Padres de pacientes autistas reclaman sus derechos

Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 15 años.
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Los padres de niños y adultos con autismo, liderados por la Alianza de Autismo de PR, reclamaron que el Departamento de Salud se equivocó al designar la cubierta de autismo como una de salud mental.
“Desde que se hizo pública la decisión de incluir el autismo en la cubierta de Mi Salud hemos solicitado infructuosamente que el Secretario de Salud y otros funcionarios nos den los detalles de la cubierta y, lamentablemente, hoy nos enteramos que la han puesto bajo la cubierta de salud mental con APS. Esto va en contra de lo que debe ser la política pública de Salud y de las mejores prácticas de tratamiento del autismo” indica Joyce M. Dávila, presidenta de la Alianza de Autismo de PR.
“La primera opción de tratamiento de un niño con autismo no debe ser medicarlo” afirma Dávila. La cubierta de salud mental es importante pero debe complementar los cuidados de salud de la población con autismo. Al tratar las condiciones concomitantes o subyacentes muchos mejoran y algunos hasta pierden el diagnóstico de autismo. La cubierta de salud mental debe existir para suplir apoyo a las familias, terapias conductuales y sociales, y tratamiento psiquiátrico y medicación para los que así lo requieran.
En un Comunicado emitido por la Alianza de Autismo de Puerto Rico reitera que es importante destacar que el Proyecto de Política Pública de Autismo de la Cámara, PC2278, que crea la Ley para el Bienestar, Integración y Desarrollo de las personas con Autismo, Ley BIDA, endosado por el Secretario de Salud y la Primera Dama, entre otros, reconoce al autismo como una condición de salud y en el Artículo 14 expresa que los pacientes con autismo requieren terapias del habla- lenguaje, psicológicas, ocupacionales y físicas, y los medicamentos y pruebas necesarios para el diagnóstico y tratamiento de los mismos.
El Gobernador, la Primera Dama y el Secretario de Salud han expresado un compromiso con la población con autismo. Sin embargo, el Comité de Política Pública, en el cual se estaba trabajando un protocolo médico para el autismo, ha estado paralizado en los últimos meses y el contrato de la encuesta de autismo no ha sido firmado por lo que ésta no se ha comenzado.