Tras afirmar que menoscabaría el acceso a la justicia y la separación de poderes de las ramas gubernamentales, un grupo de entidades de servicios legales se opuso ayer a un proyecto de ley que busca dejar a discreción del Tribunal de Apelaciones si atiende cualquier solicitud de revisión judicial sobre órdenes o resoluciones emitidas por agencias administrativas.

Para la Sociedad para Asistencia Legal (SAL), la Clínica Ambiental de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y la Asociación Nacional de Derecho Ambiental (ANDA), la medida, aprobada en febrero por la Cámara de Representantes, les quitaría a los ciudadanos el derecho a solicitar la revisión de cualquier decisión administrativa que encuentren injusta y que afecte sus derechos u obligaciones.

“El delegar por entero en la discreción del Tribunal de Apelaciones la revisión de decisiones, órdenes o resoluciones finales administrativas, no sólo tiene una consecuencia adversa en el tan necesitado acceso a la justicia, sino que amenaza con incrementar las decisiones administrativas erradas o arbitrarias que requieren rectificación”, dijo ante la Comisión senatorial de Gobierno el profesor Pedro Saadé, quien dirige la Clínica Ambiental de Asistencia Legal de la UPR.

Quien único defendió la pieza fue la Oficina de Administración de los Tribunales, que ve en la medida una alternativa para aminorar los gastos del Gobierno y para agilizar los procesos administrativos.