Cabo Rojo. Irma Padilla conoció la playa Buyé cuando tenía 7 años. Fue como quien dice “amor a primera vista” con ese entorno natural en el litoral de Cabo Rojo.

Luego de emigrar a Estados Unidos con su familia, siempre soñó con regresar y lo hizo. Cuando tuvo la oportunidad de retirarse como maestra, compró una casita a la orilla del mar y de allí -asegura- no la mueve nadie.

Sin embargo, su hogar  es una de las 26 propiedades que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) ordenó desalojar en un término de seis meses, pues están localizadas en la zona marítimo terrestre. La orden emitida el 27 de mayo otorgó también tres meses adicionales para la eliminación de las estructuras en previa coordinación con el DRNA.

Una demanda dio inicio a una serie de planteamientos que vienen dilucidándose hace ya cerca de siete años y se mantiene en el Tribunal Apelativo. El tema recobró fuerza en estos días cuando la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales de la Cámara de Representantes celebró una vista pública en Cabo Rojo, donde las partes reiteraron sus posturas.

“Si tumban las casas, el mar se sale”, planteó Myrna Palermo, quien es residente de esa comunidad en una sexta generación descendiente de pescadores. Aunque dice que cuando hay marejada el agua llega hasta la entrada de su casa, sostiene que los edificios además protegen al mar y los arrecifes de las escorrentías que vienen del área urbana.

Mientras, entre muchos de los planteamientos del DRNA para validar su intención de sacar de allí estas edificaciones, se destacan todas las veces que durante el año la Junta de Calidad Ambiental (JCA) coloca bandera amarilla en esa playa, porque no cumple con los parámetros de calidad de agua por enterococos.

Información suministrada por el DRNA apunta a que en lo que va del año la JCA ha notificado que playa Buyé ha incumplido con los parámetros permitidos de calidad de agua en seis ocasiones. “El DRNA considera imprescindible que se estudie cuál es la fuente de esa contaminación”, señaló la secretaria del DRNA, Carmen R. Guerrero Pérez.

Por su parte, Irma se cuestiona si el DRNA ha investigado si la planta de tratamiento de aguas usadas que posee el Buyé Beach Resort está en funcionamiento y cada cuánto tiempo la inspeccionan.

“Sabe que aquí todo se mueve por palas”, señaló la residente, quien dice temer que la verdadera razón para quererlos sacar de allí se deba a  intereses privados.

Mediante declaraciones escritas, la secretaria del DRNA informó que mantuvo en pie la denegatoria previa de la agencia a una solicitud de concesión para construcciones ilegales que afectan la zona marítimo terrestre de playa Buyé y  la Reserva Natural Punta Guaniquilla, en Cabo Rojo.

La directora de la oficina egal del DRNA, licenciada Mildred Sotomayor, explicó a Primera Hora que “el caso de Buyé se originó por intervención de un ciudadano que señalaba que no estábamos cumpliendo con nuestro deber ministerial de no permitir estructuras de esa índole en la zona marítimo terrestre”.

Por orden del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez, el DRNA hizo un deslinde de la zona marítimo terrestre el 4 de octubre de 2007 que establece que las estructuras están en bienes de dominio público marítimo terrestre.

Según se informó, el DRNA emitió la denegatoria original el 17 de marzo de 2008 y desde entonces el caso se mantuvo en el foro administrativo en apelación hasta la determinación final de Guerrero Pérez el 27 de mayo de este año.

“No es hasta este año que se tomó la determinación por la agencia, donde se les denegó la solicitud de construcción”, explicó la licenciada Sotomayor.

Esa decisión fue elevada recientemente al Tribunal de Apelaciones por una de las partes que objeta la decisión final de la agencia.

El DRNA sostiene además que muchas de las casas son de veraneo y no fungen como hogar primario.

Ante estos planteamientos el alcalde Roberto Ramírez Kurtz dijo que “si van a sacar  las casas de Buyé, tendrían que sacar  todas las casas de la zona marítimo terrestre de Puerto Rico”.

“Si hacen eso, también pueden atentar contra Puerto Real, Joyuda. ¿Qué es lo que van a hacer con esta medida?”, cuestionó el ejecutivo municipal, quien dejó claro que apoya a los propietarios de estas estructuras, destacando que se construyeron en  1938 y “para entonces el espacio frente a esas casas era como el de una cancha de baloncesto”.

Ramírez Kurtz señaló además que “no son solo las casas (el problema de contaminación de agua), ahí tienes los camping trailers y los edificios que permitieron construir. (El DRNA) no puede medir cuál de esos es el que hace el impacto”.