Tiene standing familia de Coquito.

Los familiares, hijos y herederos del presunto narcotraficante de Carolina José “Coquito” López, asesinado en julio de 2006, tienen capacidad para levantar la defensa de que no se lleve a cabo la confiscación de las propiedades incautadas tras la muerte de éste como “terceras partes inocentes”.

La magistrada Camille Vélez Rivé emitió un informe y recomendación al juez Jay García Gregory, a cargo del caso civil de confiscación, en el que concluye que la madre, esposa e hijos de López tienen standing, de acuerdo con la ley que regula esos procedimientos, conocida como Civil Asset Forfeiture Reform Act (Cafra), para establecer sus intereses propietarios.

Vélez Rivé recomendó al juez García Gregory que deniegue la petición del Gobierno, por medio de la fiscal Maritza González, para que se eliminara el reclamo de la familia de López y sus demandas en las que afirma mediante declaración jurada que los hechos que exponen son correctos.

La magistrada hace la salvedad de que la recomendación que hace se limita sólo al derecho de levantar la defensa de si las propiedades de López Rosario están sujetas a confiscación, pero no entra en los méritos que pudieran tener los reclamos de interés propietario.

Las propiedades incautadas-todas en Carolina -incluyen una residencia en la urbanización Lomas Verdes, un apartamento en el Condominio Vizcaya, una residencia en la urbanización Villa Carolina y una casa en la urbanización Villamar de Isla Verde. Además, dos motocicletas Derbi, dos Bombardier Sea Doo (jet ski gigantescos) y dos plantas eléctricas.

El 7 de noviembre de 2006, al enterarse de la incautación de los bienes de López Rosario, los reclamantes Milagros Álvarez Concepción -ex compañera de Coquito- y los hijos de esa relación, los menores Milianed López Álvarez y José Luis López Álvarez radicaron una contestación a la acción civil de confiscación, se indica en el informe. Luego, su viuda Jeanelly Chiclana Barros y la hija de la pareja, la menor Lizdanelli López Chiclana, así como madre de Coquito, Paulina Rosario Cruz, también radicaron demandas individuales.

“Estos reclamantes alegan ser herederos inocentes y que no tienen conocimiento de las alegadas actividades de trasiego de drogas y lavado de dinero que le atribuyen en la acción civil a López Rosario, quien falleció el 28 de julio de 2006, sin haberse obtenido una convicción criminal…”, destaca Vélez Rivé.

Agrega que tras las enmiendas a la Ley de Confiscaciones, en el 2002, el Gobierno está obligado a presentar preponderancia de prueba en el juicio civil para evidenciar que procede la confiscación. Antes de los cambios, sólo se le requería demostrar causa probable.

La madre de Coquito reclama haber recibido de su hijo una planta eléctrica como regalo.

Los menores López Álvarez reclaman interés propietario como herederos, a lo que la fiscal González ripostó que propiedades adquiridas mediante dinero producto del narcotráfico no pueden ser heredadas.

La magistrada sostiene que en esta etapa de arresto no se le puede negar el derecho de levantar sus alegaciones.

Chiclana Barros reclama el derecho a la mitad de los bienes. Ésta tendrá que probar con preponderancia de evidencia que tiene un interés propietario, según la ley de propiedad.

De acuerdo con las autoridades, toda organización criminal dedicada al trasiego de drogas tiene un mismo modus operandi mediante el cual desarrollan toda gama de operaciones para lavar el dinero que generan, producto de la actividad criminal, mezclándolo en actividades lícitas, que es como supuestamente opera la ganga que, según las autoridades, lideraba Coquito.

Sostienen que la operación consiste en inventar compañías- como Blin Blin Music Inc.- y negocios para reportar el dinero como ganancia.