La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) le solicitó formalmente al gobierno de Puerto Rico toda la documentación relacionada con la fallida compra de un millón de pruebas de Covid-19 a través de la empresa Apex General Contractors LLC.

En una carta enviada al gobierno, la Junta indica que desde que surgieron los primeros reportes de prensa sobre la millonaria transacción el pasado 5 de abril han intentado obtener información sobre esa y otras transacciones.

A esos efectos, indican, se comunicaron con el gobierno el 6 y el 9 de abril, solicitando la documentación relacionada al contrato de Apex y su cancelación y rembolso. La respuesta no ha sido clara en lo que respecta al pedido de información adicional sobre la autorización y aprobación dentro del proceso de solicitud y toma de decisiones.

Explica la JSF que el gobierno en su última carta de respuesta indica que “el amplio pedido de la Junta sobre ‘cualquier comunicación’ relacionada a esfuerzos de contratación de suministros médicos supone una carga financiera y administrativa innecesaria sobre el Gobierno en momentos de una emergencia global”, y ofrecieron hacer disponible a ciertos funcionarios para que explicaran de manera oral la situación.

Al parecer, esas transacciones se hicieron bajo órdenes ejecutivas emitidas a raíz de los terremotos y la actual emergencia sanitaria, que expresamente exime a la Rama Ejecutiva de seguir los requisitos de los procesos de contratación gubernamental. Como se sabe, agrega la JSF, en “nuestras cartas sobre la revisión de dichas órdenes ejecutivas fuimos claros" en que las exenciones a Rama Ejecutiva de los requisitos establecidos para los procesos de contratación en el gobierno tenían que ser consistentes con los principios de gobernanza fiscal, responsabilidad y controles internos en aras de aliviar las preocupaciones sobre fraude, despilfarro o abuso, así como también debía existir un proceso que asegurara la transparencia y responsabilidad fiscal.

Con todo eso en cuenta, exige la JSF, “tenemos que insistir en que se nos entregue la información solicitada en nuestra carta del 12 de abril de 2020”.

“Aunque entendemos las difíciles circunstancias bajo las cuales estamos trabajando todos, este es un asunto de máxima importancia relacionado con nuestro mandato y con los intereses del pueblo de Puerto Rico. Les exhortamos que entreguen la información solicitada de manera voluntaria a más tardar el 20 de abril de 2020 para evitar cualquier proceso judicial costoso e innecesario”, indica la Junta.

En particular, detalla la JSF, la información solicitada es:

“Cualquier contrato, incluido pero sin limitarse a órdenes de compra, que no se hayan entregaod a la JSF, ya sea bajo nuestra política o bajo la Orden Ejecutiva 2020-24. Al día de hoy, la Junta solo ha recibido copias de contratos de servicios profesionales de Puerto Rico Innovation and Technology Service y la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción (Assmca). Por ejemplo, no hemos recibido copias de documentos relacionados a compras de 313 LLC, otra entidad que se alega hizo contratos con el gobierno para compra de equipos médicos”.

“Con respecto al contrato y la orden de compra relacionada para los kits médicos de COVID-19 de Promedical entre la Administración de Servicios Generales de Puerto Rico y Apex General Contractors LLC, por favor, sometan cualquier comunicación escrita relacionada al proceso de solicitud y compra, ya sea electrónica o de cualquier otra forma, así como lo relacionado a la negociación, ejecución y actuaciones subsiguientes”.

El contrato con Apex al que hacer referencia la JSF es una fallida compra de un millón de pruebas de Covid-19, por valor de $38 millones, que no se concretó. Esa transacción ha sido cuestionada por entenderse que estuvo llena de irregularidades.