Prejuiciado Pereira.

La Alianza Correccional Unida (ACU) denunció ayer que el secretario de Corrección y Rehabilitación, Miguel Pereira, pasó juicio sobre los oficiales de custodia suspendidos de empleo por presuntamente ser negligentes en la vigilancia de los confinados que se fugaron de la cárcel Guayama 1000, antes de que se iniciara una pesquisa administrativa.

Ayer concluyó el proceso de vistas administrativas contra los ocho oficiales suspendidos el 20 de abril, en medio de las alegaciones del coordinador de la ACU, Benjamín Borges, y de su representante legal David Castillo Herrera, de que la intención real de Pereira es despedir a los oficiales para resaltar su imagen.

“Nos preocupa que el juicio del secretario de Corrección está hecho desde el día de la fuga”, denunció Borges.

Castillo Herrera, por su parte, argumentó que la agencia no tiene evidencia para sostener los cargos contra los oficiales, no ha podido demostrar a qué hora ocurrió la fuga y aun así pretende penalizar a oficiales correccionales de diferentes turnos de trabajo.

“La administración no tiene ni una evidencia sustancial de lo que le imputa a los agentes, no saben la hora de la evasión, incumplieron con el reglamento. El Secretario está llevando un proceso desatinado e injusto”, sostuvo Castillo.

Agregó que la Administración de Corrección (AC) es responsable de la falta de seguridad en ese penal.

La ACU también denunció que la agencia mantiene 16 oficiales de custodia por turno para 1,000 confinados; que las cámaras de seguridad no funcionan; y que los confinados estaban fuera de sus celdas el día de la fuga porque los portones estaban dañados. Sostuvo que en noviembre un confinado, mediante carta, avisó a la AC de la planificación de la fuga.

Además, dijeron que se descuidó la seguridad en los puntos neurálgicos y en las áreas de control visibles a las celdas.

Castillo alegó que la alta gerencia pretende imponerles una mordaza a los oficiales suspendidos, bajo la alegación de que se trata de un asunto de seguridad.

“Si hablan conllevaría una medida correctiva”, advirtió Castillo.

A partir de ayer, la institución tiene 90 días para tomar una determinación.

Sobre la posibilidad de radicarles cargos criminales a los oficiales correccionales, Castillo dijo que sería un error en derecho hacerlo si aún no ha culminado la pesquisa administrativa.

“Si la AC, que comienza la investigación, no sabe ni la hora en la que se evadieron los confinados, podemos denotar que están obrando con especulaciones”, sostuvo.

La evasión de los ocho confinados ocurrió el pasado 9 de abril cuando el grupo logró acceso al techo de la institución, bajó utilizando una soga de tiras de sábanas y salió por unas verjas que fueron cortadas desde afuera.

Al momento se han arrestado a cinco confinados.