Representantes de la Resistencia contra la quema de Carbón y sus Cenizas tóxicas denunciaron ayer que el gobierno intenta permitir el depósito y uso indiscriminado de las cenizas tóxicas de carbón de la empresa AES en Puerto Rico.

“En su campaña política rumbo a la gobernación, (Ricardo) Rosselló Nevares dijo que exportaría las cenizas, pero el pasado año logró que el Senado y la Cámara de Representantes aprobaran un proyecto, conocido luego como la Ley 40-2017, que ayudó a la empresa carbonera AES a seguir depositando las cenizas en los vertederos de Puerto Rico. Incluso, el gobernador utilizó miles de dólares de fondos públicos para que la Policía diera protección a empresas privadas, como AES, EC Waste y Ecosystems, y escolta a los camiones que trasportaron las cenizas de Guayama a Peñuelas”, explicó el grupo en un comunicado.

Según José M. Díaz Pérez, portavoz del Campamento contra las cenizas de Peñuelas, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) publicó un supuesto reglamento para el manejo de los residuos de la combustión de carbón.

“Con 12 meses de retraso, la secretaria del DRNA, Tania Vázquez Rivera, presentó un falso reglamento para intentar cumplir con la Ley 40-2017. Ese documento, titulado ‘Estándares para el uso beneficioso de los residuos de combustión de carbón’, parece más un manual interno de la empresa AES a ser utilizado en su propaganda mediática, y lo peor es que permitiría el depósito y uso de las cenizas tóxicas en todo Puerto Rico”, explicó Díaz Pérez.

Timmy Boyle, de la Alianza Comunitaria y Ambiental del Sur Este (ACASE), por su parte, ejemplificó que en una corte de Tennessee se determinó la peligrosidad de las cenizas para la salud. 

“Mientras que el gobernador Rosselló quiere permitirle a AES convertir toda nuestra isla en un vertedero de cenizas tóxicas, en la Corte del Distrito Este de Tennessee se determinó recientemente que las toneladas de cenizas que se extrajeron del peor desastre ambiental ocurrido en los Estados Unidos, provocaron la muerte de al menos 30 de los 250 trabajadores contratados para su remoción. Vimos estos desastres humanitarios provocados por las cenizas tóxicas, primero en Arroyo Barril, en República Dominicana y ahora en Tenneesse en Estados Unidos. ¿Por qué Puerto Rico sería distinto?”, cuestionó Boyle.

En el caso de Tenneesee, la decisión judicial también implicó que los obreros que laboraron por cinco años en esa limpieza pudieron contraer leucemia, cáncer de pulmón y cerebro, enfermedades respiratorias crónicas y cardiopatía coronaria a consecuencia de su exposición prolongada a las cenizas.

“En Guayama y la región sur, la planta de AES nos está matando hace tiempo. Contaminan el aire, el agua y la tierra. En mi comunidad de Miramar, que es la más cercana a la planta, en solo dos cuadras hay 12 personas que fueron diagnosticadas con cáncer o que han muerto de esa enfermedad. El cáncer no discrimina entre clases sociales, religiones o partidos políticos. Soy sobreviviente de cáncer y me pregunto todos los días por qué el gobierno permite que AES nos extermine con toda esa contaminación. ¿Dónde está el Departamento de Salud?”, expresó Aldwin Colón Burgos, de la organización Comunidad Guayamesa Unida por tu Salud.

Mientras, Víctor Alvarado Guzmán, del Comité Diálogo Ambiental de Salinas, aseguró que la Asamblea Legislativa tiene en sus manos el poder para detener la amenaza al ambiente y la salud que implicaría el desparramar millones de cenizas tóxicas en todo Puerto Rico.