuelas públicas, reducir los fondos para el sistema de educación pública o algún otro escenario con un efecto nefasto en el sistema de educación.

“Si la gente cree que debemos invertir más en salarios ahora, pues tienen que mirar a los ingresos, tienen que pensar en aumentar el tamaño de la economía. No se puede hacer todo con el dinero que tenemos, hay que buscar un balance. O si no, hablemos de cómo hacer crecer la economía, de cuánto se paga en impuestos, de si hace falta un balance diferente. Ese debe ser el debate. Y no tengo la respuesta. Pero ese es el debate que debe ocurrir en la Legislatura, en la sociedad civil, cómo logramos más ingresos, cómo hacemos crecer la economía. Porque no se puede hacer todo con más gastos. No hay más nada que se pueda recortar para aumentar los salarios. Ahora mismo, hay que enfocarse en lograr un crecimiento económico para poder aumentar los salarios”, insistió.

Jaresko también abordó las quejas relacionadas con el financiamiento a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y sostuvo que, aunque nadie está pensando en cerrar recintos, la UPR tiene que hacer cambios en la manera en que maneja su presupuesto, como cualquier familia que hace ajustes a sus gastos y su presupuesto.

“Ahora mismo, tienen 11 departamentos de contabilidad, 11 departamentos de compras. Simplemente pueden ahorrar en esa cantidad de oficinas administrativas para poner el dinero en los maestros y los estudiantes. De eso se trata el plan fiscal”, afirmó la directora ejecutiva.

Agregó que la UPR también tiene que buscar la manera de aumentar sus ingresos, buscar respaldo de sus exestudiantes como hacen otras universidades, revisar sus propiedades y el uso que les dan, si están aprovechando esas bienes raíces y generando ingresos.

“Tienen que lograr más ingresos. Es algo natural. Y no se trata de dinero de la matrícula estudiantil. Tienen que buscar otras fuentes”, insistió.

Recordó que este año, la UPR tendrá incluso más fondos en respuesta a una solicitud de la Legislatura para que se mantuviera más alto el financiamiento cuando aprobaron la Ley 63.

“Así que lo que vemos son gente que se está quejando, cuando en realidad están recibiendo más de lo que había en el Plan Fiscal anterior, porque eso es lo que se logró en las negociaciones”, reiteró.