La secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Carmen R. Guerrero, emitió órdenes de cese y desista, y de restauración, así como multas de cientos de miles de dólares contra tres hombres sospechosos de afectar un bosque de manglar en la zona marítimo terrestre del sector Camino Los Indios, en el barrio Las Mareas de Salinas.

El comisionado del Cuerpo de Vigilantes, Ángel Cruz Medina, y un equipo de trabajo del DRNA entregó personalmente ayer, martes, a los implicados la determinación de esa agencia, se informó hoy, miércoles.

Guerrero explicó que la investigación del caso comenzó en junio pasado. Dijo que fue necesario que los vigilantes intervinieran en tres ocasiones distintas con los sospechosos por incumplir con los requerimientos de paralización. “Fue preciso realizar incluso operativos nocturnos para dar con los responsables”, indicó en un comunicado de prensa.

La funcionaria detalló que a los tres hombres se les imputa afectar el hábitat crítico esencial de especies en la Lista de Peligro de Extinción y aves migratorias y violar varios artículos de estatutos y reglamentos.

Entre las leyes violentadas, según el DRNA, están la Ley 314 de 1998 de Protección de Humedales de Puerto Rico; la Ley 132 de 1968 de Arena, Grava y Piedra; la Ley 23 de 1972, conocida como la Ley Orgánica de la agencia; el Reglamento 4860 para el Aprovechamiento, Vigilancia, Conservación y Administración de las Aguas Territoriales, los Terrenos Sumergidos Bajo Éstas y la Zona Marítimo Terrestre; la Ley 241, conocida como Nueva Ley de Vida Silvestre y el Reglamento para Regir la Conservación y el Manejo de la Vida Silvestre, las Especies Exóticas y la Caza, y la Ley 133 de Bosques.

 Las personas imputadas de las violaciones fueron identificadas por el DRNA Guillermo Godreau Veguilla, Santiago Rolón Vázquez y Carlos Manuel García Alvarado.

La orden exige “el cese y desista inmediato de toda actividad ilegal mencionada en la relación de hechos de esta orden, la remoción total de obras, material de construcción y relleno y la restauración total a su estado natural o mitigación de conformidad con los criterios y requerimientos técnicos del DRNA”.

Además, se exige el pago de multas de hasta $50,000 por cada infracción a la Ley 132 y su reglamento, hasta $10,000 por infracción a la Ley 241 por ser área de hábitat crítico esencial de especies, hasta $50,000 de multa administrativa, hasta $5,000 por violar el Reglamento 4860 y hasta $10,000 en acciones subsiguientes, de ser encontrados culpables de los hechos imputados.

La relación de hechos de la orden establece que el 30 de junio de este año, los hombres excavaron y removieron material de corteza terrestre sin permisos y cortaron o dañaron árboles de más de cinco pies de mangle rojo, mangle blanco y emajaguilla y rellenaron áreas de humedal. Señala el DRNA que no tenían un plan de mitigación aprobado por la agencia. Esos actos aparentemente ilegales ocurrieron en aproximadamente 2,297 metros de una zona marítimo terrestre, la cual es de dominio público.

Durante una primera intervención, un oficial del Cuerpo de Vigilantes les dio una orden de cese y desista verbal a los implicados por la supuesta actividad ilegal.

Guerrero dijo que, pese a la orden de paralización verbal, el pasado 22 de julio los implicados o sus empleados “en forma contumaz y temeraria, extrajeron, excavaron y removieron material de corteza terrestre, y vertieron relleno sin el correspondiente permiso, concesión y autorización del DRNA y cualquier otra agencia pertinente; así como hicieron zanjas para construir un muro en cemento. El ancho de la zanja o zapata es de aproximadamente 61 centímetros (2 pies) y 33 centímetros (1 pie) de profundidad”. Estos actos también ocurrieron en la zona marítimo terrestre, de dominio público, destacó.

Además, el pasado 24 de julio los intervenidos continuaron con la construcción de la verja, la instalación de varillas, tubos y bloques sin el correspondiente permiso del DRNA. Igualmente, en esa fecha también cortaron, talaron y descortezaron árboles de mangle rojo y blanco sin plan de mitigación, ni permisos en la zona marítimo terrestre.

Esta fue segunda ocasión que un vigilante les dio ese dio una orden verbal de paralización de la obra, precisó el DRNA.

La tercera intervención se realizó el 28 de julio, cuando agentes del Cuerpo de Vigilantes sorprendieron a los implicados descargando material de construcción desde un camión y depositando los mismos en el área para continuar los trabajos.

 “El relleno depositado en la zona marítimo terrestre y terrenos sumergidos ocasionaron daños irreparables al hábitat de organismos como el cangrejo de tierra o juey común, cangrejo violinista y a la vegetación natural del área como son los árboles de mangle y plantas hálofilas como la Verdolga y la Barilla. El relleno depositado en el lugar no es apto para las especies mencionadas restablecerse”, reza la orden firmada por la titular del DRNA.

La vista administrativa del caso fue citada para el 20 de agosto en la Oficina de Oficiales Examinadores del DRNA en Cupey. Además, se les dio a los hombres 20 días para contestar la querella o de lo contrario se les anotará rebeldía en el proceso.

“Se les apercibió de que la vista es de naturaleza adjudicativa cuasi judicial, por lo que el ministerio público tiene la responsabilidad de probar las infracciones cometidas y los querellados su defensa”, agregó Guerrero.