Ponce. El Frente en Defensa de las Pensiones e integrantes de la campaña Construyamos Otro Acuerdo demandaron a la gobernadora Wanda Vázquez, al Comité Oficial de Retirados (COR) y a la Junta de Supervisión Fiscal a que desista del recorte a los jubilados, se cancele la deuda y que los $8.7 millones ya reducidos sean utilizados en la protección de sus pensiones y la reconstrucción del país, actualmente en estado de emergencias por los recurrentes sismos registrados en la zona sur.

A tono con las recientes declaraciones tanto de Vázquez como de la alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez, hoy desde el parque de Las Delicias, en la Ciudad Señorial, miembros de ambas organizaciones aseguraron que lo que verdaderamente les “haría feliz” a los pensionados del sur es la cancelación de la deuda. La reacción alude a las recientes expresiones de Vázquez, quien señaló en una entrevista para un medio internacional que los refugiados del sur estaban “felices” en los campamentos, al tiempo que ayer Meléndez dijo en una entrevista radial que los damnificados de Ponce estaban contentos de vivir bajo carpas.

Manifestaron que actualmente, a alrededor de 600 retirados en el área sur, además de enfrentar las diferentes situaciones provocadas por los temblores, les inquieta saber el futuro de sus pensiones.

“Lo que queremos es llamar la atención sobre las condiciones en que viven los pensionados de la zona sur luego de que estos sismos y hacer un reclamo a la gobernadora y la Junta de Control Fiscal que es otra oportunidad que tienen de cancelar la deuda para proteger las pensiones y dedicar el dinero que este país produce para reconstruir nuestra Isla”, sostuvo Sonia Palacios, retirada del Departamento de Justicia y portavoz de Construyamos Otro Acuerdo.

La pensionada del Departamento de la Familia, Brunilda Antonetty, por su parte, dejó claro que “la gente de Ponce ni estamos felices, ni nos gusta vivir en carpas”.

“Nosotros hemos atravesado por esta situación de los sismos y hemos tenido que dejar nuestras casas e irnos a agrupar en salas y marquesinas, en parques, protegiéndonos y darnos ánimos para sobrepasar la situación. Estamos ansiosos y tristes. Queremos dejar esto claro; que nadie vaya a tener un mal concepto de que estamos de fiesta y de party. Estamos pasando una situación bien difícil en toda el área y cada vez que tiembla vienen esos sentimientos nuevamente. No sabemos hasta cuándo y hoy nosotros hemos decidido retomar la lucha”, dijo.

“Hay otras situaciones que también nos van a afectar y es el recorte de nuestras pensiones. Estamos pidiendo que se audite la deuda, que se cancele y se haga un alto. Tanto la gobernadora como la alcaldesa piensan que ‘estamos felices’, eso es lo que nos haría felices a nosotros, poder tener la cancelación de la deuda y poder tener nuestras pensiones sin que se nos toquen. No podríamos tener otro desastre más en nuestras vidas, ya tenemos este y no podemos controlarlo, pero ese sí lo podemos controlar, está en las manos del gobierno, de todos los que pueden tomar decisiones”, puntualizó.

El maestro jubilado Emilio Nieves, quien es portavoz del Frente en Defensa de las pensiones, sostuvo que con la situación provocada por los sismos que se experimentan desde el 28 de diciembre queda en evidencia “lo que sufren los pensionados luego de los sismos”.

“Estamos en el sur, porque en el sur se dramatiza lo que sufren los pensionados. Luego de estos sismos que se agudizaron con el del 7 de enero, y todas las réplicas que han continuado, ha quedado retratado ante el país lo que sufren los pensionados, por eso es que uno de los llamados que hacemos desde Ponce es a la gobernadora y al Comité Oficial de Retirados (COR) a que desistan de su apoyo al Plan de Ajuste de la Deuda porque la situación sísmica ha puesto (en evidencia) la vulnerabilidad de los pensionados y de todo el país con relación a sus viviendas y con relación a las escuelas en Puerto Rico, por eso es este llamado a la gobernadora y a la Junta de Control Fiscal el reclamo para se cancele la deuda”, sostuvo.

Aseguró que el país se encuentra ante una emergencia nacional y el gobierno tiene que actuar. De igual manera, planteó que ya a los pensionados se les hizo un recorte de $1,500 anuales cuando se eliminó la aportación al plan médico.

“Eran $100 mensuales, el bono de Navidad y el bono de medicamento que totaliza $1,500 anuales, que en la pensión representa una reducción de un 6% a un 10%. Ya el efecto de una reducción ya se hizo a los pensionados injustamente, por eso es que cualquier amenaza a la reducción de las pensiones debe desaparecer y en una emergencia como la que estamos padeciendo, apuntamos a lo que se ha ahorrado por el gobierno de Puerto Rico para pagar la deuda. Estamos hablando de $8.7 billones y que en una emergencia como la que estamos pasando es el fondo necesario para no tocar pensiones, para reconstruir viviendas y para reconstruir las alrededor de 500 escuelas”, dijo.

Según el acuerdo anunciado, que aún debe ser ratificado por el tribunal, las pensiones de más de $1,200 mensuales sufrirían un recorte de 8.5%. Actualmente, en la Isla existen alrededor de 170,000 pensionados.

Palacios denunció que esos $8,000 millones, la Junta los quiere “para aumentar la cantidad de dinero que le van a pagar a buitres, a ricos y a millonarios que han comprado nuestra deuda a precio de pesca’o abomba’o y ahora quieren recuperar lo que dice el papel que es la deuda”.

“Mire, mi hermano, ustedes están en el negocio de los riesgos y cuando hubo bonanza cobraron y cuando hubo bonanza el país le pagó. En este momento, ese dinero no es de ustedes, ese dinero es de nosotros. Es inconcebible que (el gobierno) haya escondido suministros y que ahora el dinero que tenemos, que es dinero dizque ahorrado por el sacrificio de nosotros, que es similar a la esclavitud, se vaya a utilizar para pagar a los bonistas. No es para eso que ese dinero se debe de usar”, apuntó.

En tanto, invitaron a los pensionados a unirse la Asamblea Nacional de Pensionados donde se discutirá las propuestas en defensa de un retiro digno el próximo sábado, 22 de febrero, en el Estadio Pedrín Zorrilla, en San Juan. No obstante, este viernes, frente a la Fortaleza se unirán al reclamo de la renuncia de la gobernadora, despedirán el mes y continuarán su reclamo por la cancelación de la deuda.