La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) solicitó hoy una investigación legislativa sobre un supuesto patrón de abuso policial que no sólo se relaciona con los casos de muertes de civiles a manos de la Policía, sino también al maltrato contra los deambulantes y otros grupos marginados.

El director ejecutivo de la ACLU, William Ramírez, envió una carta al presidente senatorial, Kenneth McClintock, en la que le pide que ese cuerpo amplíe su investigación sobre un suceso de brutalidad policial ocurrido recientemente en el sector San José de Río Piedras y le propuso la creación de una Junta Civil de Investigaciones para "atender, investigar y adjudicar las denuncias de abuso policial".

"La ACLU lleva aproximadamente un año investigando alegaciones de serias violaciones de conducta que podemos catalogar como delitos graves, humillaciones públicas y violaciones de los más básicos derechos humanos contra grupos desamparados y marginados, particularmente personas sin hogar", indica la misiva en la que la ACLU enumera siete recomendaciones para atender el asunto.

"Recomendamos que dicha investigación legislativa no se limite a la comunidad de San José como se ha sugerido, sino que se extienda a las diversas comunidades marginadas, incluyendo, pero sin limitarse, a los incidentes de abuso contra la población de personas sin hogar", reza la carta enviada con copia al gobernador Aníbal Acevedo Vilá.

Según Ramírez, en los pasados seis meses, la ACLU ha recibido unas 30 querellas por abuso policial, muchas de ellas radicadas por deambulantes quienes denuncian desde humillaciones hasta golpizas de parte de agentes de la Policía.

Sin embargo, Ramírez indicó que estas personas muchas veces no pueden radicar una querella formal ante la Policía, ya que les requieren que aporten el nombre o el número de placa del oficial implicado para poder denunciarlo.

Ramírez dijo que este requisito de la Uniformada es un escollo para la radicación de querellas porque es común encontrar agentes que no llevan en su uniforme su nombre y número de placa.

Como ejemplo de esta situación, el Director Ejecutivo de la ACLU mostró a la prensa varias fotografías de oficiales de la Unidad de Operaciones Tácticas que estuvieron destacados en las inmediaciones de Paseo Caribe mientras se realizaban unas protestas, y ninguno de los agentes tenía visible en su uniforme la información necesaria para identificarlos.

Entre las vejaciones a deambulantes, Ramírez relató varios casos de adictos a drogas en los que agentes de la Policía les quitan las jeringuillas para luego enterrárselas en alguna parte del cuerpo, incluso en la cabeza.

En el pasado, se han denunciado supuestos secuestros de parte de la Policía en los que transportan al deambulante —sin su consentimiento— hasta un pueblo distante, incluso al bosque tropical El Yunque, y los dejan abandonados. Ramírez confirmó que, entre las denuncias recibidas, constan varias en las que se describen casos como estos.

Entre sus recomendaciones a la Legislatura, la ACLU solicitó, además, que se evalúe la "capacidad y voluntad" del superintendente de la Policía, Pedro Toledo, para realizar las reformas necesarias para erradicar estas conductas del cuerpo policial.

"A nuestro juicio, la Policía de Puerto Rico está actualmente fuera de control, sin ningún indicio que la Superintendencia comprenda la magnitud del problema que ha venido afectando ese cuerpo y la ciudadanía", señala Ramírez en la carta.

Ramírez no descartó llevar los casos de abuso policial en la Isla a foros internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En los pasados meses, varios casos de supuesto abuso policial han trascendido a la opinión pública, como los denunciados por los residentes de la comunicad Villa Cañona en Loíza, el residencial Candelaria en Mayagüez y la barriada San José en Río Piedras.

En este último caso existe un vídeo en el que se aprecia a un policía vestido de civil golpeando y pateando a un individuo.

Las autoridades investigan también dos muertes de civiles a manos de la Policía ocurridas en las pasadas semanas. En uno de los casos ocurrido en Humacao, dos policías han sido acusados de asesinato. En el otro, ocurrido en Cabo Rojo, se investiga por qué los policías tirotearon al occiso por la espalda mientras realizaban un allanamiento en su casa.