La empresa hipotecaria New York Mortgage Bankers pidió acogerse a la quiebra en medio de un proceso judicial que podría desembocar en el encarcelamiento de su presidenta, Nancy Hernández.

La licenciada Griselle Morales, asesora legal de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), indicó el martes que la quiebra se radicó el Jueves Santo, el 9 de abril, último día laboral previo a una vista contra Hernández en el caso de los balances de cancelación de hipotecas que nunca fueron remitidos a los acreedores de una treintena de consumidores.

Morales se enteró de la quiebra ayer, lunes, en una vista en la que su oficina solicitaba que se le exija a la banquera mostrar causa por la cual no se le debe encontrar incursa en desacato por incumplir una sentencia judicial basada en una orden por consentimiento de OCIF que Hernández firmó en su carácter personal y como presidenta de la empresa hipotecaria.

"Nancy Hernández tenía que cumplir la sentencia. En el momento en que ella incumple con esa sentencia y por tanto con nuestra orden por consentimiento, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras tiene la facultad por ley de acudir al tribunal para que ordene el cumplimiento, con las sanciones correspondientes" manifestó.

Si es encontrada incursa en un desacato civil, podría conllevar sanciones monetarias, y si es declarada en desacato criminal, "podría conllevar una pena de reclusión", explicó.

Morales aclaró, no obstante, que OCIF no pidió el encarcelamiento de Hernández, sino la celebración de una vista en la que la banquera muestre causa por la cual no se le debe encontrar incursa en desacato.

"Nosotros no radicamos una moción para que se le encarcelara... El desacato lo impone el tribunal", afirmó.

La vista del lunes no está relacionada con el proceso criminal que enfrenta Hernández y su hija, Noemí Pérez Hernández, quienes en relación con este esquema encaran cargos por violación a la Ley de Instituciones Hipotecarias y a varios artículos del Código Penal sobre apropiación ilegal de fondos.

La orden por consentimiento de OCIF establecía, entre otras cosas, que New York Mortgage debía saldar las hipotecas de los consumidores y arreglarles sus créditos, que se afectaron cuando la empresa hipotecaria no remitió el balance de cancelación de las hipotecas a los bancos acreedores.

Según la abogada, en este esquema se vieron involucradas 33 hipotecas, de las cuales aún quedan sin saldar entre 12 y 15 de ellas por un valor cercano al millón de dólares.

En el caso criminal separado, contra la Corporación New York Mortgage Bankers y Hernández, se presentaron 289 cargos de apropiación ilegal de fondos públicos bajo el actual Código Penal, otros 162 cargos de apropiación ilegal de fondos públicos bajo el anterior Código Penal y 23 cargos de violación a la Ley de Instituciones Hipotecarias.

Mientras, a Pérez Hernández se le radicaron 289 cargos por apropiación de fondos públicos y dos cargos por violar el artículo 7 de la Ley de Instituciones Hipotecarias.