Para aunar los esfuerzos que se realizan en el país para prevenir las manifestaciones de violencia, los departamentos de Salud y de la Familia celebraron ayer la Primera Cumbre Interagencial sobre Violencia en Niños, Adolescentes y Adultos: Un enfoque preventivo y salubrista.

“En Puerto Rico se está haciendo mucho, pero ya es hora de que los esfuerzos no sean fragmentados y todos los sectores se unan por el mismo fin, prevenir la violencia”, indicó la secretaria de Salud, Rosa Pérez Perdomo.

Por su parte, el titular de Familia, Félix Matos, sostuvo que precisamente ese ir aislado por el mismo fin repercute en asuntos como discrepancias estadísticas.

“Una entidad puede tener una cantidad de homicidios y otra lo que nos debe motivar a ponernos de acuerdo y buscar una definición conjunta para llegar a unos consensos”, dijo Matos.

Al final de la cumbre, la secretaria de Salud anunció la creación de un instituto para la prevención y control de la violencia, adscrito a Salud.

Este instituto se concentrará en definir las políticas y las estrategias orientadas para prevenir las lesiones de la violencia a través de sistemas de vigilancia, investigación, prevención, promoción e intervención.

Cabe señalar que las conductas violentas en el país cada vez más cobran vidas a diario.

Estadísticas suministradas por el director del Instituto de Ciencias Forenses, el doctor José Rodríguez Orengo, apuntan que para el 2007 un total de 35 por ciento de personas fallecieron en homicidios; 22 por ciento en accidentes de tránsito, 14 por ciento se suicidó y 29 por ciento murió en circunstancias violentas no precisadas.

Maltrato a la edad dorada

Las personas de la tercera edad son víctimas de maltrato y pocas veces se hacen querellas ante las autoridades para denunciar los abusos, informó ayer la doctora en trabajo social, Francheska Cintrón Bou, en la Primera Cumbre Interagencial sobre Violencia en Niños, Adolescentes y Adultos.

En Puerto Rico la población de personas de la tercera edad representa el 15.38 por ciento del total. Se estima que para el 2025 representará un 23.5 por ciento de la población total de la Isla, según proyecciones de la Junta de Planificación.

"El maltrato en personas viejas se esconde, no se recopila y atiende efectivamente. Querellas reportadas en la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada (Oppea) reflejaron que para el 2007 se dieron 1,789 de querellas por maltrato contra un envejeciente", informó Cintrón Bou.

El perfil de la persona vieja maltratada en Puerto Rico reúne a las mujeres viudas mayores de 75 años, que viven bajo los niveles de pobreza, aisladas, tienen dependencias, limitaciones mentales y físicas.

Los casos reportados perjudican mayormente a mujeres entre los 80 y 84 años y hombres entre 65 y 69 años.

Cintrón Bou recalcó que estos casos no deben reflejar la realidad del maltrato y de la negligencia contra ancianos que ocurre en la Isla ya que son muchos los que permanecen sin reportarse ante las autoridades.

Tristemente, los ancianos sufren comúnmente de explotación financiera, fraude y apropiación ilegal de personas que inclusive pueden ser familiares que se apropian de las tarjetas de cajero automático, tarjetas de crédito del envejeciente o inclusive pudiesen aceptar donaciones económicas en su nombre.

La experta exhortó a la ciudadanía a reportar casos de maltrato contra ancianos en el teléfono de la Oppea, 787 721 6121.

¿Sin crímenes de odio?

¿Cifras? "cero"

La respuesta es sencilla y obedece a una realidad histórica a la que hay que ponerle fin.

El investigador en ciencias sociales José Toro Alfonso informó que en la Policía y en las agencias de gobierno son nulas las estadísticas que se llevan sobre los crímenes de odio.

-¿Usted recomendaría la creación de una unidad especializada de crímenes de odio dentro de la Policía como la hay para violencia doméstica?

-Claro que sí. El secretario de Justicia comienza a hacer pininos... pero todavía no hay un esfuerzo concertado.

El intercambio con el estudioso se dio en el contexto de su presentación "Experiencias de discrimen y violencia de la comunidad GLBT: La homofobia socialmente aceptada", que formó parte de la Cumbre.

Cabe señalar que para la creación de la unidad policiaca de crímenes de odio habría que tomar en cuenta las estadísticas suministradas por Toro Alfonso de un estudio que utilizó una muestra de 1,000 personas pertenecientes a la comunidad GLBT (gay, lésbica. bisexual y transgénero).

En esta investigación, el 30 por ciento de los encuestados había tenido alguna experiencia de discrimen por parte de la Policía, como cuerpo gubernamental.

Nueve por ciento dijo haber tenido experiencias similares con el Departamento de Justicia y ocho por ciento con el Departamento de la Familia.

El 64 por ciento de dicha muestra dijo haber experimentado victimización por insultos y en 32 por ciento de los casos la conducta homofóbica evidente en la sociedad le hizo temer por su vida.

"La homofobia no debe ser algo de estudiarse o consultarse, sencillamente debe haber una política de cero tolerancia", sentenció Toro Alfonso.

Incapacitadas, invisibles

SE estima que el 27 por ciento de la población total femenina en Puerto Rico lo componen mujeres con algún tipo de discapacidad. Éstas son, en muchas ocasiones, víctimas de violencia y tales incidentes no están incluidos en las estadísticas oficiales.

Así introdujo su presentación la doctora en trabajo social de la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR, Carmen Milagros Vélez Vega, en su ponencia en la Cumbre.

"Las mujeres nombradas con impedimentos están ausentes de las recopilaciones de datos y estadísticas con relación al problema de la violencia. No aparecen en campañas educativas dirigidas a la prevención de la violencia contra la mujer. Tampoco son mencionadas en las propuestas de proyectos, reglamentos y procedimientos establecidos a nivel de la política pública con relación a las estrategias de manejo de los problemas de violencia a mujeres", sostuvo Vélez Vega.

Y las formas de violencia que enfrentan estas mujeres son diversas y alarmantes.

Pueden ser explotadas económicamente, privadas de alimentos, de medicación, sobremedicadas. También son víctimas de que se les restrinja la movilidad, se les quite la silla de ruedas, se les esconda el bastón o andador. No se les asea, ni se les lleva al inodoro, se les deja sin ropa, entre otras manifestaciones de violencia.

Según constatado por la investigadora con grupos testimoniales con apoyo de organizaciones como Movimiento para el Alcance de Vida Independiente (MAVI), la realidad de las mujeres incapacitadas urge denunciarse.

"Les hacen expresiones como 'eres una carga para mí', 'los hombres te pueden hacer cualquier cosa", indicó Vélez Vega.