El juez superior de San Juan Oscar Dávila Suliveres ordenó so pena de desacato a Jorge Irizarry Herrans, presidente del Banco Gubernamental de Fomento, comparecer a una citación de la Cámara de Representantes.

La comparecencia será el 30 de julio y se produce en virtud de la Resolución de Cámara 8160 que busca información sobre los contratos del gobierno con varios bufetes de abogados que defienden al Gobernador en el caso federal.

La orden judicial obliga a Irizarry Herrans a "llevar consigo todos los documentos requeridos de forma específica y detallada en el escrito".

El lunes la Cámara de Representantes presentó el recurso legal solicitando que se ordene a varias agencias públicas y municipios que sometan a ese cuerpo copia de facturas y pagos por contratos que han hecho a esos bufetes.

Las agencias emplazadas en la demanda fueron el Banco Gubernamental de Fomento, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de los Puertos, así como los municipios de Carolina y Humacao, dominados por el Partido Popular Democrático.

Las medidas presentadas por Aponte concedían a estas agencias y municipios un plazo de 10 días para que presentaran la documentación solicitada.

Según el presidente cameral, José Aponte, desde el 12 de junio presentó dos resoluciones reclamando a las agencias que presenten los contratos, facturas y pagos que han hecho a los bufetes Law Offices of Pedro Ortiz Alvarez, PSC y al licenciado Pedro Ortiz Alvarez, así como al Bufete Sidley Austin Brown & Wood, LLP, y a Sidley & Austin, donde labora el abogado Thomas Green.

La petición judicial es para que se ordene la entrega de documentos bajo apercibimiento de desacato.

Las medidas presentadas por Aponte concedían a estas agencias y municipios un plazo de 10 días para que presentaran la documentación solicitada.

La Cámara busca establecer si se está violentando la Ley de Etica Gubernamental y la Ley de Reforma Fiscal al contratar con fines públicos los bufetes de los abogados que defienden en el plano personal al Gobernador en el caso federal por corrupción que se lleva en su contra.