Bajas en la natalidad, mayor expectativa de vida y la emigración de un sector joven ha convertido a la sociedad boricua en un país en constante envejecimiento y con su gente de la edad dorada viviendo bajo los niveles de pobreza.

Según los datos del Censo de 2010, la cantidad de personas de la tercera edad, 60 años o más, sumaba unas 780 mil. Para el año 2020, se estima que la cifra llegue a 983 mil.

De los 780 mil, actualmente un 39.6%, vive bajo los niveles de pobreza, según datos de la Encuesta de la Comunidad del Negociado del Censo de 2010. Esos datos también arrojaron que el 84.5% de esa población tiene como único sustento el Seguro Social.

Esta realidad, unida a los altos costos de vida como los aumentos en la gasolina y los servicios de agua y electricidad, han hecho que los ancianos en la Isla vean comprometidos sus ingresos al punto de que muchos estén en peligro de mantener un hogar seguro y adecuado, según la entidad “American Association of Retired Persons” (AARP).

Estos datos fueron discutidos este martes, durante una vista pública sobre la Resolución de la Cámara 250, que ordena a la comisión cameral de Bienestar investigar la situación que enfrentan las personas de edad avanzada que se mantienen por debajo de los niveles de pobreza en Puerto Rico.

En la audiencia coincidieron AARP y la Oficina del Procurador de las Personas Pensionadas y de la Tercera Edad (Oppte), a los efectos de que para ayudar a esta población anciana hay que desarrollar empleos que le provean un sustento para complementar con los ingresos del Seguro Social. La Oppte sugirió un programa de voluntariado.

“Se puede mantener a las personas de edad avanzada integradas en la comunidad promoviendo su participación activa en programas y servicios comunitarios de alta calidad. Esto influye en su autoestima y eficiencia física y a la vez se sienten productivos. Los programas de voluntariado se trabajan por estipendio, lo que significa que no afecta el ingreso del Seguro Social”, manifestó la procuradora de Oppte, Concepción Silva Vergara, por medio de su ayudante especial Meilynn Ramos.

La doctora Diana Rivera, presidenta estatal de AARP, recordó que muchas personas de la tercera edad tienen talentos que pueden ser utilizados para mejorar la calidad de vida del país, pero que lamentablemente, una vez la persona se retira cae en una especie de “rechazo social”.

“En este proceso les invitamos a mirar, no sólo las necesidades que tiene esta población, sino a reconocer sus talentos y experiencia la que pueden aportar para que vivamos en un país donde quepamos todos”, afirmó Rivera.

La secretaria de la Familia, Idalia Colón, recomendó que para “reforzar la investigación” se le pida al Departamento de Salud “datos sobre los gastos que tiene la población de edad avanzada por concepto médico”.

Colón agregó que las instituciones financieras podrían ofrecer estadísticas de cuántas hipotecas tipo “reverse” hay en estos momentos, y que el Departamento de la Vivienda ofrezca los números de cuántas personas de la tercera edad están como inquilinos en caseríos, égidas y el programa federal Plan 8.

A juicio de la Secretaria de la Familia, esta información podría ayudar a desarrollar políticas públicas adecuadas para trabajar con esta población de edad avanzada.