“El proyecto es natimuerto desde el principio”

Con esta aseveración, la presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, resumió el sentir de la mayoría de los deponentes que la mañana del viernes participaron en una audiencia de la Comisión de Hacienda del Senado, que analiza una medida que incentivaría la jubilación de los maestros del sistema de educación público.

"El proyecto no es enmendable dada la situación de retiro. Cualquier estudio actuarial le va a decir que no tenemos con qué pagar las pensiones", apuntó Díaz durante un intercambio de impresiones con el presidente del cuerpo, José Nadal Power.

Apoyó esta afirmación citando datos del Sistema de Retiro para Maestros, que según el último informe actuarial disponible consigna que solo cuenta con 11.51 centavos por cada dólar comprometido. 

"No hay estudio actuarial que lo sostenga. O sea, el proyecto es natimuerto desde el principio y como dijo el mismo presidente (de la Comisión) no tenemos el estudio actuarial y por lo tanto se está en violación de la misma Ley 160 (Ley del Sistema de Retiro para Maestros)", apuntó la educadora. 

"Si le adelantan el retiro a los maestros, que le digan que en tres años se van a quedar sin pensión y sin sueldo", agregó.

En su ponencia escrita, la Asociación de Maestros endosó la medida con ciertas reservas, pero durante la audiencia Díaz pareció modificar su posición hasta anticipar la muerte de la medida.

"Esa medida es simpatiquísima y más en año de elecciones que sobre 5,000 representados por nuestra organización están esperando la aprobación de este proyecto para acogerse a sus beneficios", afirmó.

Díaz también resaltó que la medida no generará los ahorros suficientes para pagar la nómina de los maestros nuevos que el Departamento de Educación tendrá que contratar para sustituir a los maestros que se jubilen.

El proyecto de la autoría de la senadora Mari Tere González López propone la creación del Programa de Separación Voluntaria Incentivada para que los maestros con 25 o más años de servicio en el sistema de educación público se retiren con una pensión del 65% de su último salario.

De aprobarse la medida, unos 5,477 maestros cualificarían para el retiro.

La presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez Padilla, rechazó la medida porque amenazaría el ya moribundo Sistema de Retiro para Maestros y condenaría a la pobreza a los maestros que se acojan al Programa de Separación Voluntaria.

"No va a haber el dinero para pagar el 65%, pero luego el maestro va a terminar con sólo un 50% de pensión porque tendrá que realizar una aportación individual al Sistema de Retiro y después de un año tendrá que pagar por el plan médico. No le va a dar el salario", insistió.

Según lo dispuesto en la medida, el maestro que se jubile bajo este régimen recibirá una aportación de $120 mensuales para la prima de plan médico por un periodo de un año. Después de ese periodo tendrá que asumir el costo total de la cubierta médica.

"Esto le genera ahorros al Gobierno, pero arremete contra el salario y la salud de los trabajadores", afirmó Martínez Padilla.

"Para el magisterio, como grupo social, el proyecto, más que beneficiarlo, lo perjudica y lo debilita", subrayó.

Para dramatizar la debilidad del Sistema de Retiro de los Maestros, también apuntó que por primera vez en la historia hay más jubilados (40,601), que maestros activos en el sistema de educación (39,343).

"Las proyecciones de los informes actuariales indican que de no tomarse medidas, el Sistema de Retiro de los Maestros se quedará sin fondos en el 2017 para cumplir con el pago de pensiones", apuntó.

La educadora, además, pidió la derogación de la Ley 160, que aprobó esta administración al reformar el Sistema de Retiro para Maestros, mientras que Díaz abogó porque se le realicen enmiendas para que no continúe desangrado el sistema de retiro.

El director ejecutivo de la Organización de Directores y Administradores Escolares, Edwin Cordero Vera, favoreció la medida, pero enfatizó que el Gobierno debía asumir el costo del incentivo.

Mientras que la asesora legal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Wanda Pérez Álvarez expresó preocupación por el impacto negativo que la medida tendrá sobre el Departamento de Educación.

"Si al costo estimado de la implantación del programa ($1,117,765,706) se le resta el costo actual al DE de los maestros elegibles ($756,689,847) observamos un impacto neto negativo fiscal al DE de $361,075,089. A esos efectos, esta medida, según redactada, no representa ahorros para el DE", advirtió Pérez Álvarez.

En una vista previa, el Departamento de Educación también advirtió que la aprobación de la medida podría afectar su capacidad para cumplir con su deber constitucional de garantizar la educación pública y resaltó la falta de recursos en el presupuesto para asumir el costo del proyecto.

El Sistema de Retiro para Maestros, por su parte, afirmó que solo podría cumplir con el objetivo de la medida si se le asignaban los recursos correspondientes.

Ante esta situación, Nadal Power anticipó que la medida sufrirá cambios.

"Las ponencias no se apartan mucho entre ellas ya que el planteamiento principal es que le proyecto de Ley tiene que contener un lenguaje alusivo a lo que son los estudios actuariales. Que cualquier cambio o aprobación de un preretiro tenga un análisis actuarial previo", apuntó.

"Lo que estoy contemplando es añadir un lenguaje muy parecido al que tiene la Ley vigente del Preretiro de los Empleados Públicos a los efectos que tanto la OGP como la agencia participante tengan que pasar por un proceso de cualificación y certificación para que lo que se haga en efecto conlleve unos ahorros y no termine costando más", agregó.

Nadal Power apuntó que de enmendarse la medida podría contar con los votos para su aprobación.

Las senadoras María de Lourdes Santiago y Migdalia Padilla, que participaron de la audiencia, anticiparon que votarán en contra del proyecto.