La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó hoy en su reunión pública el contrato para el síndico que estará a cargo del monitoreo de fondos federales en el Departamento de Educación (DE), con lo cual se espera que de inmediato puedan comenzar a fluir grandes cantidades de fondos que se mantenían congelados a la espera de que Puerto Rico cumpliera con esa exigencia federal.

El contrato para el síndico con la empresa Álvarez & Marsal (A&M) es por $79.6 millones por dos años, y puede enmendarse para extenderse por otros años adicionales, aunque para eso necesitaría la aprobación de la JSF.

Con esta aprobación, el DE tendría acceso a cientos de millones de dólares en fondos federales que se encuentran congelados, incluyendo unos $393 millones en fondos de la Ley CARES.

“No sé la fecha exacta, no sé si ya se liberaron, pero pueden asumir que los fondos van a empezar a fluir. Esto fue algo que se aguantó durante meses. Y ya se resolvió, hoy se resolvió. Así que no sé qué día saldrán, pero los fondos federales van a estar disponibles, incluyendo dinero de la Ley CARES para Educación que se aguantó. Es un día superimportante para la liberación de todos esos fondos”, celebró la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko.

El gobernador Pedro Pierluisi, quien ha estado participando personalmente de las reuniones de la JSF, agradeció el respaldo al acuerdo, y comentó que desde que asumió la gobernación dio instrucciones a su equipo para que se completara el acuerdo para el síndico con A&M.

Agregó que “no me molesta en absoluto que tengamos la asistencia de una firma como Álvarez & Marsal en el Departamento de Educación, para asegurarnos que mejoramos el manejo financiero de los fondos que recibimos del gobierno federal, para que mejoramos los procesos y los sistemas para agilizar el uso de esos fondos. Porque si algo hemos demostrado, desafortunadamente, en Puerto Rico en muchas áreas es la falta de capacidad para manejar ágilmente los fondos federales. Así que agradezco a la Junta a nombre del pueblo de Puerto Rico por la aprobación de este contrato. Es muy importante para el futuro de nuestros niños y para el bienestar del pueblo de Puerto Rico”.

La JSF aprobó además dos contratos de la AEE para proyectos de generación de energía a partir de fuentes de energía renovable, con una capacidad combinada para generar 150 megawatts (MW).

Según se explicó, la AEE recibió 16 propuestas, seis de las cuales no cumplían con los criterios que exigía la Autoridad. De las 10 restantes, la AEE eligió las propuestas de Xzerta Tech (60 MW) y Ciro One (90 MW), que fueron aprobadas por la JSF.

Jaresko aclaró que, en realidad ninguna de las 16 propuestas cumplía con todas las exigencias del plan fiscal certificado, pues tenían costos de energía superior a los 9 centavos por KWh. Sin embargo, la JSF hizo una excepción y aprobó estos dos, que eran los que tenían el menor incremento en costo de la energía, para poder dar un impulso a los proyectos de energía renovable. Recordó que la AEE tiene abierto un proceso de solicitud de propuestas para proyectos de energía renovable por 1,000 MW.

Durante la reunión, la directora ejecutiva resaltó el acuerdo de renegociación de la deuda que fue anunciado hace tres días, y que reduce en 61% una parte de la deuda del gobierno, de $18,000 millones a $7,400 millones.

Dicho acuerdo, que según se anunció hoy ya tiene el respaldo de más del 70% de los bonistas que involucra, reduce también el servicio total de la deuda en 62%, de unos $90,400 millones a $34,100 millones. También reduce el pago anual de la deuda de $4,200 millones a $1,150 millones.

“No vamos a poder borrar por completo la deuda de Puerto Rico, pero creemos firmemente que hemos logrado un acuerdo justo y sostenible, que reducirá la deuda de Puerto Rico tanto como es legalmente posible, para que pueda ser aprobado por la corte. Este acuerdo pondrá a Puerto Rico en el camino para salir de la bancarrota y comenzar su verdadera recuperación”, sostuvo Jaresko.

La directora ejecutiva también abordó el tema de las pensiones y explicó que la decisión de aumentar de $1,200 a $1,500 mensuales el monto a partir del cual se reduciría en 8.5% la pensión, se hizo tomando en cuenta las pensiones de policías y maestros, que no cotizaron al Seguro Social. La pensión promedio mensual de los maestros es de $1,450, y la de los policías es de $1,322. La pensión promedio mensual entre todos los pensionados del gobierno es de $1,485.

Bajo este nuevo límite, indicó Jaresko, el 72% de los retirados (118,511) no verá reducción en sus pensiones. Sostuvo que entre los afectados por el recorte de 8.5% se incluyen algunos retirados con pensiones que exceden los $10,000 mensuales, así como más de 8,000 retirados que reciben pensiones por encima de los $2,500 mensuales, y otros cuyas pensiones sobrepasan los $5,000 mensuales. Recordó que los recortes son solo a sus pensiones gubernamentales y no los beneficios de Seguro Social que reciben.

“Ese no es el caso para los policías y maestros, que no recibían Seguro Social, y esa fue una de las razones por las que se subió el límite mensual para que una pensión sufriera recortes, para que el promedio de policías y maestros no se viera afectado por el recorte”, explicó.

Jaresko resaltó además que la JSF se aseguró, como una de sus prioridades, de que ya los policías activos puedan ser elegibles para recibir Seguro Social cuando se retiren, y esperan lograr lo mismo para los maestros.

Recordó además que la JSF acordó con el Comité de Retirados que se reforzaría el sistema de pensiones de cara al futuro, con la creación de un Fideicomiso de Pensiones para asegurar el pago de pensiones por los próximos 30 años, y además, si en cualquiera de esos años el gobierno tiene un superávit por encima de lo estimado, 10% de ese exceso se reservará para devolver los recortes de pensión de ese año.

“Quiero dejar algo bien claro. La Junta de Supervisión Fiscal no quiere recortar pensiones. Los pensionados de Puerto Rico no tienen la culpa de la situación en que se encuentra el gobierno de Puerto Rico y sus sistemas de retiro. Pero según el proceso para restructuración de la duda bajo las disposiciones de la Ley Promesa, los pensionados son considerados acreedores no asegurados. Otros acreedores, como los bonistas, argumentarán ante la corte que el dinero para pagar pensiones debe usarse para pagar los bonos. Algunos bonistas argumentarán que la Constitución de Puerto Rico dispone que se pague la deuda antes que las pensiones. La JSF va a luchar por proveer a los pensionados lo máximo posible de sus pensiones. Pero legalmente, la JSF no puede esperar que la corte permita que se las pensiones se paguen en su totalidad, cuando los bonistas van a recibir mucho menos de lo que se le debía”, afirmó la directora ejecutiva.

A preguntas del gobernador Pierluisi, Jaresko detalló que la JSF logró un acuerdo con el sindicato Servidores Públicos Unidos (SPU), cuyo beneficio principal fue restablecer las cuentas del sistema híbrido de pensiones Sistema 2000, con la restitución de alrededor de $1,300 millones que debían estar en ese sistema, pero se usó para otros propósitos, así como otros $200 millones que se habrían generado por intereses si el dinero hubiese estado en el fondo. La otra parte del acuerdo, asegura que el convenio colectivo se mantenga por los próximos cinco años, sin poder renegociarse, de manera que se garantice estabilidad e impida recortes futuros, y otorga otros beneficios relacionados al plan de salud. Por último, el acuerdo también garantiza que, si el gobierno excede las proyecciones del plan fiscal, 25% del exceso de dinero irá a los empleados.

Jaresko recordó que, aunque la JSF solo tiene acuerdo con SPU, actualmente está en negociaciones con otras uniones y está abierta a negociaciones con las demás.

Durante la extensa reunión virtual también se discutió la política de la JSF con respecto a los posibles conflictos de interés, que deberán seguir tanto los miembros de la Junta, como su personal ejecutivo y personal en general.

De igual forma, se discutieron propuestas sobre los estados financieros auditados y la creación de una Oficina del Principal Oficial Financiero (OCFO, en inglés) que surgió de la colaboración con el experto John Hill, quien participó de los procesos de quiebra y restructuración que se dieron en las ciudades de Detroit y Washington, D.C.

Entre otras cosas, Hill sugirió que, en lugar de producir los estados financieros auditados anuales, en los que el gobierno tiene años de retraso, se produzca uno combinado que cubra el periodo de tres años en atraso entre 2018 y 2020, de manera que el gobierno pueda entonces concentrar esfuerzos en los próximos estados financieros auditados y así ponerse al día.

Su otra propuesta se concentró en la OCFO, como una estructura que ayudaría a enderezar las finanzas del gobierno y velaría por el uso correcto de fondos y porque las transacciones se lleven a cabo de manera adecuada a través de todas las agencias del gobierno. Sostuvo que dicha oficina debe tener metas bien claras y retener el talento necesario para asegurar la continuidad del trabajo que se logre en la OCFO.