La vista en el Senado para atender la resolución que busca determinar el estatus de las más de 30,000 viviendas que se estima perdieron sus techos durante el azote del huracán María en septiembre de 2017 mostró que el ritmo de atención a los afectados marcha a paso lento, atascado entre la burocracia de las agencias estatales y federales.

A la vista para atender la Resolución del Senado 76 acudieron el Departamento de Vivienda, la Asociación de Alcaldes y Ayuda Legal Puerto Rico. La Federación de Alcaldes declinó la invitación a deponer, alegando que carecía de datos sobre el tema.

Luis Javier Hernández, presidente de la Asociación de Alcaldes y alcalde de Villalba, sostuvo que uno de los principales problemas que han enfrentado los alcaldes para atender las necesidades surgidas luego del huracán María, que posteriormente se han combinado con otras desgracias como los terremotos del sur y la pandemia del COVID-19, ha sido la burocracia de Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) en el manejo de los fondos conocidos como CDBG-DR.

“Es doloroso tener que decir aquí que a casi cuatro años del impacto de estos dos fenómenos atmosféricos todavía estemos hablando de casas donde las familias residen, que están cobijadas bajo un techo azul. Esa es la imagen que resume la burocracia criminal a la cual hemos sido asumidos por la irresponsabilidad, los actos de corrupción de personas y gobiernos que abusaron y quisieron beneficiarse del dolor ajeno”, afirmó Hernández.

El alcalde aseguró que desde la presidencia de la Asociación de Alcaldes asumió la tarea de “manejar en distintas vertientes lo que ha sido todos estos capítulos burocráticos que ha hecho que la reconstrucción en nuestras ciudades no se haya realizado con la agilidad que se había realizado en otros eventos atmosféricos”.

Aclaró que la Asociación ha tenido reuniones con la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) en busca de lidiar con el “nefasto contrato” que establecieron con el COR3 en el 2019, y ha llevado el reclamo incluso hasta Washington, logrando “muchos pasos afirmativos para resolver esa situación”.

La vicepresidenta de la Asociación de Alcaldes y alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón, afirmó que los municipios han pasado los últimos cuatro años “manejando el desastre después del desastre” y reclamando que se agilice la reconstrucción, que calificó como “proceso sumamente frustrante” por la cantidad de restricciones que se ha impuesto a los municipios, ante la desconfianza del gobierno federal en el gobierno de Puerto Rico.

“Para que tengan una idea, a casi cuatro años todavía los municipios no hemos completado el proceso de reclamación. O sea, que todavía, de los sobre 5,000 proyectos que vamos a trabajar en los municipios, todavía no se ha podido lograr la aprobación del cien por ciento de ellos. Muy pocos de ellos, este año precisamente, es que han podido comenzar construcción. Y todo esto se debe al proceso tan burocrático, el cambia cambia de instrucciones, el cambia cambia de personal tanto en FEMA como en el COR3, que ha de alguna manera retrasado que podamos mejorar la infraestructura para el beneficio de nuestra gente”, afirmó Bonilla, quien dirigió la Agencia Estatal de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres.

Agregó que la situación es similar en lo que respecta a las solicitudes de asistencia individual que hicieron los ciudadanos a FEMA, más de la mitad de las cuales fueron rechazadas, en muchos casos por problema de titularidad o para mostrar que eran dueños de las residencias.

Sostuvo que, como muchos afectados no pudieron resolver con FEMA, tuvieron que esperar por el paquete de ayuda conocido como R3 (Reparación, Reconstrucción, Reubicación) a través del Departamento de la Vivienda, que también “ha sido bastante cuesta arriba”, por tratarse de un proceso completamente automatizado, a través de un portal cibernético al que muchos ni tienen como accesar, y aquellos que lo logran no tienen como dar seguimiento a su caso.

A manera de ejemplo, puso su municipio de Salinas, donde más de 9,000 personas solicitaron asistencia a FEMA, más del 52% de las solicitudes fueron rechazadas y solo 1% recibió la ayuda total, que ronda los $37,000 que en caso de destrucción total de la vivienda no habría sido suficiente para resolver.

Los representantes de la Asociación de Alcaldes plantearon la posibilidad, ya en discusión, de establecer un fondo de $500 millones de fondos de recuperación CDBG-DR para atender y solucionar de una vez los casos de viviendas con toldos azules, a través de los municipios.

La secretaria asociada de fondos CDBG del Departamento de Vivienda, Maytte Texidor, intentó defender los programas de la agencia para la reconstrucción, pero repetidamente se vio sin respuestas a las preguntas de las senadoras y senadores, prometiendo que entregaría las mismas en cinco días.

Explicó que el proyecto R3 (Reparación, Reconstrucción y Reubicación) ya no está aceptando más solicitudes, y aclaró que dicho programa sí hace reparaciones a viviendas ubicadas en zonas inundables, no así reconstrucciones. En esa última instancia se ofrece una relocalización.

Agregó que, si la persona no quiere reubicarse, puede esperar por el programa de CDBG-Mit, con son fondos para mitigación. Sostuvo, sin embargo, que ese proceso tomaría más tiempo.

Asimismo, explicó que la agencia tiene un Programa de Autorización de Títulos para atender los problemas de titularidad, pero con limitaciones según los ingresos de la persona solicitante.

Al entrar en detalles, la funcionaria dijo que el programa R3 ha recibido 27,004 solicitudes, de las que 7,479 son elegibles para asistencia al momento. Agregó que 1,028 casos “que se están trabajando”, 975 de ellos de reparación y 53 de reconstrucción. Todavía no se ha completado ninguno de reubicación.

En cuanto al programa de títulos, dijo que ha recibido 5,928 solicitudes, de las que 4,359 son elegibles. Actualmente, tenían 875 casos en proceso, con apenas 41 títulos perfeccionados y 2 registrados.

Agregó que, en el Programa de Asistencia Directa al Comprador, que asiste en la compra de propiedades nuevas con hasta $35,000 para gastos de cierre e hipoteca, habían recibido al 7 de mayo 3,496 solicitudes, de las que 3,252 son elegibles. Al momento, se han cerrado 323 casos hipotecarios, con más de $8 millones desembolsados.

Texidor no pudo ofrecer una cifra exacta de cuántas viviendas siguen hoy día con toldos azules, pero comentó que un estudio con equipo satelital apunta a que hay unos 18,000 hogares en esa situación, y esperaban ir a los lugares a verificar esa información, por lo cual la cifra puede cambiar.

La agencia solo confirma, de acuerdo con las solicitudes recibidas en el programa R3, 1,188 toldos azules en las residencias elegibles y otros 1,565 por confirmar. Aclaró son números que pueden cambiar si al revisar la residencia se percatan que en la solicitud no incluyeron la situación de que están bajo un toldo azul.

La funcionaria no pudo precisar cuántas personas vivían actualmente bajo toldos azules, ni cuántos eran envejecientes, niños o personas con diversidad funcional. Tampoco pudo precisar cuántas construcciones se habían hecho para resolver problemas de toldos azules, y se limitó a repetir los números generales que había ofrecido antes, agregando que tendría que buscar la información específica.

De igual forma, falló en poder informar cuánto dinero de lo que se había gastado en el programa R3 era en gastos de administración.

Tampoco pudo explicar por qué para el programa R3 se habían elegido cuatro compañías que ya habían tenido un sinnúmero de quejas cuando trabajaron para el controversial programa Tu Hogar Renace, que precedió al R3. Alegó que era la decisión de un comité evaluador, y que existían mecanismo para velar que cumplieran con lo que se les requería.

La funcionaria aceptó que están en conversaciones con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD, en inglés) para establecer ese fondo de $500 millones para atender el problema de los toldos azules a través de los municipios, incluyendo aquellas viviendas que no cualifican para el programa R3.

Por su parte, las licenciadas María Vaello Calderón y Verónica González Rodríguez, de Ayuda Legal Puerto Rico, resaltaron en su ponencia que 24% de riesgo alto a medio-alto, con al menos 245,586 casas ubicadas en zonas inundables.

Expusieron cómo la cifra de toldos azules ha variado de tal forma que comenzó con más de 125,000, para luego bajar a 30,000 en julio de 2019 según el entonces gobernador Ricardo Rosselló; luego 4,500 para febrero de 2020, y entonces 3,000 según el entonces secretario de Vivienda Luis Carlos Fernández Trinchet en agosto de 2020. Ahora, sin embargo, Vivienda habla de entre 15,000 a 18,000 toldos azules.

A esa incertidumbre entre la cantidad de vivienda con toldos azules, se añaden cifras preocupantes como el hecho de que entre 2017 y 2020, a lo largo de tres eventos catastróficos, se habían ejecutado 12,800 propiedades residenciales. Además, unas 16,000 personas están en lista de espera para acceder a viviendas públicas y otras 10,000 familias esperan por vales de Sección 8. Otras 2,535 personas no tienen hogar. Todo esto, al tiempo que se estima que 388,523 casas permanecen vacías.