El escandaloso chateo entre el abogado que negoció con el Departamento de Salud el contrato de $38 millones de las pruebas fatulas del COVID-19, Juan Maldonado y el dueño de la empresa Apex General Contractors, Robert Rodríguez López tiene repercusiones legales, administrativas y éticas, según abogados consultados por Primera Hora.

La expresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas, Ana Irma Rivera Lassén dijo que el chat “es una buena fuente” para investigar, cómo en medio de la emergencia de salud que hay en el País, se están manejando las contrataciones con fondos públicos.

“El refrán dice, ‘sigue el dinero’ y cómo ese dinero casi llega a manos de los contratistas es lo que hay que averiguar. Tan difícil que es la burocracia en Puerto Rico para mover cualquier cosa y esta gente en cuestión de nada se iban a hacer millonarios como dicen en el chat”, indicó la también presidenta de Victoria Ciudadana.

“Estamos hablando, de dos personas contratistas, uno que estuvo en un puesto público, que hacen alusión desde afuera a personas en el gobierno y cómo esa relación les permitió hacer en fast track un contrato millonario para ofrecer unas pruebas, entre comillas, que eran necesarias y digo entre comillas porque posteriormente se supo que esas pruebas ni iban a llegar cuando prometieron y había dudas si eran las aprobadas por el FDA (Administración Federal de Drogas)”, sostuvo la abogada.

Dijo que tampoco está clara la relación de abogado cliente entre Maldonado y el dueño de Apex. “Lo que es altamente preocupante es el acceso al dinero público que tenían. Eso es lo que hay que investigar”, dijo al opinar que “las consecuencias mayores deberían ser políticas”.

“No puedo dejar de ver este chat sin pensar en el otro chat de Ricardo Rosselló, en todo el sentido en que las personas se mofan de la tragedia del pueblo puertorriqueño. Me recuerda también el escándalo del contrato de Whitefish, bajo Rosselló, a una empresa sin experiencia en Montana, con muy poco personal para manejar la encomienda que se le estaba dando y recibir millones de fondos públicos”, expresó Rivera Lassén.

A juicio del abogado y ex fiscal, Ernie Cabán el intercambio de mensajes de texto entre Maldonado y Rodríguez López confirma expresiones incriminatorias sobre la cuestionable transacción que terminó cancelada, después que el gobierno emitió un primer pago de $19 millones.

Opinó sin embargo, que del testimonio bajo juramento que estos prestaron a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes ni del contenido del chat surge prueba de que “había una conspiración con los funcionarios del gobierno” que tramitaron el jugoso contrato.

Cabán indicó que del testimonio de Maldonado surgen elementos de delitos como fraude y conspiración, falsificación, y traspaso de documentos falsificados. También dijo que, de parte de Maldonado, podría haber violaciones a los cánones de ética de la profesión legal. “Él no podía ser abogado de Apex y notario, aparte de que es una violación notarizar un documento sin la presencia de la persona”, sostuvo el exfiscal.

“El chat viene siendo un documento que corrobora la conspiración entre Maldonado y Apex para lograr un contrato a unos precios excesivos. Reconocen que era una ganancia muy grande, de muchos millones y el chat corrobora elementos de fraude porque no se desprende intención de proveer las pruebas según lo establecido en el contrato”, expuso en su análisis Cabán.

“El único esfuerzo que realizaron fue dirigido a que no detuvieran al pago y a cobrar. No hay ningún esfuerzo dirigido a conseguir las pruebas ni ninguna información que dé a entender que ellos tenían la disponibilidad de conseguir las pruebas para cumplir con el contrato. Esto configura la intención de defraudar al pueblo de Puerto Rico mediante una falsa representación de que tenían disponibles unas pruebas que no tenían y que el interés era el lucro personal”, sostuvo el letrado.

“El chat valida la posible comisión de delitos que justifique referidos al Departamento de Justicia y al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés)”, agregó.

En torno a los funcionarios públicos que autorizaron la cuestionable transacción, el exfiscal consideró que podrían imputársele violaciones administrativas de negligencia en el cumplimiento del deber y no proteger el dinero del pueblo otorgando un contrato sin corroborar que la corporación o la otra persona, tuviera la capacidad de cumplir, además, del pago excesivo de las pruebas.

“Desde mi punto de vista se configuran violaciones a reglamentos administrativos y protocolos establecidos por cartas circulares, pero no identifico comisión de delito. No se desprende el elemento criminal de malicia ni se configura el delito de pérdida de fondos porque (la transacción) se paró a tiempo. Esos delitos no se dan en la modalidad de tentativa, sino que es un requisito la pérdida. No se configura la intención ni la pérdida de fondos públicos”, dijo Cabán.

Otro expresidente del Colegio de Abogados y Abogadas, Eduardo Villanueva indicó que no tiene información de la totalidad de la Comisión de Salud para concluir ni excluir que funcionarios públicos ni privados se pusieran de acuerdo para defraudar al gobierno y obtener ganancias con fondos públicos.

“No tenemos la totalidad de la información de la comisión para saber lo que ellos van a referir. Pudiera haber material que justifique investigaciones criminales contra funcionarios y personas privadas”, sostuvo Villanueva, quien sostuvo que la Cámara también podría legislar para hacer más sólidos los procesos de licitación.