La comisión del Colegio de Abogados que investigó el motín suscitado en el Capitolio entre estudiantes y miembros de la Uniformada le recomendó ayer al Departamento de Justicia investigar al superintendente de la Policía José Figueroa Sancha a los fines de determinar si procede o no referirlo a la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI), entre otras cosas.

Esto, tras presentar el informe que determinó una serie de hechos cuestionables por parte de la Uniformada aquel 30 de junio y de los cuales el Superintendente claramente se hizo responsable tras culminar los mismos.

Son esos sucesos los que llevaron a los cinco miembros de la Comisión a cuestionar, no así a concluir, si se trató de un ataque premeditado por parte de la Uniformada.

El ex presidente del Colegio de Abogados, Eduardo Villanueva, explicó que algunos de los 48 testimonios recopilados en las 136 páginas del informe así lo dejaron ver.

Víctimas relataron cómo se mantuvo abierto el tráfico a pesar del peligro que representaba la ubicación de las vallas para que no pudieran escapar, la ausencia de mediadores por parte de la Policía y la negativa de la Uniformada a que los observadores del Colegio fungieran como tales.

Contaron cómo fueron lanzados por las escalinatas a pesar de estar en desobediencia civil y cómo les lanzaron golpes en la cabeza, espalda y otras partes del cuerpo.

“Algunos testigos decían que tenían esa impresión, de que esto fue planificado para darles un escarmiento a los estudiantes que lideraron exitosamente la huelga. Nosotros no lo concluimos, porque no queríamos pasar ese umbral”, dijo Villanueva.

Lo que sí recomendó el grupo de licenciados a través del informe es que dicho señalamiento debe ser investigado, porque, de lo contrario, se reforzaría la impresión que tienen algunos sectores.

Ese mismo sentir lo provocaría en el pueblo la inacción por parte del gobernador Luis Fortuño, de la Legislatura y del Departamento de Justicia una vez reciban el informe. “Tiene ahora (Fortuño) la manera de, con sus actos, demostrar que sus palabras no son simbólicas... si no hiciera nada, la gente tiene la opción de radicar querellas administrativas, demandas civiles y denuncias criminales”, apuntó.

La Comisión también recomienda que se inicie una investigación para identificar a los agentes de la Policía que hicieron uso de gas pimienta y agredieron a los manifestantes con sus macanas y/o rotenes en franca violación a los reglamentos del cuerpo y a los derechos civiles de éstos.

Recomiendan además que se produzca una lista de todos los oficiales de la Fuerza de Choque, que se investigue el uso de anabólicos dentro de las distintas unidades de la Policía y que en toda manifestación se nombre a un policía que sirva de enlace entre las partes.

El informe igualmente presenta un trasfondo histórico de los hechos políticos y sociales que motivan la protesta organizada para el 30 de junio por universitarios de la UPR.

El grupo también reconoce que algunos manifestantes dijeron palabras soeces, arrojaron una valla y uno de ellos lanzó gas pimienta. Sin embargo, aclaró que estas acciones fueron en respuesta a unas agresiones iniciales. “La respuesta de la Policía no fue proporcional al estímulo y la fuerza con que repelían esas manifestaciones”, sostuvo.

Criticaron también el hecho de que se detuviera a dos manifestantes durante unas tres horas sin llevarlos ante un magistrado y sin permitirles comunicación con sus familias o abogados, según se desprende de los testimonios.

Igualmente, rechazaron que del contingente de agentes apenas dos auxiliaran a las personas que resultaron heridas, algunas de las cuales quedaron inconscientes y tuvieron que ser transportadas a dispensarios médicos.