Los argumentos presentados por las representantes legales del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) para sustentar su solicitud de desestimación al recurso legal que presentaron el municipio de Vega Alta y varias comunidades y ciudadanos por lo que consideran una tala indiscriminada en el balneario de Cerro Gordo no tuvieron éxito y la controversia legal se verá en corte la próxima semana.

Durante una vista virtual que tuvo lugar esta mañana, las abogadas del gobierno, Ashley Carrillo y Lorna Rivera, sostuvieron ante la jueza Sarah Y. Rosado Morales, del Tribunal de Bayamón, que no había razones válidas para dar paso a la demanda contra el DRNA y el DRD por lo que los demandantes han descrito como “masacre ambiental”, ya la tala de cientos de árboles y palmeras se había hecho de manera correcta y luego que expertos estudiaran el área y presuntamente determinaran que esos árboles cortados estaban dañados y podían caer y causar daños a las personas que visitan Cerro Gordo.

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Sostuvieron, además, que los demandantes no emplazaron debidamente a las agencias, carecían de legitimación para demandar, no habían probado que hubiese ocurrido un daño irreparable, y reclamaron que no habían agotado todos los remedios disponibles en el DRNA antes de acudir al tribunal a pedir un recurso extraordinario.

“Aquí hay ausencia de daño irreparable. Tienen todavía recursos disponibles y deben agotar esos recursos. Así que entendemos que procede la desestimación”, afirmó Carrillo.

La representación de las agencias demandadas alertó, además, que emitir una sentencia contra ellas supondría poner en riesgo acuerdos interagenciales y fondos de FEMA (Agencia Federal de Manejo d Emergencias) cuyo término de disponibilidad está próximo a vencer el 30 de noviembre y se perderían si no se usan antes de esa fecha.

Las abogadas indicaron que, si el tribunal daba paso a su relamo de desestimación, podían reanudar al día siguiente las labores de tala y remoción de escombros, que están detenidas en estos momentos, mientras se resuelve la controversia.

Sin embargo, en su turno el abogado Pedro Ortiz Álvarez, quien representa los demandantes junto a Humberto Berríos Ortiz, contraatacó y puso en entredicho los puntos levantados por Carrillo y Rivera.

Ortiz dijo estar “genuinamente sorprendido” de que dijeran que no se emplazó debidamente y repasó que el emplazamiento se le entregó a la licenciada Wendimar Burgos en el Departamento de Justicia, que es la persona que recibe ese tipo de documentos.

“No creo que esperaran que se emplace a la secretaria de Justicia personalmente. Llevo 46 años litigando y nunca he tenido la suerte que me haya atendido el secretario. Si la secretaria auxiliar de litigios no está autorizada a recibir litigios a nombre de la secretaria, ¿pues entonces quién lo puede hacer?”, cuestinó Ortiz.

El abogado argumentó además que, por tratarse de una moción de desestimación, “la parte demandada tiene que partir de que todo lo que dice la demanda es cierto”, y presentar prueba en contra. “Esencialmente nos están diciendo, es que tenemos un estudio, y un experto, y estamos haciendo las cosas bien. Pero eso no es así. Tienen que presentar sus testigos y desfilar la prueba. Y para eso estamos listos”.

En cuanto a la legitimación para demandar, el abogado indicó que se trata de un caso de interés público luego de un daño claro y palpable contra recursos naturales, que están protegidos bajo la Constitución. “Esto es un recurso natural, del pueblo, y claro que hay derecho a pedir remedio”.

Argumentó además que ya el Tribunal Supremo federal en un caso de 2007 resolvió que un municipio representa a su gente y pueden hacer planteamientos a nombre de las comunidades. Agregó que en la misma legislación que da paso al DRNA “se le reconoce a las comunidades un aprecio en la estimación de los recursos naturales”.

Igualmente abordó el tema de los remedios y cuestionó la premisa de que “si la demanda es contra el DRNA, ¿cómo me dices que vaya allí a donde ellos a pedir el recurso? ¿Si la demanda es contra el DRNA, cómo va a ser un procedimiento adecuado ir donde el demandado a pedir el recurso, cuando ellos dicen que todo lo hacen perfecto?”, sostuvo Ortiz.

En cuanto al asunto del daño irreparable, el abogado de los demandantes cuestionó cómo se podía indicar siquiera que no se mostraba cuando habían talado cientos de árboles. “¿Cómo que para el estado no hay daño irreparable? Si estamos diciendo que ya no hay árboles, y además nos anuncian que se van a llevar más”.

Fustigó además al DRNA al destacar que “la política del estado debe estar orienta a la protección de los recursos naturales y el secretario debe ser custodio de eso. Y así está en la Constitución y en los reglamentos de la agencia. Y eso se tiene que respetar”.

“Y vamos a citar al funcionario de FEMA que dijo que eran solo 14 los árboles que iban a cortar. Si con todo lo que han hecho, no se han llevado ya esos 14 árboles, pues de verdad que yo no sé”, sostuvo Ortiz.

El abogado reclamó, además, que, a pesar de que la jueza emitió una orden para que el DRNA entregara los estudios que alega tener de un perito que justificarían la tala, aún no lo han hecho, a pesar de que se supone que los tuvieran listos. “Dicen que no confíen en chismes, que el perito de ellos es el mejor. Pues entonces yo quiero tener a ese perito bajo juramento. Dijeron que tienen estudios, que es una cosa maravillosa, pues que los muestren. No hay razón para esperar. Y nosotros tenemos nuestro perito”.

Ortiz cuestionó además que el DRNA hubiese colocado letreros y barreras en Cerro Gordo impidiendo el paso del público y culpando al municipio por eso. “Es algo impactante. El Departamento colocó barreras y letreros en el área, a pesar del proceso judicial. Eso se llama represalia. Y lo dejan bien claro porque lo dice, que como radicaron una demanda no pueden entrar”.

En su turno de réplica las abogadas tuvieron que admitir que en efecto se había hecho el emplazamiento y que la licenciada Burgos era la persona indicada para recibirlos.

Argumentaron además, refiriéndose al tema de daño permanente, que “según muchos arboristas, los árboles son recursos naturales renovables. Son seres vivos que nacen y mueren”.

Sostuvieron que “tenemos conocimiento de la orden (de la jueza) y vamos a emitir los documentos, según los provea nuestro cliente”.

Indicaron que los letreros “nos dicen que fue requerimiento del alcalde (de Vega Alta, Oscar Santiago), que fue un acuerdo de una reunión con él para advertir que allí hay un proceso”.

“Pero previo a este proceso judicial el paso era libre”, cuestionó la jueza Rosado.

El abogado Ortiz acotó que “eso es falso. El alcalde sí tiene preocupación con los escombros y que se adviertan que están allí, pero para nada que se interrumpa el paso. Es un absurdo que se le impida el paso a la gente”.

Finalmente, la jueza sostuvo que “entendemos que, dando como ciertas las alegaciones bien hechas de la demanda, no procede desestimar la demanda. Debemos dar a la parte demandante la oportunidad de demostrar” su caso.

En cuanto al asunto de legitimación activa, la jueza sostuvo que entendía que el acalde y los codemandantes, entre los que se incluye a residentes del área y usuarios de las instalaciones, “no encontramos qué otra persona podría tener legitimación activa por este tipo de alegado daño ambiental, si no le reconocemos legitimación a las personas que viven en esa comunidad y han sido testigos de los alegados daños… Entendemos que deben tener derecho a su día en corte, y que luego se determine si tienen o no razón”.

La jueza citó el caso para próximo jueves 15 de septiembre en la tarde, y separó también la fecha del viernes 16 para una posible continuación del caso, considerando a celeridad que amerita.

Además denegó la solicitud de prórroga para la entrega de documentos que pidieron las abogadas del DRNA y el DRD y ordenó que permitieran la entrada a los predios afectados del perito de los demandantes.

Sin embargo, dijo que el tribunal no estaba en posición de emitir juicio en estos momentos sobre el cierre de áreas al público. No obstante, previamente se aclaró que al acceso al balneario no está limitado, sino a ciertas áreas recreativas.