Pescadores y residentes del área costera de Las Picúas, en Río Grande, radicaron una querella contra el subsecretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Nelson Cruz, por la colocación de unas vallas de concreto para impedir el acceso del público a un área utilizada tradicionalmente para acampar y disfrutar de la naturaleza y la playa.

De acuerdo con José R. Torres Matos, presidente de la Asociación de Pescadores Ramón Piñero de las Picúas y portavoz del Campamento Erizo, el funcionario “apareció aquí hace ya dos semanitas y colocó unas vallas en el área donde los vehículos pasaban para acampar, para el área de camping, lo que usaba el pueblo de Río Grande y el pueblo de Puerto Rico, para venir a pasar un día fenomenal aquí de camping de viernes a domingo y días de fiesta”.

Agregó que el subsecretario colocó las vallas de concreto alegando motivos de seguridad, porque allí se estarían haciendo detonaciones de armas en las noches.

“Eso es totalmente falso. Nosotros estamos aquí todo el tiempo permanente y aquí nunca hemos oído ningún tipo de detonación de ninguna clase”, desmintió Torres, agregando que el funcionario “no trajo ningún tipo de evidencia de la Policía de Puerto Rico, que son los que bregan con tiros”.

“Nosotros lo que entendemos es que el señor Nelson Cruz lo que está es privatizando, privatizando un área a unos residentes que viven aquí”, agregó.

Torres también negó que el predio fuera una zona de anidaje de tortugas, como alega el funcionario como otra razón para la colocación de las vallas de concreto, pues no es un área de dunas de arena, sino que está llena de vegetación.

“Él dice también que esto es un área de anidaje, cuando esto no es un área de anidaje, que es una zona marítimo terrestre”, afirmó, cuestionando, además, “¿qué pasa con las casas que están aquí, y que siguen construyendo?”.

“Ahora mismo están tirando una torta ahí. Yo fui y le saqué un video. Y se le dijo a él y ellos a eso no le hacen caso. Ahora, ¿a quién el señor Nelson Cruz está protegiendo aquí dentro, y a quién le está haciendo un favor?”, cuestionó.

Afirmó que la querella contra el también comisionado del Cuerpo de Vigilantes del DRNA, que se radicó el lunes pasado ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), “se le está haciendo por uso de fondos públicos indebidamente”.

“O sea, él utilizó un personal, unas vallas que tienen que haber costado dinero, el truck (camión), el digger (excavadora), para traer esto aquí y cerrar esta área. Le cerró el acceso a los vehículos, que no puedan entrar”, indicó, agregando que el cierre afecta en particular a personas mayores y con diversidad funcional, lo cual podría constituir también una violación a la Ley ADA federal.

Además de las vallas, el DRNA también colocó unos rótulos prohibiendo el uso de vehículos de motor en el área.

Según el líder de pescadores, antes de proceder a colocar las vallas, el funcionario “pudo haber venido y hablar con nosotros y preguntarnos. Él pudo haber llamado por teléfono, ellos tienen toda la información de nosotros, y ‘mira, ¿está pasando esto ahí, es verdad o no es verdad? No, no es verdad. Pues ok’”.

En cambio, insistió, “él vino así, como ladrón en la noche, colocó las vallas y se fue”.

Torres recordó que toda el área es parte de la Reserva Natural del Río Espíritu Santo, que en principio se consideraría un área protegida, y por tanto, también al menos en principio, no se podría edificar allí, ni otorgar títulos de propiedad. Sin embargo, en su costa hay un sinnúmero de construcciones, muchas de ellas recientes, y muchas de las cuales están dedicadas a hospedajes.

La zona, además, ya ha visto varias controversias y protestas relacionadas al acceso público a las playas, incluyendo el derribo de vallas y portones. El asunto se llevó ante los tribunales, donde, recordó Torres, determinaron a favor del reclamo de acceso público y contra los interese privados.

El predio en particular objeto de esta disputa, indicó el líder de pescadores, “es un espacio público, que lo usa el pueblo para venir aquí” desde hace mucho tiempo.

“Cuando estaba cerrada (la zona), pues lamentablemente nadie podía entrar. Tú sabes que ellos tienen esto aquí como privado, de Airbnb’s privados, una comunidad privada y no se podía. Pero cuando entró el Campamento Erizo se abrieron todos los accesos”, recordó. “Y desde que yo tengo conocimiento, que yo era un niño, de unos 5 o 7 años, esto siempre ha sido uso del pueblo”.

Torres aclaró que la misma gente del Campamento Erizo y los pescadores se han ocupado de limpiar y mantener esos predios, así como de velar por su uso adecuado como bien de dominio público. Incluso, agregó, “tiene sus limitaciones porque nosotros aquí pusimos unas palmas, unos postes, para usarlos de parking, para que los carros no lleguen allá al área, a lo que es el área marítimo terrestre. Todo se controla desde aquí afuera”.

“Él (Cruz) está favoreciendo a algún privado aquí adentro, porque aquí están construyendo dentro de la playa, aquí están construyendo en la zona marítimo terrestre, y Recursos Naturales ni él van a intervenir con ellos. Sin embargo, el área que usa el pueblo, para distraerse, para pasar un día con su familia, él viene y le pone las vallas”, insistió Torres.

Agregó que no tienen conocimiento de ninguna disposición legal o legislativa, ya sea a nivel municipal o estatal, que avale o justifique la acción que llevó a cabo el subsecretario, “o por lo menos él no presentó nada aquí… por eso se le hace la querella en Ética”.

“El reclamo de nosotros es que quiten las vallas inmediatamente, y que el Estado haga algo con él (Cruz). Eso es un acto de corrupción, usar fondos del pueblo de Puerto Rico para beneficiar a algún privado, porque eso no va a ser dinero de él, esas vallas cuestan un montón de dinero, traer esas vallas aquí… bueno, un contratista me dijo que sale en unos $3,000 a $5,000 traer y poner eso ahí. Y eso no es dinero de él, es dinero del pueblo de Puerto Rico”, afirmó.

Por último, Torres aprovechó para hacer un llamado al público en general a “que siga auspiciando, que siga viniendo aquí al área de Las Picúas, a beneficiarse, a disfrutar de este paraíso que tenemos aquí en Puerto Rico, especialmente en el pueblo de Río Grande”.

“Y que no se quiten, que el pueblo siga adelante, y que el pueblo de Río Grande, mire, despierten ya. Despierten ya de esta letanía. Nos están dejando sin playas. Río Grande tiene 14 kilómetros de costa y solamente tenemos este espacio aquí. Este espacio donde estamos ahora mismo parados es el único que tenemos y el señor Nelson Cruz viene y nos pone unas vallas pa limitarnos menos espacio todavía”, insistió.

DRNA: cierre responde a “constantes violaciones”

El DRNA indicó en una comunicación escrita que el cierre de acceso vehicular a la playa Las Picúas se hizo “ante constantes violaciones de leyes ambientales”.

Según la comunicación, el comisionado Cruz informa que esas violaciones incluyen “el uso de vehículos de motor en el área de la playa”, además de “constantes eventos de contaminación lumínica, así como acústica (voceteo), lo que afecta la población de tortugas que habitan en el área”.

Advierte, sin embargo, que el acceso vehicular “se limitó de manera temporera” desde el 6 de noviembre, pero “el acceso peatonal continúa ininterrumpido”.

“Las instrucciones de nuestro secretario, Waldemar Quiles, es que el DRNA sea activo en la defensa del medio ambiente, por eso, ante las quejas de miembros de la comunidad de la playa Las Picúas, despachamos una brigada del Cuerpo de Vigilantes para investigar esos reclamos. Durante el proceso investigativo, encontramos que era bastante común que vehículos de motor transitan, no solo hasta la entrada de la playa, sino en la misma arena, lo que provoca daño ambiental”, indicó Cruz en las declaraciones escritas.

“Además, observamos durante la investigación, que se extendió por varias semanas, una clara y evidente contaminación lumínica y acústica, inclusive en altas horas de la noche y la madrugada por parte de personas en carros y guaguas. Todo esto impacta el hábitat de las tortugas Carey de Concha y Peje Blanco y eso no podemos permitirlo”, agrega la comunicación. “Por tal razón, luego de realizar las consultas requeridas, se implementó un sistema de limitación de acceso vehicular al área de la playa Las Picúas. Esto, de forma temporera, en lo que se desarrolla un plan que evite que vuelva a ocurrir esta situación. Dejamos claro que el acceso peatonal no ha sido o será interrumpido de ninguna manera”.

De acuerdo con Cruz, “se violentó el Reglamento Número 6770 del 11 de febrero de 2004 (Reglamento para Regir el Uso, Manejo y Administración de Áreas Recreativas y de Acampar), particularmente su Artículo 4, sección 4.04, por estacionamiento fuera del área demarcada en la reserva, entre otras” disposiciones.

El funcionario también indicó que, desde el mismo día en que se estableció la limitación, el 6 de noviembre, “una brigada del DRNA realizó trabajos de mejoras al acceso de los pescadores a la zona, como parte del esfuerzo para apoyar el sector de la pesca en Puerto Rico”.