Eso ha lacerado sus respectivos presupuestos al tener que invertir miles de dólares en generadores, con el propósito de llevar agua a sus cultivos. 

Además, enfrentan un periodo de sequía y, para colmo, tienen que lidiar con decenas de equinos realengos que se comen la escasa cosecha.

Mas el llamado de auxilio parece caer en oídos sordos, según agrónomos de Juana Díaz y Santa Isabel, quienes han hecho malabares para alimentar sus respectivas siembras y, a la vez, evitar el despido de cientos de trabajadores.

“Luego de María, prácticamente, fue cuesta arriba. Nosotros perdimos el 100% de los vegetales y la papaya”, estableció la agrónoma Petra Rivera Martínez, de la empresa Gan Eden Farm.

“Tuvimos que incurrir en un préstamo, porque el poco capital que había en reserva lo utilizamos, porque después de María la compañía trató de mantener la empleomanía trabajando y después que se gastó el dinero de reserva tuvieron que hacer un préstamo a la banca privada, porque hasta el sol de hoy nosotros no hemos tenido nada de los cultivos de los vegetales, ni de mangó”, dijo -por su parte- el agrónomo José Antonio Reyes Guzmán, de MS Mango en Santa Isabel. 

Pero ellos no son los únicos con la problemática.  De acuerdo a estos agrónomos, más de un centenar de agricultores de Santa Isabel, Coamo y Juana Díaz están en la misma situación.

“Hay agricultores que los transformadores se les fueron al piso, pillaje, les llevaron la cablería a los postes y le ha tomado un tiempo (reponerlos) a Energía Eléctrica . Hay agricultores que el huracán afectó bastante y todavía no han podido engranar el día a día, porque sus predios están comprometidos o no tienen agua”, dijo Reyes Guzmán al mencionar que su empresa tiene un gasto de $10,000 mensual en diésel para los generadores.

Además, la pasada semana tuvieron que convocar a una reunión con el Distrito de Riego de la Costa Sur, ya que les racionaron el agua porque la lluvia registrada no aumentó los niveles del lago Guayabal en Juana Díaz.

También con los caballos

Los agricultores también enfrentan otro reto con decenas de caballos realengos que perjudican sus cultivos y dañan las fincas.

“Dos o tres caballos no era un problema, pero cuando tienes 50 o 100 caballos en un predio estamos hablando de un problema mayor, porque los caballos caminan dos millas y regresan, y esas dos millas las siguen desbaratando. Yo tengo un empleado ocho horas fijo en el portón de la entrada sacando caballos, porque estos animales también hacen unos daños increíbles en los sistemas de riego, daños mecánicos a los cultivos y no hay nadie que se haga responsable por eso”, agregó el agrónomo encargado del cultivo de mangó.

Reyes explicó que la problemática con los equinos va más allá, ya que hay una nueva regulación federal que exige la limpieza de las fincas en su totalidad. Para eso deben estar libres de patógenos que afecten los cultivos y eventualmente puedan enfermar a quienes consuman estos productos.

“Ese proceso nos están exigiendo… que no hayan animales realengos dentro de la finca, ningún animal, y eso conlleva a un control de los caballos, que es uno de los problemas más grandes que tenemos. Tengo que certificar que no tengo animales realengos dentro de mis facilidades, porque eso me puede costar la auditoría que certifica que tengo un área limpia y me puede costar el mercado europeo”, estableció Reyes.

Ayuda a paso lento

El salvavidas que esperan los agricultores afectados tardará todavía más en llegar, ya que la agencia federal encargada de tramitar el procedimiento está operando con poco personal.

Aunque las pérdidas estimadas por el Departamento de Agricultura de Puerto Rico se calculan en $200 millones, solo se han desembolsado cerca de $14 millones en prácticas relacionadas al desastre.

Así lo dijo el director de la División del Caribe del Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura federal (USDA-NRCS  en inglés), Edwin Almodóvar Román, quien admitió que la agencia todavía está aprendiendo de lo sucedido.

“Una de las inquietudes que presentan los agricultores es el tiempo que se toma en dar el servicio de las agencias de USDA en general, pero es un proceso del que estamos aprendiendo en la agencia”, confesó el jefe de USDA-NRCS.

“Hemos estado trabajando con ellos por fases, eso conlleva una visita al campo, documentación, proceso administrativo de llenar la aplicación y hacer la validación de los desastres. Hasta el día de hoy hemos invertido $25 millones en mi agencia y hemos pagado $14 millones en lo que son prácticas relacionadas al desastre”, resaltó.

Almodóvar Román manifestó que una de las dificultades que enfrentan es que hay miles de empresarios agrícolas que hasta el momento estaban invisibles para la agencia.