Parga pide enmiendas a la ley de financiamiento de las campañas políticas para atajar la corrupción.

El vicepresidente del Senado, Orlando Parga, instó ayer al gobernador Aníbal Acevedo Vilá a que convoque de inmediato a una sesión extraordinaria de la Legislatura para que se revisen de esa ley los artículos relacionados con el pareo de donativos con fondos del Estado.

“El propio sistema estimula a los partidos políticos a buscarse $4 millones para entonces premiarlos con otros $4 millones (del erario). Las acusaciones federales contra el Gobernador explican ese fenómeno elocuentemente”, dijo el candidato independiente a representante por acumulación.

El legislador apuntó que ahora mismo los partidos están en la calle buscando $4 millones para parearlos con igual cantidad de dinero público.

Precisó que se ven obligados a ello porque el llamado “Fondo Voluntario de las Campañas Electorales” exige ese recaudo de $4 millones para tener acceso al pareo.

“¿Cómo se buscan esos millones? Los actos de corrrupción, las transacciones por debajo de la mesa y los funcionarios públicos que están presos, lo explican”, se preguntó y se contestó Parga a sí mismo.

El vicepresidente del Senado develó que en marzo le solicitó a los líderes de los partidos y de la Legislatura que se abstuvieran de requerir el pareo, pero sólo lo apoyaron en la idea el ex gobernador Rafael Hernández Colón; el presidente de la Cámara Alta, Kenneth McClintock; y el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau.

Parga propuso ayer tres enmiendas a la ley:

Una, restricciones a la manera de recaudar fondos privados para evitar que se contacten a los empresarios.

Dos, que se elimine la posibilidad de que los candidatos sigan recaudando donativos pasadas las elecciones, es decir durante el mes de enero.

Ese periodo, advirtió, es una tentación para el inversionismo político porque ya se conoce quiénes habrán de dirigir el Gobierno el próximo cuatrienio.

El líder cameral dijo que también urge la implantación de severas penalidades para los violadores de la ley.