En noviembre de 2009, Nelly Vega perdió a su pequeño hijo Dariel Rivera, de sólo cuatro años, víctima de AH1N1.

La mujer, residente de Caguas, mantiene una demanda por impericia médica contra tres médicos que atendieron al niñito en el Hospital Menonita de Cayey porque nunca le hicieron la prueba para detectar el virus mortal.

Ayer, Vega y otros familiares y víctimas de impericia médica acompañaron a la senadora Lornna Soto en una conferencia de prensa en el Capitolio para anunciar un paquete de seis medidas para atender este problema. La legisladora novoprogresista prometió luchar contra cualquier proyecto de ley que fije topes en las reclamaciones en los casos de negligencia médica.

“Mi hijo murió y todos los días tengo que vivir con sus recuerdos y ahora vienen a decir que a mi sufrimiento ellos le quieren poner un tope cuando no hay dinero que lo pague. Esto no es cuestión de dinero porque la vida no tiene precio. El responsable, que pague”, dijo Vega con voz quebrada y con lágrimas.

Otra víctima, Eddie Vélez, quedó parapléjico tras un accidente de tránsito ocurrido el 19 de julio de 2003 en la carretera 167, en Bayamón. “Estuve hasta el otro día en el hospital, Matilde Brenes me dieron de alta con el cuello roto y convulsé. El hueso de la cervical me pilló el cordón espinal y me afectó el movimiento”, narró.

“Estoy aquí como portavoz de estas personas que son víctimas para que no haya un tope. Yo no podría vivir con un tope de $75 mil. Gracias a que no había tope, yo pude llegar a un acuerdo fuera del tribunal y poder conseguir un poquito de calidad de vida”, sostuvo.

Hidelisa Rivera, viuda del periodista Jesús Vera Irizarry, todavía no se repone de la pérdida de su esposo, en 2005. Desconsolada y acompañada por su hijo Enrique José Vera Rivera, recordó como al reportero no le practicaron una traqueotomía en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Naranjito, que le hubiera salvado la vida. “No hay dinero en el mundo que nos lo devuelva a él, pero yo abogo porque esto no le pase a más nadie”, dijo atribulada Rivera, quien llevó un pleito contra el CDT y “ellos lo transaron”.

“El pueblo no va a permitir que se le ponga tope a una vida”, dijo la senadora Soto.

La legisladora indicó que buscará enmendar un proyecto que trabaja La Fortaleza porque podría imponer un tope en estos casos de $75,000 a $150,000.

Incluso dijo que tiene reservas con un proyecto del vicepresidente de la Cámara, Gabriel Rodríguez Aguiló, que fija un tope de $300,000.

Uno de los proyectos de Soto persigue aumentar los límites de riesgo a determinadas especialidades; otro concede un alivio contributivo a los profesionales de la salud que adquieran pólizas de impericia, y otro pretende establecer salas especializadas para atender estos casos. Otra medida concede una exención de hasta $250 mil sobre la residencia primaria del profesional de la salud, y otra le exige al demandante un informe perical dentro de los 45 días de radicado el pleito.