Gonzalo Santiago se siente engañado, defraudado y, hasta cierto punto, humillado.

Le prometieron una casa segura para él y su mamá. Él les creyó, quizás ingenuamente, sin imaginar que siete años después estaría en el mismo lugar, viviendo en una casita que por momentos parece que amenaza con venirse al piso.

“Mami murió esperando esa casita. Yo tenía unos chavitos en ese tiempo y yo decía: ‘¿Qué hago con esto?’, porque tenía $9,000 y decía: ‘si pudiera hacer algo con esto, pero los muchachos me decían’: ‘con eso no puedes hacer nada’”, contó “Sarim”, como le dicen sus vecinos y amigos, sobre su deseo de hacerle una casa a su mamá.

Tiene 77 años. Recibe $62 mensuales de Seguro Social. A su edad aún trabaja en la carpintería para poder costear el agua y la luz. Su casita de madera y cinc se le está, literalmente, cayendo en cantos. La polilla está acabando con los pocos muebles que tiene.

“Sarim” es el rostro de las comunidades especiales. Dentro de los dimes y diretes, son los residentes de estos sectores pobres y marginados del país a los que un día se les prometió, no villas y castillos, sino lo que se merecen, un lugar seguro donde habitar, los que verdaderamente han salido heridos en este proceso.

“El Gobierno no ayuda a los pobres; me siento así”, indicó el anciano desde su humilde residencia, donde reside, la mayor parte del tiempo, con su hermana.

“Sarim” vive en el barrio Sonadora, en Aguas Buenas, comunidad a la que en el 2004 se le asignó $900 mil a través del Fideicomiso Perpetuo de Comunidades Especiales, para la construcción de 30 unidades de vivienda.

Hoy, sólo se han desarrollado tres de las 30 residencias que se les prometieron. Se supone que seis de éstas se construyeran en terrenos que son propiedad de los propios recipientes y las restantes, en un terreno que hoy permanece baldío.

De esas tres desarrolladas, ninguna ha sido entregada a sus dueños, que en ese entonces fueron expropiados de sus terrenos por Vivienda, a pesar de que sólo carecen de la instalación de agua y luz.

El contraste es indescriptible. A pasos de la casita de “Sarim”, hay una vivienda vacía que se supone que le correspondía a Marcelino Monzón, quien murió en la espera. Tiene unos buenos gabinetes, baños espaciosos y, ante todo, le provee seguridad.

“Nosotros decimos que esas son las casas de la maldición, porque todos han muerto. Mi papá murió, el papá de Manuel murió, la mamá de “Sarim” murió... todos han muerto esperando”, indicó Larissa Pelulleras, cuyo padre falleció sin ver su casa soñada.

Sarim no pide mucho. Desea arreglar su casita o construir una en el “solarcito” del cual fue expropiado para que supuestamente Vivienda pudiera entrar a construir. Eso sí, del barrio Sonadora no se va. “Aquí nací; no digo que aquí voy a morir porque uno no sabe; y de aquí no me voy”, dijo sentado desde la modesta, pero limpia, sala de su hogar.

“Prácticamente, ahora no tengo solar tampoco, porque lo que tenía era un affidávit y expropiaron para hacer las casas, y ahora no tengo solar ni casa”, comentó casi resignado Sarim.

Lamentó que los gobiernos se olviden de los pobres. “La verdad es que uno se siente que el pobre cada día está más pobre y los ricos cada día están más ricos... En los mensajes del Gobierno hay partidas de mil millones para esto, $500 millones para lo otro, pero no dicen: ‘en tal sitio hay una casita que hay que mejorarla’”, lamentó el septuageniario.

Sin explicaciones

Fue en el cambio de administración que aparentemente se ordenó que se detuviera el proyecto por la falta de fondos. Sin embargo, a los vecinos no se les dio explicación y mucho menos se les detalló en qué se invirtió el dinero que estaba asignado a la comunidad.

“Supuestamente, nos dicen, que se acabaron los chavos, pero cómo vas a subastar seis unidades de vivienda y de momento le digas al contratista: ‘vete que se acabó el dinero’. Ése es el argumento de la nueva administración”, dijo Wifredo López, líder de Sonadora, sobre lo que parece ser una incógnita para muchas otras comunidades: ¿qué pasó con el dinero asignado?

Mientras, en Sonadora, los residentes siguen esperando por un sitio digno dónde vivir, el cual no se lo están regalando, pues parte del acuerdo era que pagaran una hipoteca de $15,000 a 30 años por la residencia.

“Ya se han muerto unos cuantos esperando las casas... y yo, que a lo mejor estoy en turno”, expresó “Sarim” antes de regresar a su auto para continuar un trabajito que había iniciado.