El director ejecutivo del centenario Hospital Santo Asilo de Damas de Ponce, Enrique Vicens, informó hoy, viernes, el despido de 100 empleados por razones económicas.

El hospital mantiene una nómina de $52 millones con 845 empleados.

Vicens precisó que se despidieron 81 miembros de la Unidad Laboral de Enfermeras y Empleados de la Salud, mientras que los restantes son empleados temporeros y administrativos.

"El plan de reestructuración operacional responde a la realidad económica que ha venido atravesando la institución durante los pasados años. Como parte de las medidas implantadas se están reduciendo 100 plazas las cuales se están notificando hoy", sostuvo.

El ex director de la Administración de Seguros de Salud (ASES) dijo en entrevista con Prensa Asociada que durante el 2008 la institución tuvo pérdidas ascendentes a $5 millones.

Por su parte, el director ejecutivo de la Unión Laboral de Enfermeras y Empleados de la Salud (ULEES), Radamés Quiñones, tildó los despidos de "treta" para ocultar la verdadera intención detrás de las cesantías que es hostigar a la sindical.

Calificó los despidos de "ilegales", aunque no quiso por razones "de estrategia" fundamentarlo. Criticó que la noticia fuera hecha el mismo día de la fiesta de la sindical "para dañárnosla".

Visiblemente afectado Quiñones lamentó que entre las enfermeras prácticas despedidas hay varias que le han servido por 32 años a la institución.

"Los despidos de personal administrativo no son otra cosa que una treta para públicamente tratar de cerrar mi boca y que no hable de la persecución de que son objeto las enfermeras. Entrevistamos enfermeras prácticas con 32 años en el hospital que han dado lo mejor de sus vidas para echar al hospital para adelante", declaró.

Especificó que los cesanteados realizan labor de enfermería, farmacia, terapia física, limpieza, dietas, contabilidad, cafetería, entre otros.

Vicens achacó las cesantías a una baja considerable en el censo de pacientes, los aumentos de salarios legislados para las enfermeras, la falta de pólizas de seguros con límites que cubran los costos en reclamaciones por impericia médica y los aumentos en los costos de suplidos.

Estimó en $250,000 el impacto económico en el pago de salarios y otros beneficios a los cesanteados.

Precisó que en los primeros seis meses del año pasado el censo de pacientes se redujo a 214 personas, de 257 camas disponibles, y en los restantes seis meses el número bajó a 185.

Dijo que la próxima semana, funcionarios del Departamento del Trabajo estarán ofreciéndole servicios a los desplazados y el hospital ayudará con apoyo sicológico a los mismos.