Mario Marazzi Santiago no renunciará a su cargo en el Instituto de Estadística y, por el momento, continuará separado de sus funciones a lo que se resuelven imputaciones de violencia de género en su contra.

Sus expresiones surgen luego que ayer la Junta de Directores del Instituto dijo que comenzaría un “proceso de remoción” tras vencerse el tiempo concedido para que renunciara voluntariamente.

No obstante, Marazzi entiende que el ente está constituido en violación de ley por contar con dos miembros del gobierno y no uno, como se requiere.

“La Ley del Instituto es clara: la Junta de Directores está compuesta de 6 personas y 1 funcionario de gobierno.  En dicha Junta, no pueden haber 2 funcionarios.  Este es uno de los mecanismos principales que provee la Ley para garantizar la objetividad de los trabajos del Instituto.  De lo contrario, la Junta de Directores se pudiese conformar con los secretarios de gabinete del gobierno de turno, y la institución dejaría de funcionar libre de influencias políticas”, dijo en un comunicado de prensa.

Los dos funcionarios gubernamentales que votaron para no darle más tiempo fueron: Alex López Echegaray, vicepresidente de la Corporación para la Difusión Pública, y Manuel Laboy, secretario de Desarrollo Económico.

“Como no se pudo conformar la Junta en Ley, no me queda de otra que anunciar que agradezco su tiempo, y que por el momento continuaré separado de mis funciones voluntariamente para atender los asuntos personales pendientes.  En específico, informo que estaré procediendo a apelar la orden de protección en mi contra.  Mientras tanto, el Instituto continúa operando bajo el liderato del Orville Disdier sin mayores contratiempos”, añadió.

La esposa de Marazzi Santiago radicó a finales de octubre una orden de protección en su contra por un presunto incidente de violencia de género, que es investigado por las autoridades.

Irá a tribunales

El separado de sus funciones, asimismo, adelantó que solicitará una investigación al tribunal por la Junta de Directores obtener, reproducir y distribuir la orden en su contra que está bajo mordaza judicial por lo que se trataría de un “documento confidencial”.

“El Articulo 16 de la Ley del Instituto de Estadísticas dispone que todo funcionario del Instituto que permita la divulgación o reproducción indebida de información confidencial incurrirá en delito grave que será castigado con una multa de $7,000 o reclusión por 1 año de cárcel.  Me preocupa mucho que el Sr. Cruz y otros miembros de la Junta de Directores pudiesen con las acciones ya anunciadas haber cometido delitos en contra de mi persona”, sostuvo.