Una jueza del Tribunal de Apelaciones enfrenta una solicitud para que sea residenciada, sacada de su cargo, por haber cometido actos probados de discrimen político contra tres empleados que fueron sus subalternos cuando se desempeñaba como directora de la Oficina de Servicios Legislativos (OSL).

Los empleados presentaron la solicitud a través de su abogado Carlos A. del Valle Cruz ante las cámaras legislativas y ante el juez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, quien ayer no estuvo disponible para explicar si tomaría alguna medida administrativa. En otras ocasiones, a jueces investigados o impugnados se les ha asignado a funciones administrativas en lo que culminan los respectivos procesos.

En este caso se trata de la jueza Nélida Jiménez Velázquez, quien desde el 9 de marzo de 2007 tiene en su contra una sentencia en la que se determina que discriminó políticamente contra Sonia Rosario Sánchez, Juan Carlos Ortega Cruz y Elmer Rivera Cruz, ya fallecido, cuando los destituyó en 1993.

En la carta, Del Valle, también profesor de Derecho, sostuvo que “respetuosamente entiendo que una persona que ha sido hallada culpable por un Tribunal de Puerto Rico de violar la Constitución y leyes de Puerto Rico, y en particular, la Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico y la Ley Federal de Derechos Civiles no está cualificada ética, legal y moralmente para ejercer el cargo de juez en la Rama Judicial”.

El gobernador Aníbal Acevedo Vilá designó, y el Senado novoprogresista aprobó, a Jiménez como jueza mientras el caso de discrimen se encontraba en un largo proceso de apelación. La sentencia de marzo, sin embargo, ya es final y firme.