El Departamento de Corrección apenas le consigue empleos a entre un cinco y un diez por ciento de los confinados que cumplen sus penas.

Esa información salió a relucir esta mañana en la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes que  evalúa un proyecto de ley dirigido a que en toda obra de construcción que realice el Gobierno se emplee al menos un 5% de presos y ex presos que posean destrezas en ese oficio.

Una medida similar propuesta por el representante José Chico fue presentada en 2005, pero terminó  vetada por el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá.

El proyecto de Chico advierte que las obras de construcción que requieran de menos de veinte obreros, el empleo de los ex confinados o confinados será voluntario.

Si la construcción fuera de una institución correccional, el Departamento tendría que contratar preferentemente a reos y ex reos.

La abogada Vanessa Jiménez, en representación del secretario de Corrección, Carlos Molina, apoyó la medida.

La asesora legal señaló que conseguir un empleo redunda en que los ex confinados no vuelvan a delinquir.

Sin embargo, durante las audiencias públicas los representantes Johnny Méndez y Antonio Silva pusieron el dedo en la llaga. El problema real que enfrentan los ex presos es que cuando los patronos  ven sus certificados de buena conducta les niegan el empleo.

“Necesitamos una recomendación de Corrección para que algunos  confinados puedan conseguir un certificado que les permitan trabajar; un certificado para que no  les pongan la cruz cuando salen de la cárcel”, dijo Silva, al insistir en que ésto hay que hacerlo antes de aprobar cualquier otra medida.

En las vistas públicas también se destacó que el P. de la C. 780 haría mandatorio que las empresas privadas de construcción que quieran hacer negocios con el Gobierno  cumplan con la contratación de un 5 % de los confinados y ex confinados.

Ese reclutamiento se convertiría en un requisito de subasta.

En cuanto a los certificados de buena conducta, Jiménez explicó que algunos delitos se pueden borrar de ese documento cinco años después de cumplida la pena; otros se sacan  a los diez años y otros no desaparecen nunca.

El representante Chico insistió en que la industria de la construcción necesita de estos trabajadores.

La Asociación de Contratistas Generales, a través de la Fundación Arte en Concreto, ya está ofreciendo talleres de construcción en los penales para poner en condición de empleo a ese sector.

Ya han participado de los talleres  más de cien reos.