Las personas cuyas viviendas o negocios fueron dañados por el huracán María o las inundaciones posteriores ya pueden solicitar por teléfono o Internet los programas de asistencia de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA).

Sin embargo, la portavoz de FEMA, Deliris Aquino, aclaró que esto no implica que los damnificados tengan que ponerse la presión de buscar cómo completar la solicitud de inmediato, cuando Puerto Rico continúa en estado de emergencia y casi sin acceso a telefonía o Internet.  

“Entendemos perfectamente que las personas no tienen manera por ahora para solicitar la ayuda. Y las personas por lo que deben estar preocupadas es por estar a salvo”, subrayó.

Las ayudas, que por el momento están disponibles para los residentes en los 54 municipios de la declaración inicial de zona de desastre, se solicitan por la línea 1-800-621-3362, la aplicación móvil de FEMA  o llenando un formulario de registro en DisasterAssistance.gov, en inglés o español.

“Una vez la persona hace la solicitud, un inspector lo llama tres a cinco días después. Ese inspector debe evaluar los daños que la estructura haya sufrido y en una tableta recopila la información”, explicó Aquino sobre las operaciones que en Puerto Rico lidera el director regional de FEMA, Alejandro de la Campa.

Con esta inspección se determina a qué ayudas individuales cualifica la persona solicitante. Entonces, si la solicitud tiene toda la información requerida, en unas tres semanas la persona ya sabe si es elegible o no.

La solicitud por Internet toma unos 20 minutos, entre leer las instrucciones y recopilar la información requerida. Se requiere que el solicitante tenga un número de Seguro Social válido.

Llamado a limpiar

Aquino aclaró que los damnificados sí pueden y deben despejar escombros y limpiar sus viviendas aunque no hayan completado la solicitud o recibido a un inspector de FEMA. 

Lo ideal es que “si tienen teléfono o cámara, tomen fotos” de los daños estructurales y de las propiedades y equipos dañados, indicó.   

“No esperamos, nadie espera que las personas regresen a una casa inhabitable”, indicó sobre la importancia de evitar potenciales problemas de salud pública por aguas estancadas o desperdicios diversos. 

Más adelante, FEMA en colaboración con los alcaldes podría desplegar personal de campo para llevar la información de los programas de asistencia a comunidades de difícil acceso.  

Qué programas aplican 

Aunque FEMA en Puerto Rico es recordado por permitir que miles de familias tras el azote de los huracanes Hugo y Georges pudieran tener como techo temporal un toldo azul y luego tener fondos para reconstruir sus viviendas, lo cierto es que las ayudas cubren muchas otras necesidades apremiantes.

Por ejemplo, entre las asistencias disponibles –que tienen que ser solicitadas– figura pago por alquiler de vivienda temporera. Esto cubre hasta tres meses para dueños de hogares y un mes para quienes vivan alquilados, con opciones de extensión caso a caso.

También ofrecen subvenciones para reparaciones y reemplazo de propiedad que no esté cubierta por seguros y sea necesaria para que las viviendas sean funcionales, seguras y sanitarias.

A esto se suman ayudas monetarias para reemplazar equipos para necesidades médicas y dentales, o para transporte y servicios funerarios, siempre que no estén cubiertos por otros seguros o programas gubernamentales. Además, FEMA tiene fondos para proveer hasta 26 semanas de paga por desempleo a trabajadores que debido al desastre pierden su fuente de ingreso y no cualifican para el beneficio estatal por ser contratistas o por cuenta propia.

Estas ayudas se activaron luego de que el presidente Donald Trump firmara una declaración de desastre inicial para 54 municipios, que viabiliza ayudas de hasta $33,300 por domicilio.

Los pueblos en esta declaración inicial son Aguas Buenas, Aibonito, Arecibo, Arroyo, Barceloneta, Barranquitas, Bayamón, Caguas, Canóvanas, Carolina, Cataño, Cayey, Ceiba, Ciales, Cidra, Coamo, Comerío, Corozal, Culebra, Dorado, Fajardo, Florida, Guayama, Guaynabo, Gurabo, Humacao, Jayuya, Juana Díaz, Juncos, Las Piedras, Loíza, Luquillo, Manati, Maunabo, Morovis, Naguabo, Naranjito, Orocovis, Patillas, Ponce, Río Grande, Salinas, San Juan, San Lorenzo, Santa Isabel, Toa Baja, Toa Alta, Trujillo Alto, Utuado, Vega Alta, Vega Baja, Vieques, Villalba  y Yabucoa.

El Gobierno ha indicado que la inclusión de los 24 restantes se tramitaría más adelante, a medida que se logre acceso a más información.