Arecibo-Hatillo-Camuy-Lares. Era un día como cualquier otro para el comerciante Deosany Vélez Cortés.

En la mañana del pasado miércoles, 20 de mayo, se encaminaba a su puesto, adyacente a la carretera PR-129 en Arecibo, para vender frutas, viandas, queso del país y cocos fríos.

Pero lo que encontró fue un desastre. El zinc que guarecía su mercancía estaba sobre el suelo, los estantes donde presentaría sus productos estaban dañados. Y es que personas que se identificaron como empleados del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) estaban “desmantelando” su lugar de empleo, que le provee sustento a él, a su esposa e hijos.

“Me volví loco”, narró a Primera Hora. “Yo llegué y me estaban desmantelando el kiosco. Ellos mismos me lo picaron, me lo desbarataron. Eso me había costado sacrificio y ellos no lo desmantelaron, ellos lo picaron, lo tumbaron al piso, lo desbarataron”, reiteró.

El triste desenlace del puesto de Vélez Cortés, quien ha sido comerciante ambulante por ocho años, se da luego de que el DTOP les exigiera a estas personas apostadas a la orilla de la vía remover sus negocios en un plazo de 10 días tras ser notificados.

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Según el vendedor, la agencia gubernamental no le avisó, ni por comunicación verbal ni escrita, que esto sería un requisito. Por el contrario, el miércoles pasado fue sorprendido con la destrucción de su puesto por supuestos representantes del DTOP que, según alega, se comunicaban con él de manera airada.

No fue suficiente la patente municipal que tiene, ni tampoco el reclamo del comerciante de que no fue notificado previamente. Tras una discusión acalorada con el personal del DTOP, quienes le exigían a Vélez Cortés firmar un documento del cual no le proveyeron copia, estos llamaron a la Policía.

“Como no quería problemas, le firmé el papel y recogí las cosas. Me (arrepiento) bien brutal”, comentó.

A Vélez Cortés no le ha quedado otro remedio que llenar la parte trasera de su camioneta con productos para la venta. Hoy la llenó de mangó.

“Las ventas de la semana pasada fueron pérdidas completas, porque no se trabajó. Yo empecé a trabajar ayer (lunes, 25 de mayo)”, dijo al asegurar que perdió más de $4,000.

Desde Arecibo a Lares

Este es el tema de conversación en la mayoría de los puestos, desde Arecibo hasta Lares: el “abuso” de las agencias públicas por arrebatarles sus negocios. A los clientes que consumen hamburguesas les preocupa el futuro de los comerciantes que operan sus puestos preferidos. Mientras, un vendedor de piraguas pensaba que se trataba de un chiste de mal gusto que se propagó por las redes sociales.

A Raúl Bonilla, viandero en Lares, ya le removieron los carteles que tenía para promocionar su Placita Raúl. Restan dos días para que venza el plazo otorgado para retirarse del lugar. Desconoce cómo pinta su futuro.

“Llegaron aquí, me dijeron que tenía que irme, pero no me dijeron por qué”, comentó el hombre a este diario.

Bonilla dijo que no se moverá. Lleva 12 años vendiendo sus productos y tiene cuatro empleados a quienes no desea cesantear súbitamente. Los agricultores que le suplen también dependen de él.

Exigirá que se llegue a “un acuerdo”. De lo contrario, él y sus homólogos están dispuestos a protestar.

“Nos vamos a unir todos los comerciantes para irnos en huelga”, adelantó. “Estamos dispuestos a hacer huelga y salir a defender (nuestros negocios)”, agregó.

A Luis Antony Villela, propietario del Kiosko La Gran Bendición en Hatillo, también le llegó la temible notificación.

Desde el 7 de mayo, vive todos los días esperando alguna acción de la agencia, pues ya el término venció. Mientras tanto, seguirá trabajando. Rechazó esperar por una acción del DTOP “en casa haciendo ná… como si la economía estuviera tan buena aquí”.

“Esto aquí nadie me lo ha dado; con el sudor de uno se lo ha ganado poco a poco”, soltó.

“Yo vivo de esto. Yo llevo siete años aquí ya. Tengo cuatro empleados que viven de esto también. Si yo me quedo sin trabajo, se quedan (sin trabajo) ellos también. Voy a esperar a que vuelvan y vengan, porque me van a tener que llevar a tribunales. Imagínate, ¿qué voy a hacer yo?”, apuntó el también esposo y padre de dos niñas, de 1 y 4 años.

Todos los comerciantes, tanto los que conversaron con Primera Hora en récord como en anonimato, negaron que en la vía se hayan suscitado accidentes vehiculares a consecuencia de sus negocios.

“Sí, ha habido accidentes, pero no saliendo de un negocio. Aquí yo llevo siete años y nunca he tenido un accidente aquí, gracias a Dios”, afirmó Villela al indicar que el personal del DTOP le dijo que podía “tener patente municipal” para operar su negocio, “pero no el permiso de ellos”.

Cabe destacar que todos los que conversaron con este diario reiteraron que no recibieron una copia del documento que firmaron el cual se les exigía remover sus puestos en 10 días.

“Eso es una excusa. Hay tantas cosas importantes por las que tienen que preocuparse. Mira la (condición de) las carreteras y todo. Quieren joder al pequeño comerciante, porque uno está aquí buscándose el peso honradamente, porque aquí uno no le está robando a nadie. Yo tengo todos mis permisos al día”, subrayó.

La situación de estos comerciantes ya se había visto afectada con el cierre del Parque de Las Cavernas del Río Camuy desde el paso del huracán María (2017), estrangulando la economía de la zona.