Un grupo de maestros, madres y padres de estudiantes de escuelas públicas de diversos niveles y de diferentes municipios; levantaron su voz de protesta contra lo que consideran una actitud irresponsable, desafiante e insensible del Departamento de Educación (DE) y algunos de sus funcionarios al tratar el tema de la reapertura de las escuelas luego de que el sistema cerrara tras el terremoto de 6.4 de intensidad del 7 de enero pasado.

De acuerdo al grupo, el DE no cuenta con protocolos y guías claras sobre cómo actuar con respecto a las escuelas que han sufrido daños, y la falta de transparencia empeora todavía más la situación, provocando más ansiedad y desasosiego entre padres, estudiantes y maestros.

También denunciaron que las escuelas carecen de una guía clara en lo que respecta a planes de evacuación rezón por la cual cada plantel está diseñando el plan como mejor entiende.

Asimismo, condenaron las amenazas que alegan estar recibiendo de parte de funcionarios del DE por no llevar a sus hijos a escuelas que consideran no están listas para recibir estudiantes, a pesar que fueron listadas como aptas.

Además de protestar, el colectivo presentó una lista de 10 propuestas para atender la situación.

La protesta se produce en momentos en que el DE acaba de anunciar sus planes para que estudiantes de 55 escuelas de los seis municipios más afectados por la secuencia de temblores que azota el suroeste de la Isla continúen sus clases en carpas, vagones y edificios públicos y privados. Al momento, dos terceras partes de los estudiantes no han regresado a las escuelas, más de la mitad de las cuales no habían abierto aún.

El maestro José Juan Andino Nogueras, maestro de la escuela superior Francisco Oller de Cataño, aseguró que el DE “ha sido negligente, insensible, poco inteligente con los padres, con las madres, con los estudiantes y con todo el personal del Departamento de Educación”, y denunció además la existencia de “una agenda oculta para privatizar las escuelas públicas aprovechando esta situación y esta crisis colectiva”.

De manera similar se expresó Nicole T. Ramos Vélez, madre de un niño de la escuela elemental Eleanor Roosevelt de San Juan, que ya reabrió, condenó la falta de transparencia y aseguró que “mi hijo no será una estadística más del estado ante la negligencia con la que trabajan este asunto. Denunció además las amenazas de que sería referida al Departamento de la Familia por no llevar a su hijo a una escuela que no considera segura, y le recordó al DE que “la carta de derechos del estudiante de Puerto Rico señala claramente que los estudiantes tienen el derecho a estudiar en un ambiente seguro”, y el DE no está cumpliendo con eso.

“Nos amenazan de negligencia y de maltrato, pero a quien le cabe esa querella por maltrato y negligencia institucional es la administración del Departamento de Educación, no a nosotras”, expresó Ramos.

Adneri Rivera, maestra y madre de dos estudiantes de escuelas públicas de Corozal, comentó que la superior Emilio R. Delgado de Corozal fue catalogadas no apta y sus más de 700 estudiantes tendrían que ir a otros dos planteles en horario interlocking. Sin embargo, asegura, esos dos planteles, la Manuel Bou Galí y la Escuela Agrícola, también tienes problemas. El primero, según su propia certificación es de columna corta y vulnerable a sismos, mientras que el segundo tiene un sinnúmero de problemas listados en su certificación, incluyendo una columna corta con grietas en el salón de tercer grado.

También hubo denuncias de padres de escuelas de Bayamón, Toa Alta, Naranjito, Cayey, entre otros, por diversas situaciones, como grietas, daños, pocas vías de escape, malos planes de desalojo o la deficiencia de columna corta que las hace vulnerables a terremotos. Los padres aseguraron que en más de un plantel se están organizando para luchar contra los atropellos del DE, y no descartaron acudir a las cortes si fuera necesario.

Como parte de su reclamo, el grupo expuso una decena de recomendaciones que incluyen:

Convocar a todas las comunidades escolares a asambleas de madres, padres y encargados para discutir los informes realizados por ingenieros y sus hallazgos, así como los planes de mitigación con sus fechas.

Exigir que en toda escuela inspeccionada se incluya una nota que señale si la escuela tiene columna corta o no.

En caso de tener la deficiencia de columna corta, que se ubique de manera inmediata a los estudiantes en escuelas resistentes o de columna corta que hayan sido reforzadas. Para tal acción, es necesario que se haga pública la lista de escuelas cuyas columnas fueron reforzadas entre los años 2002 y 2003.

Que se identifiquen las escuelas de columna corta reforzada que fueron cerradas, para que sean inspeccionadas y reabiertas. Si fueron rentadas al precio nominal de $1 a cualquier entidad, que se anule el acuerdo y se le devuelva el plantel al DE para su uso como escuela pública.

En caso de no haber escuelas sismorresistentes cercanas, que Manejo de Emergencias certifique terrenos seguros en el municipio para ubicar carpas o vagones en dichos predios para que sus hijos e hijas inicien clases en ambientes seguros, mientras se mitigan los daños en sus escuelas.

Que se identifique de manera inmediata los centros en la Isla para poder ofrecer los servicios de Educación Especial a los estudiantes que pertenecen a dicho programa.

Que el DE publique un memorando oficial señalando que repondrán todas las terapias y servicios de Educación Especial no ofrecidos desde el momento del sismo de 6.4 del 7 de enero hasta la actualidad. Eso podría hacerse durante el semestre o en verano.

Que la Legislatura emita una resolución que contenga todos los reclamos antes expuestos, y que la misma incluya la designación del dinero necesario la mitigación de los planteles que así lo requieran.

Que todo personal docente y no docente reciba talleres de manejo de desastres, de primeros auxilios, de plan de desalojo municipal, y que todos esos talleres sean ofrecidos por expertos en la materia.

Que, tomando en cuenta que esta crisis ha afectado la salud mental de niños y niñas, se contrate a un trabajador Social, un consejero académico y un sicólogo por cada 150 estudiantes en cada plantel.