Una moratoria aprobada por el secretario de Agricultura para detener la eutanasia de los perros pitbull, prohibidos en la Isla desde una ley estatal aprobada en 1998, sirvió para atizar una controversia que gira en torno a la potencial peligrosidad del animal, producto de cruces entre bulldogs y terriers ingleses para peleas callejeras de Inglaterra que resultaron abolidas en el siglo XIX.

A pesar de estadísticas del Centro Federal de Control de Enfermedades (CDC), que atribuyen una quinta parte de las fatalidades provocadas por ataques de perros en Estados Unidos a los perros pitbull y sus cruces, la moratoria fue implantada el pasado lunes; y su duración se extenderá hasta que se diluciden dos demandas radicadas por dos dueños de perros pitbull contra el Estado para objetar el sacrificio de sus mascotas.

La paralización de toda orden emitida por Agricultura para los sacrificios de los perros recibió el respaldo del Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico, el veterinario de Salud, así como el presidente de la Asociación de Pitbulls, José Rivera, un residente de la Península de Cantera que encabeza una campaña de cabildeo para derogar la ley del 98.

“Las personas están adquiriendo conocimiento de cómo criar sus mascotas pitbull y entendemos que más del 90 por ciento de los amos son ciudadanos responsables. Los perros son como un niño y actuará a base de cómo uno lo críe. Si no le provees un ambiente favorable, cualquier perro puede ser agresivo” , sostuvo Rivera.

A base de querellas policiacas, Agricultura ordena la eutanasia del animal, aunque por años la ley nunca se pudo poner en vigor ya que la agencia carecía tanto del personal como de fondos para su implementación.

Aparentemente, el incidente de los perros arrojados de un puente en Vega Baja el año pasado reactivó los esfuerzos de las autoridades y los gobiernos municipales en torno al control de los animales, incluyendo los perros que se habían convertido en posesiones ilegales con la ley de la autoría de la representante penepé Iris Miriam Ruiz.

Agricultura certificaba la raza del perro y ordenaba la eutanasia, mientras que las autoridades policiales se encargaban de intervenir con los dueños de los perros. Personas que rehúsan entregar su animal para ser sacrificado podrían ser sujetos a una pena máxima de un año de cárcel o una multa de $1,000, aunque la moratoria pone en suspenso cualquier penalidad.

Expertos en el tema entrevistados ayer están en contra de la criminalización de una raza de perro, aunque sí instan a una fiscalización del manejo del animal en lugares públicos para que todo can, por ejemplo, sea caminado con una correa. “En nuestra cultura los animales no han ocupado un puesto cercano a los humanos” , sostuvo el presidente del Colegio de Médicos Veterinarios, Víctor R. Oppenheimer.