El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, expresó que va sin expectativas a la conferencia telefónica que citó para las 9:00 a.m. de hoy la jueza de quiebras Laura Taylor Swain, mientras economistas consultados por Primera Hora entienden que la magistrada podría pedir propuestas a la Legislatura y a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para romper el impasse por la aprobación de la ley habilitadora del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD).

“Yo no tengo otra expectativa que esperar a ver para qué nos citó la juez. Nosotros teníamos un proyecto aprobado el 6 de octubre con 19 votos. El domingo pasado (17 de octubre) se cambió el lenguaje a petición de la Junta y los votos que teníamos, ya no los tenemos”, dijo Dalmau Santiago al tiempo que reiteró que la medida, según enmendada en la Cámara el pasado 20 de octubre, no tiene los votos en el Senado.

“Como la juez preside el proceso, ella nos indicará cuáles son los pasos que va a seguir como juez o no sé. De verdad, no tengo expectativas porque nunca he estado en un caso de quiebra”, sostuvo el líder senatorial.

Preguntado si una solución sería cambiar el proyecto nuevamente y quitarle las enmiendas que fueron acordadas en la reunión con la JFS el pasado 17 de octubre, dijo que en términos parlamentarios lo que procede es que la Cámara reconsidere el informe de conferencia (con la última versión enmendada del proyecto) que ya aprobó y prepare un segundo informe.

¿Otra posibilidad sería dejarlo sobre la mesa y presentar un nuevo proyecto de ley?, se le preguntó.

“Es más fácil retirar el informe y hacer uno nuevo con los lenguajes que logren los votos en ambos cuerpos”, dijo para agregar “si no hay un acuerdo con el lenguaje” no se van a conseguir los votos. “Son poquitos. Dos o tres populares son suficientes para no llegar. “No tengo (tampoco) los votos penepés”, subrayó Dalmau Santiago.

“Yo nunca he estado en un escenario como este. Yo voy a escuchar a la juez”, sostuvo para agregar que no tiene programado reunirse hoy con la JSF.

El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, no estuvo disponible para contestar preguntas.

Mientras, el gobernador Pedro Pierluisi expresó que el proceso legislativo no ha terminado y que la jueza Taylor Swain y la JSF deben conceder el tiempo adicional que la Asamblea Legislativa necesita para aprobar el proyecto de ley que viabiliza la emisión de más de $7 mil millones de bonos.

“Es necesario dejar atrás las posiciones inamovibles, ya que nuestro pueblo merece que lleguemos a un consenso que permita de una vez y por todas lograr el fin de la quiebra del Gobierno de Puerto Rico”, manifestó el gobernador en declaraciones escritas.

“Apoyo los términos económicos del Plan de Ajuste de Deuda (PAD), el cual contempla concesiones significativas de parte de los bonistas y una reducción de la deuda del Gobierno por un 80%, eliminando más de $25 mil millones en deuda. La oportunidad de lograr esta histórica reestructuración de la deuda no se puede dejar pasar, y obviamente nos reservamos el derecho de objetar el PAD si la legislación necesaria no es aprobada y los pensionados no están protegidos adecuadamente”, sostuvo Pierluisi.

“He sido firme en que es esencial proteger a los pensionados porque ya han sufrido recortes y cualquier reducción adicional es innecesaria, tanto por razones fiscales como de equidad. Aplaudo el que finalmente la Junta de Supervisión accedió a eliminar la reducción del beneficio mensual, lo que nos ha acercado significativamente a lograr para el pueblo de Puerto Rico un acuerdo de ajuste de deuda que se pueda confirmar”, agregó.

Por su parte, la economista Martha Quiñones dijo que la JSF “ya estableció el criterio” porque envió una carta señalando que piensan cambiar el PAD. “Esa es la primera alternativa, que cambien ese plan fiscal de manera que establezca las prioridades que el pueblo de Puerto Rico les ha señalado a los legisladores y que estén consignados ahí para que la jueza pueda ejercer su deber. Mientras tanto, la jueza va a decir que se tienen que poner de acuerdo porque no podemos seguir diciendo ustedes van a legislar una cosa, el plan dice otra cosa y la decisión se va a basar según el plan, no según la legislación”, sostuvo la expresidenta de la Asociación de Economistas de Puerto Rico.

“Los legisladores le tienen que exigir a la JSF más respeto hacia el pueblo, que ha sufrido bastante y ha aportado bastante, así que es necesario que se reconozcan una serie de situaciones que son las que ellos ponen en el P.C. 1003, que deben estar consignadas en el plan fiscal. Además, no sé cómo lo van a negociar, pero tienen que negociar con la JSF, de que tienen que bajar la deuda más todavía, porque se está metiendo deuda que es ilegal. Los legisladores no lo van a reconocer así, pero la gente entiende que es insostenible el pago y a la larga todos vamos a salir perjudicados”, indicó la doctora en economía y profesora en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo.

Dijo que los legisladores, “si se ponen en su sitio, le pueden exigir a la JSF estudios que validen que lo que ellos ponen ahí de verdad va a funcionar, porque los estudios que están demostrando otras personas, sobre todo los economistas que vienen de Estados Unidos, dicen que eso es insostenible”. Agregó que “hay que tener criterios científicos para poder establecer ese plan de manera que, a la larga Puerto Rico, siga ganando y que no volvamos a la quiebra”.

“¿Qué les va a decir la jueza? Simplemente, que tienen que ponerlo en el plan. La jueza no les va a decir tienen que cambiar el plan, es la JSF la que tiene que decirle a la jueza vamos a cambiar el plan”, sostuvo la economista.

“Los legisladores no le pueden dar un cheque en blanco a la Junta porque, al final, la jueza va a decidir a base del plan y no a base de la ley. La jueza -al igual que la JSF- responde también a los bonistas, quienes se supone que respondan al pueblo son los legisladores y el gobernador”, opinó.

¿Se puede romper el impasse?, cuestionó este diario.

“Creo que se puede romper, porque ya la Junta dijo en su carta que va a cambiar el plan. Tiene que incluir lo que dice el proyecto de ley, tiene que respetar el retiro, el dinero a la Universidad de Puerto Rico y a los municipios, que son los tres puntos clave que tienen que estar en el Plan de Ajuste, además de otros elementos. Tienen que estar en la legislación y en el Plan de Ajuste y eso es lo que le tienen que llevar a la jueza”, reiteró.

Dijo que “si no lo hacen” los legisladores deben atrasar la aprobación de la ley habilitadora del PAD. “Ellos tienen que esperar por la Legislatura porque no se puede emitir deuda a menos que la Legislatura lo apruebe. La Junta no puede ir por encima de la Legislatura, ya se ha sobrepasado un montón en sus funciones y eso sería sobrepasarse demasiado. Además, la Junta sabe que está en el ojo fiscal del Congreso de Estados Unidos”, expresó Quiñones

Otro economista, José Alameda, dijo que la jueza va a tratar de hacer una evaluación de la etapa en la que está el caso de la quiebra de Puerto Rico y si habría que alterar o no el calendario.

“De no ser así, ella trataría de buscar si hay alguna manera de solucionar el tranque entre las partes, la Junta y el gobierno, la Cámara, más bien el Senado y si tiene que alterar el calendario, tendría que ver cuándo es que hay posibilidades de resolver el tranque y cómo”, indicó.

Si la Legislatura hace constar que no dará paso a la medida, la jueza podría decirle al liderato legislativo: “¿Qué vamos a hacer, denme ustedes el plan ‘B’, ya el plan ‘A’ fracasó?”, dijo Alameda, también doctor en economía y catedrático del Departamento de Economía de la UPR en Mayagüez.

“Yo veo en todo esto un gran desbalance, porque ¿para qué es una corte de quiebras?, es para balancear la sinergía de la fuerza del deudor y eso es lo mismo que intenta hacer la JSF: proteger a los constituyentes versus los acreedores. Pero, en este caso, todo parece indicar que la Junta ha sido más sesgada a favorecer a los bonistas que a los constituyentes”, sostuvo el economista.

“La Junta no define servicios esenciales, no audita la deuda -lo hizo una vez y salieron $6 mil millones ilegales-, lo que ha hecho una y otra vez es decir: ‘voy a recortar las pensiones’”, indicó Alameda.

“Hay que recordar que la Junta, en un principio, vino a recortar el 10% de las pensiones a todo el mundo y cuando le metieron presión bajaron el diapasón y dijeron que eran a los (jubilados que recibían) de $1,500 para arriba. Después dijeron que era a los $2,000 para arriba y ahora ya están diciendo que no le van a recortar, solo a los que entran”, apuntó el economista.

Dijo que no cree que la jueza regañe a la Legislatura porque “está constituida por el poder democrático del pueblo versus ellos, la Junta y ella, que están en sus puestos por un poder imperial”.

“La jueza va a resolver de acuerdo con la ley, eso es lo que hacen los jueces nos guste o no. Lo que creo es que ella va a decir para dónde vamos (en el caso) y si no se ha aprobado nada, ella va a decidir conforme a derecho, pero tiene que tener los elementos”, agregó Alameda.