Varios líderes sindicales de la Policía se expresaron satisfechos y esperanzados de que se atenderían sus reclamos, luego de una reunión sostenida con el gobernador Ricardo Rosselló y sus asistentes en la Fortaleza, al tiempo que el gobierno apuntó hacía la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) como responsable de que no se logren más beneficios para los agentes.

“Buscamos trabajar en una sola dirección, que es resolver los asuntos más apremiantes de Puerto Rico. La seguridad pública, el bienestar y hacerles justicia a nuestros policías es prioridad de nuestra administración”, afirmó el secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira.

“Y hay un elemento que debe quedar diáfanamente claro, y es que hay un consenso en que todos debemos remar en el mismo barco, hacia la misma dirección y tenemos que enfilar los cañones hacia el verdadero problema que es la Junta de Supervisión Fiscal”, agregó Maceira, quien aseguró que si la JSF “dejara de estar interviniendo en lo que son las distribuciones presupuestarias por partidas… hay unas cosas que se pudiesen resolver la semana que viene”.

El secretario dijo que en la reunión se atendieron diez puntos específicos que resumió en: mejorar los servicios sicológicos que reciben los miembros de la policía; atender el problema de los beneficios de retiro; incorporar a los policías al Seguro Social; mejorar el seguro por incapacidad; mejorar el plan médico de los agentes; establecer un seguro de vida para que las familias queden económicamente protegidas; mejorar la educación de los policías, incluyendo la propuesta de extender el beneficio de exención de matrícula en la universidad del estado a los hijos de los policías; atender y detener los asuntos de persecuciones internas en la Policía; intentan liquidar las deudas de días de exceso por enfermedad; y atender el tema de los sueldos y salarios.

Maceira, no obstante, se refirió reiteradamente a las limitaciones fiscales como obstáculo para poder atender la mayoría de los reclamos. Afirmó, no obstante, que el gobierno trabaja en “distintas opciones”, para ver cuáles son viables.

El secretario dijo que, aunque no tenían evidencia al respecto, atenderían el reclamo de alegada persecución y acotó que cualquier “trato injusto o ilegal no será tolerado”. No obstante, señaló que “el reglamente de la Policía en particular prohíbe el que se hagan ciertos ataques a la jerarquía. Y esto responde a la naturaleza de lo que es el cuerpo. Sin embargo, también se reconoce que hay un derecho a la libertad de expresión que tiene un rango constitucional.

 “Creo que la reunión fue extremadamente positiva. Se plantearon todos los puntos que entendemos están ocurriendo. La recepción del gobernador fue muy positiva”, comentó José J. Taboada, presidente de la Asociación de Miembros de la Policía. “El gobernador nos explicó los encontronazos y los problemas que ha tenido con la Junta, y entendemos que esa es una realidad”.

“Si la Junta no nos concede las ayudas que nosotros estamos reclamando, y los policías siguen abandonando el cuerpo, y llegase el momento en que los efectivos de la Policía no es una garantía para la seguridad del país, y algún ciudadano solicita el socorro de la Policía porque está en aprietos o porque está siendo impactado por un delito, si a ese ciudadano le ocurriese algo o muere, pues obviamente los miembros de la Junta, y nosotros, vamos a ser responsables”, afirmó Taboada.

Además de Taboada, también participaron del cónclave Ismael Rivera, presidente del Sindicato Puertorriqueño de la Policía; Edwin Robles, presidente del Concilio Nacional de Policías; Jaime Morales, presidente de la Corporación Organizada de Policías y Seguridad; Ángel Troche, presidente de la Asociación de Seguridad Policías y Ramas Anexas; así como el Cuerpo Organizado de la Policía Incorporado.

Mientras la reunión ocurría, y a pesar de los acuerdos que se existían para la misma, los líderes de al menos cinco gremios se quedaron sin poder entrar a Fortaleza, luego que, según alegaron, les prohibieran el paso.

El sargento retirado Luis Carmona, de la Federación Puertorriqueña de Policías; José Muñoz y el capitán Oscar Rodríguez, respectivamente presidente en funciones y asesor presidencial del Frente Unido de Policías Organizados (FUPO); el teniente Roberto Casiano, vicepresidente del Cuerpo Organizado de Policías; el sargento Gregorio Matías, presidente de la Asociación de Policías Organizados; y Jorge Méndez Cotto, de Empleados Civiles Organizados; condenaron enérgicamente el hecho de que no les permitieran participar del cónclave, y aseguraron que es otra prueba más de que están intentando silenciar a los policías que reclaman mejores condiciones laborales.

Maceira explicó que se había acordado que solo los presidentes de los sindicatos participarían del encuentro y que no recibieron notificaciones de antemano para dejar saber que serían sustituidos por algún otro representante. Dijo que, no obstante, antes al iniciar la reunión, “el gobernador les preguntó expresamente (a los presentes) si alguna de las personas afuera iba a traer algún reclamo distinto a los que tenían, y la contestación fue que no”.

El secretario agregó que para futuras reuniones tomarían en cuenta permitir la presencia de otros miembros, como los vicepresidentes y otros representantes, de manera que no vuelva a pasar.