Los amantes a las peleas de gallos tienen casi ninguna alternativa para lograr revertir la decisión del Congreso de los Estados Unidos de darle paso a la prohibición de las peleas de gallos en Puerto Rico.

Conocedores del proceso político estadounidense y abogados trajeron a colación que las desventajas del status colonial resurgen nuevamente cuando se habla de las opciones que se puedan tener para detener el Farm Bill que incluye dicha prohibición. Esto, sin contar el fervor que existe en Estados Unidos por la protección de los animales. 

De hecho, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, lo planteó en un tuit en el que dejó escapar su frustración. 

“¿¡Que el estatus no importa!? Si fuéramos estado, podríamos impugnar la prohibición de las peleas de gallo bajo la 10ma enmienda a la Constitución, como una intromisión indebida a los poderes soberanos del Estado. Los que defienden el ELA (Estado Libre Asociado) dejan a Puerto Rico sin representación con voto”, acotó.

El expresidente del Senado y cabildero demócrata, Kenneth McClintock, destacó que este tema es parecido a las controversias que han surgido por las leyes de cabotaje o la eliminación de los cupones de alimento en el 1982. 

“Aquí nos pasamos entreteniendo al pueblo como que hay algo que hacer ahí, pero realmente no lo hay”, sentenció. 

Dijo que hay grandes intereses involucrados en estas luchas. En el caso de las leyes de cabotaje mencionó a 31 estados costeros que se benefician económicamente. En el caso de la prohibición de las peleas de gallo, entretanto, aludió a la inversión millonaria que hacen los defensores de animales en todas las esferas.

 “Vete al cine para que veas que no hay ninguna película en la que no aparezca en el final una certificación de que no se le ha hecho daño a los animales en la filmación de esta película. A ese grado llega el apego, el amor a los animales”, precisó McClintock.

La vía judicial es otro escollo que tienen los boricuas. 

El presidente del Colegio de Abogados, Edgardo Román Espada, expuso que “consideramos muy difícil que una corte federal permita una excepción para Puerto Rico no autorizada por el Congreso”. 

“Ahí está la Constitución federal que tiene la cláusula territorial que establece que el Congreso tiene la soberanía de los territorios y demás propiedades de los Estados Unidos. Con independencia de lo que pensemos en Puerto Rico a favor o en contra de las peleas de gallos, este asunto se adjudica de manera exclusiva por el gobierno de Estados Unidos”, agregó. 

 Por su parte, el abogado republicano Jerome Garffer opinó que una vez el presidente Donald Trump “estampe su firma, hay muy poco que se puede hacer para revertir esto”. Explicó que el deporte no es un derecho fundamental que tienen los ciudadanos. Además, indicó que hay una tendencia del Congreso a castigar por ley los actos violentos contra los animales, en el que se incluyen las peleas de gallo.

“Cuando se dan estas cosas es que nos damos cuenta que nosotros en Washington no tenemos una representación adecuada, ni un solo senador puertorriqueño que pueda hablar por nosotros. Si fuéramos estado, hubiésemos tenido allí dos senadores defendiendo las peleas de gallo. Jenniffer González tampoco tiene voto ni tiene la cantidad de voces que pueda mantener las peleas de gallo”, concluyó Garffer. 

Los entrevistados también destacaron que esta prohibición parece ser exclusiva para Puerto Rico, ya que los estados tienen prohibidas estas peleas.