Un proyecto de ley que está en consideración ante la legislatura establecería un mecanismo que abriría la puerta para que primeros compradores puedan acceder a viviendas reposeídas por municipios a un precio mucho más barato.

Al mismo tiempo, las enmiendas al Código Municipal de Puerto Rico atenderían la problemática de propiedades abandonadas que se declaran estorbo público, y podrían propiciar una repoblación de áreas urbanas que se han ido despoblando a través del tiempo.

El Proyecto del Senado 456, que fue objeto de discusión este miércoles durante una vista pública de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Representantes, fue respaldado de manera unánime por todos los deponentes, entre los que se incluyeron funcionarios del CRIM (Centro de Recaudación de Ingresos Municipales), directivos de la Federación de Alcaldes y de la Asociación de Alcaldes, y el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, quien es uno de los propulsores de la medida.

Aunque se trata de un tema bastante técnico, de manera general se puede entender que este proyecto, según explicó el representante Luis Pérez Ortiz, presidente de la Comisión, “busca atender esa preocupación de las propiedades abandonadas en los municipios, que es el problema que tienen todos los alcaldes en Puerto Rico”.

Pero quizás más importante, “se abre otra oportunidad de tener un hogar, a un mejor precio, y de repoblar (las ciudades)”, insistió el representante. “Fíjese que en esa vista hubo un consenso (a favor) de todo el que vino”.

“Lo que buscamos es adelantar el proceso de reposeer a un precio mucho más barato, para poderla disponer (la propiedad) más barato”, añadió García Padilla.

El alcalde de Coamo resaltó que actualmente se estima que “hay sobre 50,000 unidades de vivienda abandonadas en el país”, muchas de ellas con las conexiones a servicios de luz, agua y alcantarillado sanitario.

“El país necesita reconstruir sus comunidades a un costo módico, económico, y hay que ejecutar. Hay que avanzar, porque yo creo que no hay por qué construir una cuerda más de terreno cuando tenemos 50,000 espacios para reconstruir, con agua y luz, y sanitarios”, afirmó García Padilla.

“Es más costo efectivo, más conveniente”, agregó Pérez Ortiz. “No es lo mismo recertificar una facilidad que construir una nueva”.

De aprobarse la medida, indicó Pérez Ortiz, se establecería la fecha en la cual comenzarían a cobrarse la contribuciones y penalidades sobre una propiedad abandonada que sea expropiada “a partir de la última factura de agua o de luz de esa propiedad, según sugerido por los propios alcaldes, luego de ellos hacer el correspondiente análisis que hacen siempre que solicitan una expropiación”.

El alcalde de Coamo explicó que lo que propone el PS 456 es que “toda aquella propiedad que sea declarada estorbo público, que haya estado exonerada por el CRIM (del pago de contribuciones) se va a retrotraer la deuda a la última vez que tuvo luz o agua, y no a los últimos cinco años como dice actualmente (la ley)”.

Sin embargo, a la larga, esa deuda acumulada no pasaría a manos del nuevo comprador, sino que se restaría de su precio original.

Fue enfático en que se refiere a “toda propiedad que pasó por el debido proceso de estorbo público y fue declarada estorbo público, después de haber pasado todo el debido proceso de edictos, vistas públicas, la posibilidad de apelar al tribunal, después de haber pasado todo eso, e incluso luego de la legislatura municipal haber aprobado todo el proceso, entonces esa deuda, como esa casa o ese edificio estaba exonerado, se retrotrae a la última vez que tuvo luz o agua”.

Aclaró, también de manera enfática, en que esto no aplicaría a “viviendas que vive la gente, o que las reside o que las utiliza, que van a poder apelar en el proceso de estorbo público, pues no van a llegar a ese final”. Asimismo, no ocurriría con aquellas que estén en medio de alguna disputa o procedimiento legal.

Puso el ejemplo reciente en su municipio con 12 propiedades sobre las que se inició el proceso para declararlas estorbo público con la publicación de un edicto. En un caso, una cooperativa alertó que era suya la propiedad y terminando un proceso de ejecución, por lo que se sacó del proceso, y se le pidió que la limpiara. Asimismo, llegaron dos familias que indicaron que eran propiedades de sus respectivas familias y estaban en procesos de hacer la declaratoria de herederos, así que también las sacaron del proceso.

Pero de esas 12 propiedades hubo siete que no llegó nadie a responder al anuncio del edicto. En ese caso, se hará el segundo aviso, y se lleva ante la legislatura municipal para hacer el proceso ante ellos, aprobar que es estorbo público, hacer un nuevo anuncio, y si alguien quiere apelar, todavía puede hacerlo ante el tribunal, pues, aseguro, “la ley provee para el debido proceso”.

Pero el cambio en cuestión que propone la medida, reiteró el alcalde, aplica a aquella casa que “tiene que estar declarada estorbo público, no la reside nadie, no la vive nadie, está en estado de abandono. Estamos hablando después de haber pasado todo el proceso que el código municipal plantea de declarar una propiedad estorbo público, y aprobada por la legislatura municipal, entonces yo se lo someto al CRIM. Antes no puedo sometérsela”.

Beneficioso para primeros compradores

¿Pero dónde está el beneficio en todo eso para ese primer comprador? Según explicó el alcalde, en la deuda del CRIM que podría restársele al precio en el que compraría esa propiedad.

“Si yo voy a comprar esta propiedad que está abandonada, y tasó $50,000, yo la tengo que reposeer. Yo tengo que buscar $50,000 para reposeerla, pero yo le resto la deuda del CRIM, los gastos administrativos, y cuando la reposeo, a lo mejor le tengo que decir al tribunal, mira la estoy reposeyendo por $20,000, su valor de tasación es $50,000, como en mi proyecto de ordenanza (municipal), y el de ley lo recoge también, es para el primer comprador, cuando yo voy a disponer de ella la tengo en mejor precio”, explicó García Padilla.

“Tiene que arreglarla. Pero el comprador compra una propiedad que pueda poner en uso rápido a un menor precio posible”, agregó sobre el razonamiento detrás de cambiar la fecha a la que ser retrotraería el cobro de impuestos y penalidades sobre la propiedad.

“Cuando yo la voy a vender, yo le resto, le doy el beneficio del descuento al comprador. Yo lo que quiero es repoblar”, insistió. “Esa propiedad me tasó 50, la expropié por 20, se la puedo vender a esta pareja joven en 25, en 30… no más de 50. ¿Para qué? Para que vayan al banco y le digan, mira, el municipio me está vendiendo una propiedad que tasó 50, le restó la deuda del CRIM que quitó, y me la va a vender en 30”, explicó.

Eso sería, insistió, “solo para primeros compradores”, no para desarrolladores, “a los desarrolladores se la vendo en 50. Ahora, al primer comprador, yo se la doy a descuento”.

“Yo quiero repoblar mi ciudad. Ahora mismo no se puede. Los jóvenes se están yendo. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor mejores posibilidades de empleo, pero sobre todo vivienda. Ahora mismo se están despoblando las ciudades, y más las rurales. Pues yo tengo que repoblar mi ciudad”, reiteró el alcalde.

Para poner un ejemplo concreto, explicó que en Coamo hicieron el ejercicio de trazar el mapa “de la Calle Segundo Bernier hacia el sur de la ciudad” y encontraron 147 espacios abandonados.

“Si yo logro hacer la mitad, 75, yo tengo 75 por dos, 150 personas viviendo, poniendo una presión económica en un área en específico y no se me fueron. Porque el pago de una vivienda, ponle que le salga al final en $70,000 u $80,000 después de arreglarla, pues el pago (mensual de hipoteca) son $450. Pueden vivir”, sostuvo.

En contraste, agregó, “si tú vas a una urbanización ahora de interés social, está en $175,000, $200,000, fuera del área metropolitana, y el pago son $1,200 mensuales. Ese es el salario de ellos (la pareja joven del ejemplo anterior)”.

Por otro lado, tanto el alcalde como el representante admitieron que, en la situación actual, en cuanto se construye una urbanización, “la van a comprar los especuladores”. Por eso, agregaron, con este proyecto, se establece claramente que este beneficio es para primer comprador de vivienda.

No obstante, García Padilla indicó que el proyecto sí incluye la participación de ciertas organizaciones sin fines de lucro que cumplen determinados criterios y pueden ayudar en la creación de esos espacios de vivienda.

El PS 456 fue radicado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, a petición del alcalde de Coamo, y tiene como coautor al otrora alcalde de Comerío y hoy senador, José A. “Josian” Santiago Rivera.