El secretario de Departamento de Seguridad Pública (DSP), Pedro Janer, nombró al veterano rescatista Nino Correa Filomeno, como el nuevo comisionado interino del Negociado Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD).

“Al no tener a nadie a cargo del Negociado y en momentos en que nos acercamos al pico de la temporada de huracanes, es importante que los planes de trabajo tengan continuidad y se garantice una respuesta eficiente para el beneficio del pueblo puertorriqueño. Entendemos que Nino Correa cuenta con la experiencia necesaria para asumir las riendas del NMEAD y liderar el excelente equipo de trabajo que lo compone”, detalló Janer en declaraciones escritas.

El secretario detalló que, al principio, la designación será vigente hasta que la gobernadora Wanda Vázquez Garced determine quién será la persona que asuma el cargo en propiedad.

Por su parte, Correa Filomeno expresó que “estoy agradecido por esta oportunidad y reitero mi compromiso para velar por la seguridad de la ciudadanía en momentos en los que manejamos varias emergencias simultáneamente. Me siento honrado de, una vez más, poner mi experiencia a la disposición del pueblo puertorriqueño”.

Correa Filomeno cuenta con más de 30 años de experiencia en el campo del manejo de emergencias. Se ha desempeñado como coordinador de Búsqueda y Rescate por 18 años y desde enero de este año ha ocupado la posición de Director de Operaciones en el Negociado.

Por último Janer explicó que el subcomisionado Marcelo Rolón renunció a su cargo y Nino Correa contará con el equipo de trabajo necesario para realizar sus funciones. Indicó que la gobernadora próximamente se expresará sobre la designación del comisionado en propiedad.

Correa entra en sustitución de José Burgos, quien presentó su renuncia esta semanas, tres meses después de haber entregado otra dimisión de la que, posteriormente, se retractó.

Burgos fue uno de los referidos por la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), con relación a la controversial compra por $38 millones en pruebas rápidas para detectar el COVID-19 a la empresa Apex General Contractors.

De acuerdo al informe del comité legislativo, Burgos, posiblemente cometió perjurio al testificar el 8 de abril ante la Comisión de Salud. Se le señalan posibles violaciones al Código Penal y a la Ley de Ética Gubernamental.