El Departamento de Justicia impugnó hoy la capacidad del Ombudsman para demandar a agencias gubernamentales que aprobaron reglamentos que regulan a pequeños y medianos comerciantes sin que se hayan sometido a la jurisdicción de esa agencia como lo exige la ley.

El juez superior de San Juan Carlos Dávila Vélez se reservó el fallo porque dijo que necesita tiempo para evaluar el escrito.

El magistrado señaló una vista de seguimiento para el 10 de julio.

Dávila Vélez ya había declarado "no ha lugar" una moción del Departamento de Justicia para que se consolidaran nueve demandas contra agencias de gobierno presentadas por la Oficina del Procurador del Ciudadano.

El ombudsman, Carlos López Nieves, demandó a las agencias por alegado incumplimiento de la Ley de Flexibilidad Administrativa y Reglamentaria para el Pequeño Negocio, que obliga a las agencias a someter ante su oficina los reglamentos que contemplan imposiciones de multas a los pequeños y medianos comerciantes por infracciones.

El estatuto se aprobó en diciembre de 2000, bajo la última administración de Pedro Rosselló.

Esa ley concede jurisdicción al Ombudsman para examinar los reglamentos que imponen las agencias y que regulan a los pequeños y medianos comerciantes. Las agencias demandadas, según el recurso presentado por López Nieves, no le reconocen a su oficina jurisdicción para esos fines.

Dávila Vélez verá las demandas presentadas contra los departamentos de Hacienda y Recursos Naturales y Ambientales, la Junta de Planificación y la Compañía de Turismo.

Los casos contra los departamentos de Salud, Estado y Educación, así como la Autoridad de los Puertos y la Administración de Reglamentos y Permisos (Arpe), los atenderá el magistrado Oscar Dávila Suliveres, quien tiene una vista señalada para el jueves, informó el abogado del Ombudsman, Hiram Pagani Díaz.

Varias organizaciones de pescadores de la región noroeste del país se unieron al pleito y acudieron a la sala con su representante legal, Rafael Ramos.

Fuera de sala, Ramos aseguró que los pescadores se han visto seriamente afectados con la implantación del un reglamento de Recursos Naturales que prohibió la utilización de chinchorros, que son redes de pesca operadas por seis o más pescadores. Ese reglamento siguió como modelo la pesca como se practica en el estado de la Florida, donde no se utilizan los chinchorros.

Entre las organizaciones de pesca, están la Asociación la Villa del Ojo, de Aguadilla; la Federación de Pescadores de Barrio Higüey, la Asociación de Pesca del Barrio Jarealito de Arecibo, y los Chinchorreros de Rincón.

Andrés Badillo, presidente de la Federación de Pescadores de Higüey, denunció que el DRNA les ha quitado la licencia a pescadores que llevaban entre 20 y 30 años ejerciendo ese oficio y que le han confiscado equipo y chinchorros afectando así su capacidad para generar ingresos y proveer sustentos a sus familias.

Citó como ejemplo que el DRNA impone multas de 5,000 dólares a dueños de "yolas" valoradas entre $1,000 y $1,200, por lo que los pescadores no las pueden pagar.

"Aplican una ley arbitraria porque los tiempos malos empiezan de septiembre en adelante... por ejemplo, pescadores que no llegan al tope de 20% (de pesca) y hacen 18% los multan, pero no toman en cuenta el mal tiempo", dijo Badillo.

Indicó que el tiempo productivo de pesca es entre mayo y agosto.

"Y bueno entre comillas porque ahora mismo la mar está brava y las corrientes han sido malas y los pescadores muchas veces no pueden salir", destacó.