La jueza de Mayagüez Giselle Romero García desestimó una demanda incoada por un desarrollador que cuestiona la "legalidad" de 24 casas de veraneo que lanzan sus descargas sanitarias a la playa Buyé de Cabo Rojo y el deber de vigilancia y conservación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en ese caso.

El ingeniero Fernando Sumaza Díaz, presidente de Buko Development, lamentó la determinación de la jueza por entender que empeorará la situación de las aguas de esa playa caborrojeña.

Según Sumaza Díaz, cuya firma desarrolla un complejo de apartamentos en esa área, desde el 1985 viene reclamando infructuosamente a agencias gubernamentales como el DRNA que actúen sobre las 24 casas de veraneo.

"Los dueños de las estructuras en la playa Buyé gozan de total impunidad, el tribunal no los quiere tocar y el Departamento de Recursos Naturales por sí solo no actúa", expresó en declaraciones escritas entregadas a Prensa Asociada.

"Esa playa no es apta para bañistas porque los dueños de las casas siguen descargando al mar los pozos ilegales que han establecido", acotó.

El desarrollador solicitaba al tribunal que se ordenara la demolición de las estructuras.

El 20 de julio, la Junta de calidad Ambiental (JCA) declaró a la playa Buyé no apta para los bañistas tras arrojar un alto contenido de colonias de bacterias enterococos.

Sin embargo, ese fin de semana Prensa Asociada pudo observar a familias completas metidas en esa playa. Ello ante la mirada de personal del Cuerpo de Vigilante del propio DRNA.

Sumaza Díaz dijo que ya radicó una querella ante el Procurador del Ciudadano para que asuma jurisdicción en el caso y otra ante agencias como la Autoridad de Energía Eléctrica que brindan servicio a las estructuras presuntamente "ilegales".

Las casas veraniegas reciben agua potable a través de camiones del municipio de Cabo Rojo.