La junta de Supervisión Fiscal (JSF) anunció hoy un nuevo acuerdo con algunos acreedores que reduce la deuda de Puerto Rico en $11,400 millones, y también reduciría “significativamente” el pago anual del servicio de deuda a $1,150 millones.

El acuerdo, con bonistas de Obligaciones Generales (GO, en inglés) y de la Autoridad de Edificios Públicos, reduciría $18,800 millones de la deuda en 61%, a un monto de $7,400 millones.

Asimismo, reduce el servicio total de pago de la deuda en un 62%, de un estimado de $90,400 millones bajo el acuerdo original, a $34,100 millones bajo este nuevo acuerdo, que incluye también el principal e intereses de los bonos de COFINA (Corporación del Fondo de Interés Apremiante), que es el mecanismo creado para manejar el IVU (Impuesto sobre Ventas y Uso). De igual manera, reduce el pago del servicio anual de deuda de $4,200 millones que estipulaba el acuerdo original, a $1,150 millones.

David Skeel, presidente de la JSF, calificó el acuerdo como uno “justo, sostenible, de consenso” y que con toda probabilidad es “lo mejor que se podía lograr”.

Bajo el acuerdo, explicó la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, los bonistas recibirían unos 7,000 millones en efectivo y el gobierno emitiría unos $7,400 millones en bonos nuevos, a cambios de que se retiren demandas que los bonistas tienen contra el gobierno. Comparó el componente del pago en efectivo dentro del acuerdo a lo que pasaría con una hipoteca convencional, cuando “mientras más alto es el pago inicial, menos tienes que pagar en el futuro”.

“Añadimos más efectivo para poder reducir la deuda hoy, y de esa forma bajar los pagos anuales de servicio de deuda más de lo que se había bajado en acuerdos previos. Y esa decisión hizo tomando en cuenta que el plan fiscal certificado 2020 proyecta que a Puerto Rico le va a tomar más tiempo recuperarse de los efectos de la pandemia. Puerto Rico pone más efectivo ahora, para que tenga menos que pagar en el futuro. Las futuras generaciones tendrán menos responsabilidades de pago”, afirmó Jaresko.

Además, en el acuerdo se incluye un mecanismo conocido por sus siglas en inglés de CVI (Instrumento de Valor de Contingencia) que les otorgaría más dinero a los bonistas si la economía de Puerto Rico crece por encima de lo proyectado en el pan fiscal certificado del 2020.

Según explicó Skeel, este CVI permitió bajar aún más la deuda, el mismo repartiría las ganancias de ese posible buen desempeño económico entre los acreedores y el gobierno. Sin embargo, si la economía se desempeña según lo proyectado, o no tiene un buen desempeño, los acreedores no recibirían nada adicional.

“Si la economía de Puerto Rico crece más de lo proyectado en el plan fiscal certificado 2020, solo si crece más, se divide ese incremento entre el gobierno de a Puerto Rico y los acreedores. Si a Puerto Rico le va muy bien en los próximos años, se les paga a los acreedores. Si no le va bien, no se les paga”, comentó Skeel.

El CVI usa como base para la medida de desempeño el 5.5% del IVU que se destina al pago de los bonistas de COFINA. Si el gobierno recauda más de ese 5.5% proyectado, los acreedores recibirán el 45% de ese incremento, sujeto a un límite anual de $400 millones y un límite de $3,500 millones por la extensión de 22 años del término del CVI. Para el CVI no se usará ninguna otra fuente que no sea el 5.5% de COFINA.

“Una reducción sustancial de la deuda, y un aumento de la cantidad a pagar ahora, en vez de tener unos pagos más altos de servicio de deuda más adelante, le dan estabilidad a Puerto Rico y eliminan el peso de pagos de deuda excesivos que recaería sobre futuras generaciones”, comentó Natale Jaresko, directora ejecutiva de la JSF.

Al bajar los pagos anuales de servicio de la deuda a $1,150 millones, “se liberan más de $3,000 millones anuales para que el gobierno pueda usar en servicios que la gente necesita y merece”.

De acuerdo con la JSF, antes de la aprobación de la Ley Promesa federal, bajo la cual se dispuso la JSF, 30 centavos de cada dólar que recibía el gobierno por impuestos y tarifas, iban a los acreedores. Con el nuevo acuerdo, los pagos anuales se reducen a menos de 8 centavos de cada dólar recaudado.

El nuevo acuerdo fue respaldado por de manera unánime por los miembros de la Junta. También fue respaldado por los tenedores de más de $11,700 millones en bonos de varios grupos.

Según los directivos de la JSF las negociaciones con otros grupos de acreedores continúan y son “una prioridad”, y esperan que más bonistas se unan al acuerdo en próximos días.

Skeel explicó que, durante el proceso de medicación, se trabajó bajo cuatro principios para que el acuerdo de restructuración fuera lo más realista posible, todos los cuales se lograron con el acuerdo.

En primer lugar, buscaban lograr un consenso con la mayor cantidad de bonistas posible. Este acuerdo está respaldado por más del 60% de los bonistas, lo que Skeel calificó como “una victoria importante” para el equipo mediador.

En segundo lugar, el acuerdo “se ajusta a la nueva realidad postpandémica”, toda vez que tanto la deuda como el servicio de la deuda se bajaron significativamente, de manera que reflejen todo el daño que ha recibido la economía de Puerto Rico por la pandemia y los desastres naturales que le precedieron.

En tercer lugar, “es un acuerdo justo, que otorga a los bonistas pagos que nosotros creemos que Puerto Rico está en condiciones de poder hacer en los próximos años, al mismo tiempo que quita un peso importante de responsabilidad para las próximas generaciones”.

Y por último, “creemos que este es un acuerdo que lo resuelve todo de una sola vez”, junto a otros acuerdos logrados con otros grupos como el Comité Oficial de Retirados y algunos sindicatos, que siguen siendo parte del Plan de Ajuste que la JSF pretende someter para el 8 de marzo.

“Creemos que este plan va a resolver la insolvencia Puerto Rico de una vez y por todas. Así que creemos que este en momento muy, muy importante en la recuperación de Puerto Rico”, sostuvo Skeel.

El acuerdo será parte del plan de ajuste fiscal enmendado que la JSF presentará ante la corte el próximo 8 de marzo, para que luego vaya a vistas públicas, proceso en el que podría ser enmendado. Jaresko sostuvo que espera “que la corte confirme el plan en algún momento del otoño (septiembre a noviembre) de manera que Puerto Rico pueda salir de la bancarrota antes de que acabe este año”.

En cuanto a las pensiones, un área de particular interés para el gobierno y la Legislatura que han expresado ambos su negativa a que se reduzcan aún más, la directora ejecutiva dijo que este acuerdo no incluye nada relacionado a las pensiones.

“El tema de las pensiones se atiende en el plan de ajuste fiscal enmendado que someteremos el 8 de marzo próximo. Ese plan incluirá el acuerdo de restructuración que ya negociamos con el Comité (Oficial) de Retirados, así como el aumento que la Junta anunció en el monto a partir del cual las pensiones sufrirían el recorte de 8.5%, a $1,500 mensuales, en lugar del monto límite anunciado inicialmente de $1,200 mensuales”, explicó Jaresko.

A preguntas de la prensa sobre el posible papel que pudiera jugar la Legislatura sobre la aprobación del plan de ajuste fiscal enmendado, Jaresko dijo que prefería no adelantarse y esperar a ver qué finalmente decide la corte. Agregó que esperaba que al final todas las partes respaldaran el acuerdo y trabajaran en conjunto para poder sacar a Puerto Rico de la bancarrota, y poner final al trabajo de la Junta.

Finalmente, Skeel explicó que el acuerdo resuelve también el litigio que tenía la JSF sobre la validez de unos bonos por unos $6,000 millones. Detalló que ese grupo de bonistas están incluidos en el acuerdo, si bien recibirían cantidades menores de dinero que otros bonistas. Aclaró que se llegó a esa decisión tomando en cuenta los costos del litigio y el hecho que no hay certeza en que el pleito pudiera resultar en la invalidación de una parte o la totalidad de dichos bonos.